El presidente de la Plataforma Agraria Libre de Canarias  (Palca), Amable del Corral, ha presentado un escrito ante el Cabildo de La Palma donde pide que, antes del 5 de marzo, convoque un pleno extraordinario y urgente para debatir y acordar una moción institucional instando al Gobierno de España a que transfiera a Canarias los ocho millones de euros para subvencionar el agua de riesgo agrícola en la Islas  correspondientes a 2018.

 

 En el escrito expone que “el 30 de marzo de 2015, en la última reunión de los representantes de los sectores económicos y sociales de Canarias con el presidente del Gobierno y los consejeros económicos, a fin de cerrar los flecos del texto de los aspectos económicos del REF  (Régimen Económico y Fiscal) a enviar al Parlamento de Canarias para su tramitación, Palca hizo la propuesta de incluir en el artículo 14bis. Precio del Agua, la siguiente frase: ‘… así como los precios del agua de consumo agrario fruto de la extracción y elevación de pozos y galerías y la desalación para riego agrícola’. 

Añade que “después de tres años de seguimiento de la tramitación de la ley del REF por esta Organización, con apariciones y desapariciones de la citada frase del texto, se consigue, con la ayuda de Nueva Canarias y Coalición Canaria, introducir una enmienda en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2017 donde figura una partida de seis millones de euros para compensar el precio del agua de consumo agrario, la cual transfiere el Ministerio de Industria, Energía y Nuevas Tecnologías al Gobierno de Canarias, en enero de 2018, para eficiencia energética. Cantidad que gestiona la Consejería de Agricultura, la cual está finalizando en estos momentos la tramitación de la ayuda para hacerla efectiva entre aquellas comunidades de agua solicitantes, y éstas la trasladen a los consumidores de la misma, como subvención finalista a los regantes”. 

Apunta que “de nuevo, a través de una enmienda de Nueva Canarias y Coalición Canaria, se logra fijar en los PGE de 2018 una partida de ocho millones de euros para la misma finalidad y, posteriormente, se alcanza anclarla definitivamente en el referido artículo 14bis del REF, para el año 2019”. 

Subraya que “como quiera que al día de la fecha la partida de ocho millones de euros, correspondiente al 2018, no ha sido transferida a Canarias por el Ministerio para la Transición Ecológica (competente en la materia), incumpliendo así con la ley de PGE 2018, y tampoco figuraba en el proyecto de PGE 2019 presentado en el Congreso de los Diputados por el gobierno de Pedro Sánchez, nuestra preocupación ha ido en aumento”. 

Señala que “la delegada del Gobierno en Canarias se comprometió a que la partida llegaría a las islas en cuestión de semanas. Posteriormente, el ministro de Agricultura en la reunión mantenida con las organizaciones profesionales agrarias de ámbito regional, en Las Palmas de Gran Canaria, el pasado 18 de los corriente, nos comentó que dada la preocupación existente por este asunto iba a hacer unas gestiones. Al día siguiente, la  ministra para la Transición Ecológica, en sede parlamentaria (Senado), respondiendo una pregunta de la senadora de Nueva Canarias, le contesta no poder hacer nada por problemas técnico-jurídicos y contravenir la legislación europea y, unas horas más tarde, cambia de opinión y llama al consejero de Agricultura para comunicarle que en tres semanas el asunto estaría resuelto”. 

Agrega que “Palca, que con el apoyo de ASAJA Las Palmas y las formaciones políticas de Nueva Canarias y Coalición Canaria ha trabajado con ahínco para sacar adelante esta ayuda, ante tal cúmulo de contradicciones se pregunta: ¿qué ha cambiado para poder transferir la partida de seis millones de euros del año 2017 y no la de ocho millones de euros de 2018, cuando las condiciones son las mismas?”

“Por todo expuesto”, concluye, y por estar cada día más cercana la disolución de las Cortes Generales“ solicita la referida moción institucional del Cabildo ”por el bien del sector agrario canario“. 

También plantea la repetida  petición al “estar prorrogados los PGE de 2018 y ser un derecho que nos ha costado mucho trabajo conseguir”, así como por “nuestra condición ultraperiférica, con las consecuencias que conlleva; el gran diferencial del precio de nuestra agua respecto a la del territorio península; la alarma existente en el sector agrario canario ante la posible pérdida de esta partida y, de no poner remedio, también la correspondiente a 2019; y porque el PGE  es una ley y las leyes están para cumplirlas”. Palca, asegura, “con los apoyos mencionados, no se va a rendir sin dar antes la batalla”.