El Supremo deja al Complejo Ambiental de Los Morenos en precario y sin cobertura legal
La reciente sentencia del Tribunal Supremo (TS) que anula la autorización ambiental integrada del Complejo de Tratamiento de Residuos de Los Morenos en el municipio de Mazo, da lugar a una situación insólita: en estos momentos las instalaciones funcionan “en precario” y sin cobertura legal, según los expertos consultados.
El Supremo considera que el estudio de impacto ambiental redactado en su momento por el Cabildo era obsoleto y no cumplió con los principios para garantizar la participación ciudadana. Por ello, obliga a que se redacte uno nuevo teniendo en cuenta el estado actual del complejo y sus efectos sobre el entorno. Una prueba de la ineficacia de aquel estudio es que en su momento, la construcción del Complejo dio lugar a la desaparición de una planta endémica.
Los expertos consultados consideran que la sentencia no sólo es contundente en su contenido, al criticar abiertamente la forma de gestionar este asunto por parte de la primera institución insular, sino en sus consecuencias. La principal de ellas es que todo el proceso administrativo para conseguir la autorización ambiental integrada se sitúa en la casilla cero.
Este permiso es un requisito indispensable para permitir el funcionamiento de industrias con una potencial capacidad contaminadora y de incidir negativamente en el medio. Instalaciones como la Refinería de Santa Cruz y la estación eléctrica de Las Caletillas en Candelaria están obligadas a contar con la autorización de forma ineludible.
No obstante, las fuentes consultadas indican que no queda otro camino que legalizar el Complejo Ambiental dado que en estos momentos no existe otra alternativa a medio plazo para tratar las 34.000 toneladas de residuos que anualmente genera La Palma. Por ello, a partir de estos momentos la hoja de ruta debe pasar por elaborar un estudio de impacto ambiental actualizado y a continuación se tendrá que otorgar la autorización ambiental, eso sí, cumpliendo con todos los condicionantes exigibles. “En estos momentos cerrar Los Morenos es imposible, inviable y supondría una catástrofe medioambiental”, indican los expertos.
Un problema añadido, y no menor, es que el Plan General de Ordenación (PGO) de Mazo se encuentra en la actualidad anulado y por lo tanto está en vigor el anterior en el que no se contemplaban estas instalaciones.
Otra cosa distinta, indican las fuentes consultadas, son las consecuencias que pueda traer consigo el anuncio hecho público por los vecinos que han actuado como denunciantes en este proceso de acudir a la vía penal. El objetivo es exigir responsabilidades a los gestores públicos que durante los últimos 16 años han estado involucrados en la construcción de Los Morenos. En su momento una delegación de la Unión Europea (UE) se desplazó a la Isla para atender las denuncias de la Asociación de Vecinos Montaña de Azufre. Sin embargo, nunca más se tuvo conocimiento de las consecuencias de aquella visita.
Durante las últimas fechas responsables del Cabildo como el presidente, Anselmo Pestana, no han escondido su preocupación por el contenido del fallo judicial que ratifica otro anterior del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). El presidente ha apuntado la necesidad de encontrar una alternativa a la insólita situación actual.
