‘No pienso callarme’

El grupo local de Amnistía Internacional (AI) en La Palma ha celebrado este sábado un acto a favor de la libertad de expresión y reunión en España que se desarrolló en la Calle Real de Santa Cruz de La Palma, en el marco de la campaña 'No pienso callarme', que denuncia la utilización, por parte del Estado, de todos los medios a su alcance para limitar el derecho de expresión y reunión pacífica. Los activistas de esta organización no gubernamental instalaron una mesa informativa en la que dieron a conocer la labor que desarrolla AI y recogieron firmas de apoyo a esta iniciativa. La acción contó con el respaldo del director de la Escuela Municipal de Teatro de la capital, Carlos de León, que leyó un manifiesto, y del artista multimedia Paco Guimerá, que realizó dos pancartas en las que incluyó a ciudadanos con la boca sellada por un esparadrapo negro, símbolo de la ausencia de libertad de expresión. Durante la lectura del manifiesto, también los miembros de AI se colocaron el esparadrapo.

El uso excesivo de la fuerza por parte de la policía española y los planes para reforzar una legislación represiva son una clara señal de la determinación del Gobierno español de sofocar las protestas pacíficas, según un informe elaborado por Amnistía Internacional y hecho público el pasado 24 de abril. “El Gobierno español está utilizando toda la fuerza de la ley para asfixiar la protesta pacífica legítima”, ha manifestado Jezerca Tigani, directora adjunta del Programa para Europa y Asia Central.

“La policía ha utilizado repetidamente porras y proyectiles de goma contra manifestantes, en actuaciones que se han saldado con heridas y mutilaciones tanto de manifestantes como de transeúntes. La policía actúa con total impunidad, mientras que los manifestantes pacíficos y los líderes de los movimientos sociales sufren un acoso constante y son estigmatizados, golpeados y, en ocasiones, detenidos para enfrentarse a cargos penales, encarcelamiento y multas”, asegura Tigani.

El informe de Amnistía Internacional, titulado 'España: el derecho a protestar, amenazado' pone de manifiesto “los abusos de la policía contra los manifestantes, la falta de rendición de cuentas por esos abusos y la determinación de las autoridades españolas de reforzar una legislación represiva”.

Desde que la crisis económica y financiera golpeó a España, la pérdida de puestos de trabajo, las medidas de austeridad y lo que se percibe como una falta de transparencia en la toma de decisiones han llevado a miles de personas a salir a la calle a expresar su protesta. En 2012 hubo casi 15.000 manifestaciones en toda España: unas 40 por día. En 2013 se celebraron 4.500 solamente en Madrid: un incremento de un millar respecto al año anterior. Como el propio Gobierno ha reconocido, sólo hubo actos violentos en menos del uno por ciento de las protestas.

Uso excesivo de la fuerza y detenciones

La policía, según el referido informe, “utiliza habitualmente fuerza excesiva para dispersar manifestaciones pacíficas, y ha habido casos de palizas, detenciones, procesamientos y multas contra manifestantes”. Añade que “aunque la policía en ocasiones tiene que hacer uso de la fuerza para mantener el orden público y la seguridad e impedir que se cometan delitos, sus agentes deben cumplir la obligación, contraída por el Estado en virtud del derecho internacional, de garantizar la libertad de reunión. Sin embargo, en España la policía ha hecho uso de fuerza excesiva impunemente”.

Amnistía Internacional ha documentado ese “uso de fuerza excesiva, que incluye la utilización de porras y proyectiles de goma de tal manera que ha causado lesiones injustificadas”.

Tras una manifestación celebrada en Barcelona en 2012, Ester Quintana fue alcanzada por una pelota de goma disparada por la policía, y a consecuencia de ello perdió el ojo izquierdo. Dijo a Amnistía Internacional: “Debido al impacto de la pelota, tengo desviado el tabique nasal, lesiones en la boca y el oído, y he perdido la sensibilidad en la parte izquierda de la cara. Sigo en tratamiento psicológico, mi rutina diaria se ha visto afectada, también la manera en la que me relaciono con la gente, en cómo me ven. Por otra parte, me han denegado todas las ayudas sociales que he solicitado”.

“También ha habido personas que han sido sometidas a malos tratos tras ser detenidas y puestas bajo custodia policial”, sostiene Amnistía Internacional. “Varias personas detenidas en la comisaría de policía de Moratalaz, en Madrid, han descrito el trato violento y humillante que sufrieron. Unos agentes las obligaron a permanecer de pie, de cara a una pared, durante horas”. Igualmente “ha habido periodistas y fotógrafos que cubrían las manifestaciones y que han denunciado haber sido víctimas de violencia policial. La policía les ha dañado las cámaras y el equipo para impedirles documentar dicha violencia”.

Leyes represivas

Según la legislación española, las personas de las que se considere que son las organizadoras o líderes de manifestaciones no autorizadas pueden ser sancionadas con multas de hasta 30.050 euros.

María, que recibió una multa de 1.000 euros por protestar contra los recortes presupuestarios, dijo a Amnistía Internacional: “Quieren acabar con el liderazgo de los movimientos sociales, por eso están buscando a los portavoces. Yo sigo acudiendo a manifestaciones y otras actividades. Me dijeron que pagaríamos la multa solidariamente, pero hay mucho miedo porque la mayoría de la gente no puede hacer frente a las multas”.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha manifestado que la libertad de participar en una reunión pacífica es de una importancia tal que los participantes no deben ser sancionados a menos que cometan un delito.

Otro golpe más al derecho de reunión pacífica son las reformas previstas del Código Penal y de la Ley sobre la Protección de la Seguridad Ciudadana, que introducirán una serie de cargos nuevos imputables a manifestantes y un incremento de las sanciones.

“En lugar de promulgar leyes represivas, el Gobierno y el Parlamento de España deben revisar la legislación, las políticas y las prácticas relativas a las manifestaciones y reuniones públicas para garantizar que son conformes con sus obligaciones internacionales”, ha manifestado Jezerca Tigani.

“Las autoridades españolas están avanzando en la dirección errónea. Al restringir aún más el derecho a la libertad de expresión y reunión, sólo conseguirán ampliar la brecha entre quienes ocupan el poder y la población española. El descontento público no se puede acallar mediante la represión”, concluye Tigani.