El Tribunal Constitucional admite a trámite el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de las Islas Verdes
El pleno del Tribunal Constitucional ha acordado, en una providencia del pasado 31 de enero, admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por más de 50 diputados del grupo parlamentario Unidos Podemos – En Comú Podem – En Marea, contra los artículos 3 y 4 y disposiciones adicionales primera, segunda y tercera de la Ley 2/2016, de 27 de septiembre, para la modificación de la Ley 6/2002, de 12 de junio, sobre medidas de ordenación territorial de la actividad turística de La Palma, La Gomera y El Hierro.
La Ley de las Islas Verdes, como también se conoce a esta normativa, fue impulsada por el Cabildo de La Palma y aprobada en el Parlamento de Canarias con los votos a favor de CC, PSOE y PP y el rechazo de Nueva Canarias y Podemos, que han emprendido una campaña para evitar su aplicación.
La resolución del Tribunal Constitucional, a la que ha tenido acceso Efe, fue notificada ayer y ahora el Congreso y el Senado así como el Gobierno de Canarias y el Parlamento regional tienen un plazo de quince días para personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimen conveniente.
El recurso contra la ley que modifica la ley de ordenación territorial de la actividad turística de El Hierro, La Gomera y La Palma fue presentada por 50 diputados del grupo Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y en él se argumenta que en los artículos 3 y 4 y en las disposiciones adicionales primera, segunda y tercera se incumplen preceptos constitucionales.
En un comunicado, Podemos valora la resolución judicial y la diputada Carmen Valido indica que desde un principio su formación advirtió que la normativa podría vulnerar la ley así como generar graves daños para el territorio y medioambiente de Canarias.
“La admisión a trámite del Tribunal Constitucional es un paso importante en la dirección correcta, que para nosotros no es otra que la defensa del patrimonio de esta tierra” indica Valido en el comunicado.
Podemos recuerda en la nota que el Tribunal Constitucional también ha admitido a trámite del recurso de amparo que los siete diputados canarios presentaron el pasado mes de septiembre contra esa misma normativa, al entender que se habían vulnerado sus derechos como cargos públicos durante su tramitación.
Podemos consideraba, y así se argumentó en el recurso, que “tal y como recoge el artículo 23 de la Constitución los diputados no pudieron debatir en condiciones de igualdad la tramitación de dicha ley, al negarles la posibilidad de participar en ponencia y comisión”.
