La comarca noroeste solicita la declaración de “zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil” por la ola de calor y el viento

Los ayuntamientos de Puntagorda, Tijarafe y Garafía han aprobado en pleno una declaración institucional en la que se solicita “la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil para la comarca noroeste de La Palma”. Además de solicitar también “a las Administraciones públicas las ayudas y subvenciones que procedan para hacer frente a los daños causados en la agricultura por las altas temperaturas y fuertes vientos, registrados el pasado 17 de agosto”.

“El pasado mes se produjo un fenómeno meteorológico adverso, que combinó fuertes vientos con temperaturas extremadamente altas, tal y cómo se detalla en el informe emitido por el Cabildo Insular de La Palma y donde se recoge, además, los múltiples daños producidos en la agricultura de la comarca, perturbando gravemente las condiciones económicas y, por tanto, de vida de la población de la comarca noroeste”, explican.

“Aunque los cultivos de plataneras se han visto gravemente afectados -con deflecado y deshidratación en las hojas, además se registrase un 30% de pies caídos-, el cultivo más  dañado en la comarca es el del aguacate. Desde la zona de Santo Domingo de Garafía hasta el barranco de Las Angustias, los vientos cálidos y secos han provocado una intensa deshidratación de la masa foliar superior de los árboles, y esas hojas han dejado de ser funcionales, por lo que terminarán cayendo”, dicen. “Tal y como se recoge en el informe, esta situación posiblemente sea la que ocasione el gran daño, dado que al perder gran parte de la masa foliar, se producirá una parálisis en el proceso de llenado y maduración del fruto, lo que hará que una parte de ellos finalmente caigan. No obstante, también ha sido dañado el cultivo de mangos, viñedos, frutales templados y hortalizas”.

Tras la aprobación de esta declaración institucional, se dará traslado al Cabildo Insular de La Palma, al Gobierno central, al Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias y al Cabildo Insular de La Palma para su tramitación.