Canarias prevé sacar al mercado este año 400 viviendas privadas en alquiler para familias vulnerables
El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, ha avanzado este miércoles en el Pleno del Parlamento que el Ejecutivo sacará este año al mercado 400 viviendas privadas para familias vulnerables a través del programa de bolsa de viviendas vacías.
En una comparecencia solicitada por Nueva Canarias (NC), ha apuntado que el Ejecutivo seguirá el ejemplo de otras comunidades como el País Vasco, dando garantías a los propietarios con un seguro multirriesgo y asegurando el pago de las rentas, con precios medios que rondarán los 450 euros.
Ha dicho que aumentar la oferta de viviendas es un “objetivo prioritario” del Gobierno y para ello destina este año cuatro millones de euros, dos para incentivar el alquiler y otros dos para la rehabilitación.
Un problema “histórico”
El consejero ha comentado que el acceso a la vivienda es un “problema histórico” en Canarias por la falta de prioridad de los gobiernos anteriores y además es una demanda de los constructores ante la “parálisis” del sector.
Franquis ha apuntado también que la próxima semana, si no hay más retrasos en las negociaciones con los grupos de gobierno, se firmará el pacto por la vivienda como paso previo para aprobar el nuevo plan de vivienda de Canarias.
Carmen Hernández, de Nueva Canarias (NC), ha dicho que la vivienda no debe ser objeto de “refriegas políticas” y en ese sentido, ha resaltado el pacto por la vivienda es una buena fórmula para tratar de alcanzar un consenso entre todas las fuerzas políticas.
Ha dicho que hay que “crear un mapa” sobre las viviendas vacías y el perfil de los demandantes, comprando viviendas o firmando acuerdos con los propietarios “sin dañar los derechos de nadie”, advirtiendo de los riesgos de “deslocalizar” a la población con la construcción de casas en zonas de baja demanda.
Además, ha propuesto acudir al BEI o el ICO para obtener financiación y fijar “cupos” para garantizar que toda la población tiene acceso a las viviendas, más de 138.000 vacías en el archipiélago.
Vidina Espino (Cs) ha dicho que es “preocupante” que el Gobierno quiera establecer un “conflicto moral” con la propiedad privada porque parece que hay “familias malas” que tienen más de una vivienda y otras que no tienen ninguna.
Ha lamentado que se quieran fijar los precios, expropiar inmuebles o prohibir las viviendas turísticas y en ese sentido, ha comentado que el objetivo prioritario del Gobierno debe ser la construcción de viviendas públicas tras una década de retraso.
Jesús Ramos (ASG) ha pedido poner en marcha “cuanto antes” la bolsa de vivienda vacía para satisfacer las necesidades de las familias que no tienen acceso al mercado, al tiempo que ha pedido “revisar” y simplificar las bases de las convocatorias para dar garantías a los demandantes.
Ha dicho que los datos de vivienda en las islas están “desactualizados” y espera que se utilicen “nuevas ideas” para gestionar mejor el acceso a la vivienda.
Manuel Marrero, portavoz de Sí Podemos, ha comentado que grandes capitales ya están regulando los precios de los alquileres para garantizar el derecho de acceso a la vivienda y reivindica la optimización de Visocan y el Instituto Canario de la Vivienda para afrontar el problema.
Ha expuesto la necesidad de crear una comisión de estudio en el Parlamento y valorado la puesta en marcha de una oficina de vivienda vacía pues hay 17.000 demandantes en Canarias y cada día se producen dos desahucios.
El pacto no es un “cheque en blanco”, según el PP
Manuel Domínguez, presidente del Grupo Popular, ha apuntado que hay que “iniciar” una política de vivienda en Canarias y “mirar hacia adelante”, y eso pasa por permitir el acceso a una vivienda digna, con precios asequibles y dando garantías a los propietarios.
Ha advertido a Franquis de que el pacto de la vivienda “no es un cheque en blanco” y su grupo quiere hacer aportaciones, subrayando que descarta la figura del “gran tenedor”, una “aberración” que afecta a los propietarios de cuatro viviendas como mínimo.
Socorro Beato, del Grupo Nacionalista, ha negado que la construcción de vivienda pública esté paralizada desde 2009 e indicó que el proyecto de bolsa de vivienda vacía se inició con el plan de vivienda de 2002 y orientado a los jóvenes.
Jorge González, del Grupo Socialista, ha criticado la gestión que deja CC tras su paso por el Gobierno y frente a ello, reivindicó la apuesta del actual Ejecutivo por sacar nuevas viviendas al mercado dando garantías a los propietarios.
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