Canarias acusa a la Delegación del Gobierno de infringir la norma al exigirle que asuma sus obligaciones con los menores

La Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias ha señalado este lunes a través de un comunicado que la decisión de la Delegación del Gobierno en el archipiélago para que la Policía Canaria asuma los traslados de menores con medidas judiciales desde el 1 de febrero “infringe” los mecanismos legales de cooperación entre administraciones.

La Delegación del Gobierno de Canarias notificó por carta al Gobierno regional el pasado 21 de enero que el Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC) deberá asumir en exclusiva las competencias en el traslado de menores con medidas judiciales con fecha 1 de febrero, algo que desde la Consejería se ha tachado de “acto unilateral”. “Hemos sido muy pacientes (..) Han pasado casi dos años y han ido dando largas a la Guardia Civil y a la Policía Nacional”, argumentó el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, a la consejera de Seguridad del Ejecutivo regional, Nieves Lady Barreto. Y recordó que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han venido ejerciendo buena parte de esas funciones en los últimos años a la espera de que la Policía Canaria se dotara de recursos suficientes para poder hacerlo.

Sin embargo, llegado el mometo de asumir las competencias, el Gobierno canario ha respondido este lunes que esta decisión “causa una vulneración” del marco legal vigente, ya que apuntó que la “decisión unilateral tomada por esa Delegación del Gobierno contraviene el ordenamiento jurídico que regula” las relaciones, y “suplanta el órgano competente para establecer el mecanismo de cooperación, que es la Junta de Seguridad de Canarias”.

“La Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad no puede compartir el acuerdo unilateral de cese de los traslados de menores por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FSCE) a partir del 1 de febrero por infringir las leyes orgánicas de aplicación, por no haber sido sometido y acordado en la Junta de Seguridad competente y contravenir los previos acuerdos de dicha Junta de Seguridad en 2019, así como por no darse las condiciones fácticas para que el CGPC pueda realizarlos”, recoge el comunicado.

Asimismo se refiere a la Junta de Seguridad de Canarias celebrada en 2019 cuando la entonces titular de la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, Nieves Lady Barreto, expuso la “voluntad y compromiso del CGPC para asumir el traslado de menores una vez disponga de recursos humanos suficientes” atendiendo a los acuerdos alcanzados en junta de seguridad, “si bien vinculada a la disponibilidad de recursos humanos suficientes” (apartado 4 del acta).

En dicha acta, apuntan, “consta que la Delegación del Gobierno impulsaría un Grupo de Trabajo, que no se ha constituido”.

Además en la respuesta enviada a la Delegación del Gobierno en Canarias se explica también que, desde la celebración de esa Junta, la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias liderada por Julio Pérez (entre 2019 y 2023) “no avanzó ni en el incremento de efectivos ni de competencias del CGPC, por lo que se puede entender que sea en este momento cuando se trate de impulsar el compromiso de 2019”.

También desde la Consejería canaria de Seguridad indican que se pretende “ejecutar aquel acuerdo ignorando sus términos esenciales”, lo que “supone vulnerar la propia base de lo pactado”.

Actualmente ha asegurado que “son hechos objetivos y contrastados que dicha condición de suficiencia de recursos no se cumple”, así como que a la reunión de 28 de noviembre de 2023 “no” asistió la consejera Nieves Lady Barreto, ni que en la misma “se acordara que marzo de 2024 sería la fecha en la que se haría efectivo el compromiso”.

Asimismo se considera que desde la Delegación del Gobierno se “ha ignorado a la hora de tomar esta decisión lo acordado por unanimidad en la Comisión Provincial de Coordinación de Policía Judicial de Santa Cruz de Tenerife celebrada el 16 de octubre de 2025, con el voto favorable de la propia Subdelegación del Gobierno de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife”.

En dicho encuentro, en su apartado 6 sobre el traslado de menores, se exponen las posturas y planteamientos de los representantes de los CFSE y del CGPC y a continuación la petición del fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife que “aboga que se trate dicha circunstancia en la Junta de Seguridad de la Comunidad Autónoma”.

Además a renglón seguido se recoge que, a instancia unánime de los miembros de la Comisión, la Subdelegación del Gobierno “se compromete a impulsar la constitución de un Grupo de Trabajo con carácter urgente” para “paliar la situación actual” y trasladar al delegado del Gobierno la oportunidad de convocar la Junta de Seguridad de la Comunidad Autónoma.

Sin embargo, subrayan que “es evidente” que el delegado del Gobierno “obvia” este acuerdo, ya que “ni ha convocado la Junta de Seguridad Canarias, órgano competente, ni ha autorizado” al subdelegado del Gobierno a constituir el grupo de trabajo acordado.

Por todo ello, el Gobierno de Canarias insta a la Delegación “a dejar sin efecto su acuerdo de 21 de enero”, instruyendo a las FCSE para que mantengan la prestación del servicio en los términos actuales de colaboración, reiterando también que cualquier modificación de lo convenido con impacto estructural, funcional y operativo para la Policía Autonómica Canaria “debe ser consecuencia del análisis del Grupo de Trabajo técnico acordado y validada posteriormente en la Junta de Seguridad de Canaria”.

Finalmente apuntan que en la carta de respuesta se solicita que, conforme a lo dispuesto en nuestro ordenamiento jurídico atendiendo al bien superior de los menores, se abstenga de actuar omitiendo sus obligaciones y acuerde continuar con el traslado de los menores por las FCSE y se informa que se da traslado de esta respuesta a las plazas judiciales con competencias en materia de menores a través presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y a las Fiscalías de Menores, a través de la fiscal superior de Canarias, acompañando el oficio del delegado del Gobierno de 21 de enero de 2026 del que trae causa este escrito, así como de las actas referidas, para su mejor conocimiento.

“Hemos sido muy pacientes”

El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, ha insistido este viernes que ya en 2019, durante la celebración de una Junta de Seguridad, se planteó que la Policía Autonómica asumiera esas funciones que le son propias, pero que en aquel momento el Gobierno regional pidió más tiempo para poder incorporar más efectivos. 

En noviembre de 2023, añadió, se celebró otro encuentro “con la actual consejera Nieves Lady Barreto” y altos cargos de los distintos cuerpos policiales. “Ahí acordamos que en torno al mes de marzo (de 2024) asumirían esa competencia, porque tendrían ya más efectivos. En ese momento no pudo ser, porque se habían retrasado algunas incorporaciones, pero es que han pasado prácticamente dos años desde entonces y se han ido dando largas a los profesionales, a los jefes de los operativos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional”, ha remarcado Pestana. 

El delegado del Gobierno en Canarias ha remarcado que las competencias en materia de menores con medidas judiciales es de la comunidad autónoma, que tiene “una policía para realizar esos traslados”. Además, ha precisado que, en caso de que así lo requiera la Policía Canaria, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado pueden colaborar de forma excepcional en estas funciones, previo análisis de la Delegación.