Cuando informar se convierte en un peligro

Hace un año, una revista española de Derecho Internacional me solicitó investigar la muerte de periodistas en Gaza y la posible responsabilidad internacional de Israel. Como lector de periódicos, siempre me ha atraído el periodismo. Quizá por eso intento, desde mi ámbito académico, participar en él en la medida de lo posible. Esta reflexión procede, en parte, de aquel artículo académico y, en parte, de algo que observo desde hace tiempo y que numerosas organizaciones internacionales vienen poniendo de relieve: el periodismo es hoy una profesión peligrosamente expuesta.

Pero ¿quién es periodista? Cada vez me convence más una noción funcional: periodista es quien busca, contrasta y difunde información de interés público, con independencia de una acreditación o de su pertenencia formal a un medio. Las nuevas formas de comunicación han desdibujado las viejas fronteras de la profesión, pero no su función esencial: averiguar qué ocurre y contarlo. En Gaza, demasiados han muerto precisamente mientras cumplían esa función.

Hay profesiones que entrañan riesgos y otras en las que el riesgo comienza precisamente cuando se hacen bien. El periodista puede ser perseguido no porque haya incumplido su función, sino porque la ha cumplido: ha visto, ha preguntado, ha investigado y, finalmente, ha contado.

Gaza constituye su manifestación más extrema. Cuando comencé aquella investigación, la cifra de periodistas muertos ya resultaba estremecedora. Mientras escribía, siguió aumentando. A 30 de agosto de 2026, el Comité para la Protección de los Periodistas contabilizaba 263 periodistas y trabajadores de medios muertos desde el 7 de octubre de 2023, además de 174 heridos y 114 encarcelados por Israel. Las cifras, sin embargo, corren el riesgo de producir un extraño efecto moral: cuando los muertos son demasiados, dejan de tener nombre y comienzan a convertirse en estadística.

Pero el problema de Gaza no se limita a los muertos. Se han documentado detenciones, destrucción de instalaciones y de equipos, restricciones a la prensa extranjera y cortes de comunicaciones. Consideradas conjuntamente, todas estas actuaciones dificultan la obtención, contrastación, conservación y transmisión de información independiente. El periodista palestino se ha convertido así demasiadas veces en testigo y víctima de aquello que estaba destinado a contar, y en el único que informa, porque la prensa internacional tiene prohibido o severamente restringido el acceso a la Franja.

El Derecho Internacional es claro en lo esencial: los periodistas son civiles mientras no participen directamente en las hostilidades. No dejan de serlo porque sus informaciones incomoden, porque adopten una determinada posición editorial o porque aquello que publiquen perjudique políticamente a una de las partes. Muchas pruebas utilizadas por tribunales internacionales de naturaleza penal proceden del trabajo de periodistas; es decir, para mí también son una fuente de prueba en el ámbito de los crímenes internacionales. Sudáfrica, de hecho, hizo referencia a su función de documentación al solicitar medidas provisionales en su contencioso contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia. La cuestión verdaderamente inquietante comienza después: ¿qué significa que tengamos normas suficientes para proteger a quien informa y que, pese a ellas, informar pueda conducir reiteradamente a la muerte?

Sería tranquilizador pensar que Gaza constituye una excepción derivada de la guerra. No es así.

En la Amazonía, el enemigo puede no llevar uniforme. Puede ser la minería ilegal, el narcotráfico o los intereses económicos vinculados a la explotación de la tierra. El asesinato del periodista británico Dom Phillips, junto al indigenista Bruno Pereira, permanece como símbolo de ese periodismo que se interna en un territorio para averiguar qué ocurre y descubre que hay intereses dispuestos a impedir, mediante la violencia, que determinadas realidades sean conocidas.

México ofrece otra versión de la misma historia. Informar sobre corrupción, crimen organizado o las relaciones entre ambos puede significar recibir amenazas, desaparecer o morir. Los secuestros y asesinatos de periodistas vuelven una y otra vez a recordarnos que la impunidad no es solo lo que sucede después del crimen. También es lo que prepara el siguiente.

Y no hace falta viajar a una guerra, a la selva amazónica ni a México. Estos días, en Ceuta, periodistas españoles que cubren la crisis migratoria —aunque la cuestión no se agota en esos términos— han recibido golpes, insultos y amenazas. Naturalmente, sería absurdo equiparar Ceuta con Gaza o con México. La gravedad es incomparable; pero el mecanismo merece atención: primero se desacredita al periodista; después se le convierte en parte del conflicto; finalmente, se considera legítimo intimidarlo porque ya no se le percibe como alguien que cuenta los hechos, sino como un enemigo.

Esto no exige idealizar el periodismo. Hay periodistas y periodistas: los hay rigurosos y negligentes, independientes y complacientes. Y el periodismo también tiene responsabilidades. En España, nuestra Constitución protege la información veraz, pero esa protección exige al periodista diligencia, contraste de fuentes y una actitud responsable ante los hechos. La libertad de información no ampara el rumor ni la invención, pero tampoco sus errores se combaten convirtiendo al informador en enemigo. La crítica se responde con crítica; la información, con información. Nunca con violencia.

Ahí reside una de las amenazas de nuestro tiempo. Hemos pasado de discutir las noticias a discutir el derecho mismo de alguien a contarlas. Y cuando el periodista se transforma en enemigo, la cámara puede convertirse simbólicamente en un arma, la pregunta en una provocación y la discrepancia en traición.

También conviene desconfiar de la aparente neutralidad de la frase “atengámonos a los hechos”. Los hechos son imprescindibles, pero nunca llegan solos. Alguien los selecciona, los ordena, decide cuáles merecen ser vistos y cuáles permanecen fuera de campo. En ocasiones, la apelación abstracta a los hechos puede esconder otra exigencia menos inocente: aceptar como realidad la versión de quien tiene mayor capacidad para imponerla.

Por eso proteger a los periodistas no significa conceder privilegios a una profesión. El periodista no merece vivir porque sea periodista: merece vivir porque es persona. Pero necesitamos que pueda hacer su trabajo porque cuando desaparece quien pregunta, quien fotografía, quien contrasta y quien cuenta, no desaparece solamente una voz. Desaparece un testigo.

Y cuando una sociedad se queda sin testigos, el poder adquiere el más peligroso de sus privilegios: no ya hacer lo que quiera, sino decidir después qué ocurrió.