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El Gobierno canario estudia bajar los impuestos

Martín Marrero afima que, de ninguna manera, se cruzará "la línea roja" de comprometer la financiación de los servicios públicos básicos

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Canarias dice que no cederá "ni un centimetro" en la controversia con el Estado por las prospecciones

Martín Marrero, portavoz del Gobierno de Canarias.

El Gobierno canario está abierto a estudiar una bajada de impuestos en la comunidad autónoma siempre que eso no afecte al mantenimiento de los servicios públicos esenciales y que se respete el principio de que pague más el que más tiene, según ha anunciado su portavoz, Martín Marrero.

El viceconsejero y portavoz ha explicado, en rueda de prensa, que el Ejecutivo canario no descarta bajar impuestos, pero sin "cruzar la línea roja" de comprometer la financiación de los servicios públicos básicos que presta la comunidad autónoma.

Además, ha recordado que el Consejo de Ministros ha rebajado del 1,0 % al 0,7 % el techo de déficit que autoriza para 2015 a las autonomías, lo que en el caso de Canarias se traduce en una reducción de los recursos disponibles de 120 millones de euros.

Dentro del mismo trabajo de preparación de los presupuestos, ha añadido, el Gobierno también cuenta con que los fondos que recibe del sistema de financiación autonómica bajarán en 30 millones.

En el plano positivo, el Gobierno canario confía en que la mejoría en la marcha de la economía regional que muestran las cifras de los últimos trimestre se traduzcan en mayores ingresos fiscales.

Todos esos ingredientes y otro más, el de la repercusión sobre las comunidades autónomas de la rebaja del IRPF anunciada por el Estado, se manejarán en los próximos meses para determinar cuál es el volumen de gasto que el Gobierno canario puede gestionar en 2015.

Sin embargo, Marrero ha recalcado que, como el propio presidente, Paulino Rivero, dijo esta semana en el Parlamento, la reforma fiscal en Canarias se guiará por el principio de la progresividad, de que "pague más el que más tiene", a diferencia de la rebaja fiscal "para todos por igual" que plantea el PP en la Administración central.

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