La Fundación Isonorte recibe una subvención de 65.000 euros para continuar con el Programa Integra

Eduardo Calderón (d) y otros responsables de Isonorte. LUZ RODRÍGUEZ

La Palma Ahora

Santa Cruz de La Palma —

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La Fundación Isonorte ha recibido una subvención de 64.527,43 euros por parte de la Dirección General de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias para continuar desarrollando el Programa Integra que atiende a personas vulnerables, se informa en nota de prensa.

Esta iniciativa, cuya duración está prevista hasta el 28 de febrero de 2021, está destinada a personas vulnerables que se encuentran en alta exclusión, principalmente perceptores y experceptores de la Prestación Canaria de Inserción (PCI). Está integrado por un Servicio Social Especializado, con un equipo multiprofesional, de psicólogos, educadores, trabajadores sociales y monitores, que trabajando de manera coordinada con los técnicos de los ayuntamientos han establecido itinerarios de inserción social con un seguimiento y acompañamientos en los mismos.

Con esta prórroga del programa desarrollado en los municipios de Los Llanos de Aridane, Santa Cruz de La Palma y Tazacorte, se da la oportunidad de llegar también a realizar acciones conjuntamente con el Ayuntamiento de El Paso, que se sumó al proyecto el pasado mes de noviembre.

Los perfiles de las personas usuarias del programa responden a gente con dificultad en la integración en su entorno, con edad media de 44 años. Referente a la normalización laboral, el 79,2% de los adultos tiene una “baja cualificación”, para el 52,7% la edad es un problema para insertarse y el 48,6% tiene “falta de actitudes y aptitudes”.     

En general son personas con escaso nivel educativo, ya que mayoritariamente no completaron la Educación Primaria (30,5%), seguido por quienes tampoco completaron la Educación Secundaria Obligatoria (22,2%) y quienes sí tienen la Primaria (18%). También hay usuarios con otros niveles educativo superior a los anteriores (15,5%). Por último, existe un 1,4% de adultos en situación de analfabetismo.  

Las dificultades económicas son factores que obligan a acogerse a este programa, no pudiendo mantener la vivienda más de la mitad de los usuarios (53,73%), y con dificultades para el pago del alquiler/hipoteca el resto (46,26%). Asumir los gastos de esa vivienda también es un problema con dificultades para cubrir gastos de agua, luz, gas o comunidad el 22,38%.

Existen también problemáticas asociadas a la salud física y mental, y acompañada a situación económica precaria, como son las adicciones y violencia de género. Existencia de brecha digital, bien por el manejo y uso de la TICS como por la inexistencia de dispositivos informáticos.

Sobre el Programa Integra

Este proyecto surge como una iniciativa piloto de la Dirección General de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias en diez zonas concretas de Canarias, en los que se trabaja en el abordaje de los itinerarios personales de inserción. En el caso de la isla de La Palma la realidad de personas de alta vulnerabilidad alcanza a más de 400 perceptores, que, multiplicado por una unidad familiar de cuatro personas, da cobertura a en torno a unas 1.600 personas.

Además, se han añadido al derecho a participar de este programa a familias monoparentales que hubiesen agotado el periodo legal de cobro establecido, han podido reanudar la solicitud y por tanto el derecho a seguir percibiendo la prestación, por lo que se estima en una cifra de 2.000 personas afectas por alta vulnerabilidad en la isla de La Palma.

Eduardo Calderón destaca que en su caso, la Fundación Isonorte desarrolla desde 2018 acompañamientos personales con apoyo psicológico educativo y social, con una formación complementaria que se amplía cada año, y que consiste en diversos talleres vinculados a la alimentación y nutrición, de reparación y conservación de vivienda, de consumo responsable y saludable, de resolución de conflictos, de competencias digitales básicas, economía doméstica en todas sus vertientes o consumo responsable de energía, entre otras, que facilitan y ayudan a mejorar la situación de alta exclusión que padecen las unidades de convivencia con las que se está trabajando, en aras de contribuir a reducir los factores de riesgo que hacen que se encuentren situación de vulnerabilidad.

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