Los grupos ultracatólicos aprovechan el desmantelamiento de la ayuda exterior de Trump para extender su agenda radical

Una de las primeras medidas de la presidencia de Donald Trump fue anunciar despidos y recortes en la agencia del Gobierno de Estados Unidos que gestiona la cooperación internacional y la ayuda humanitaria y al desarrollo en países de todo el mundo (USAID). La medida, anunciada poco después de su llegada a la Casa Blanca, causó conmoción en todo el mundo. Muchas clínicas de salud cerraron inmediatamente, dejando a millones de personas sin acceso a medicamentos e instalaciones de importancia vital, con consecuencias potencialmente mortales, especialmente para los pacientes con VIH, niños y adolescentes, y mujeres.

Para muchos, la posterior supresión del 83% de los programas de USAID pareció puro nihilismo, orquestado por ideólogos que querían acabar con la agencia. Pero tras esta destrucción había una visión a largo plazo, según alertan los expertos. El desmantelamiento de USAID ha allanado el camino para la siguiente fase de un plan para transformar el panorama mundial de la salud, según afirman los defensores de la justicia reproductiva.

“Los primeros nueve meses [de la presidencia de DonaldTrump] se deben interpretar como la primera ronda”, afirmó Beth Schlachter, directora de relaciones exteriores de Estados Unidos en MSI Reproductive Choices -una organización internacional de salud que defiende y presta servicios de salud sexual y reproductiva- ante los delegados de la reciente Conferencia Internacional sobre Planificación Familiar (ICFP) celebrada en Bogotá, (Colombia). “Ahora que han desmantelado el sistema de ayuda exterior estadounidense, el siguiente paso es reconstruirlo y ocupar ese vacío”, añadió.

La clave para “llenar este vacío” son los nuevos acuerdos bilaterales de ayuda que Estados Unidos está negociando con los gobiernos. Según Schlachter, es casi seguro que estos acuerdos incluirán condiciones que dificultarán a las organizaciones la prestación de servicios de planificación familiar. Schlachter no es la única experta que advierte a los gobiernos y a las ONG que estén muy alerta ante los intentos de Estados Unidos y de las organizaciones cristianas ultraconservadoras de socavar los avances en materia de salud sexual y reproductiva.

The Guardian ha hablado con líderes de organizaciones de justicia reproductiva sobre lo que se avecina, para entender el efecto que estos planes podrían tener en las mujeres y las niñas de todo el mundo.

El plan antiabortista 'Protego'

En octubre, el Instituto para la Salud de la Mujer (IWH) de Washington DC (un think tank conservador que promueve una agenda contraria al aborto y a los derechos sexuales y reproductivos en el ámbito de la política internacional) celebró el quinto aniversario de la Declaración de Consenso de Ginebra (GCD). Se trata de un manifiesto firmado en 2020, durante la primera administración Trump, que sostiene que “no existe un derecho internacional al aborto, ni ninguna obligación internacional por parte de los Estados de financiar o facilitar el aborto”.

La declaración fue inmediatamente condenada por los gobiernos más progresistas y las organizaciones de derechos humanos. Amnistía Internacional ha señalado que la GCD pone en peligro vidas, va en contra de los derechos humanos y de décadas de investigación en materia de salud.

Durante el evento, Hungría, uno de los países que ha impulsado la GCD desde sus inicios, dio la bienvenida a Guinea como último signatario. Con este país africano, el número total de Estados firmantes asciende a 40, la mitad de ellos en África. Valerie Huber, presidenta del Instituto para la Salud de la Mujer y artífice del GCD, afirmó que el objetivo es llegar a 80 países en los próximos tres años. Su objetivo es crear “una fuerza invencible para la salud de las mujeres, las familias fuertes y la soberanía nacional que ninguna presión internacional pueda quebrantar”, según sus palabras.

Huber lidera los esfuerzos para convertir las bases de la GCD en políticas activas de los países socios a través de su proyecto Protego, una estrategia que ha alarmado a muchos expertos y activistas. “Cualquier política basada en la GCD tiene un impacto catastrófico para la autonomía corporal y los derechos reproductivos. Todos deberíamos estar preocupados y atentos a las acciones que se están impulsando desde Estados Unidos”, alerta Jamie Vernaelde, investigador principal de la ONG de justicia reproductiva Ipas.

En declaraciones a The Guardian, Huber rechaza la idea de que la GCD represente una amenaza para la salud de las mujeres. “Los objetivos reales declarados de la GCD incluyen la reducción de la mortalidad materna, la mejora de los resultados de salud a lo largo de toda la vida y la promoción de la cobertura sanitaria para todos. Las afirmaciones de que 'pone en peligro vidas' contradicen el propio documento”, defiende la líder del grupo antiabortista.

Los objetivos del proyecto Protego se describen en una guía de 62 páginas titulada 'Marco para la salud óptima de las mujeres'. Vernaelde señala que el documento contiene “un lenguaje que reivindica el valor de las mujeres y las niñas”, pero con “pocas recomendaciones específicas”. La estrategia, añade, va en contra de las políticas de salud pública basadas en la ciencia y “apenas menciona ningún método anticonceptivo moderno, excluyendo a las comunidades marginadas, como las personas con VIH, las personas que consumen drogas, las trabajadoras sexuales y las minorías sexuales y de género”. El investigador añade que, además, “no se hace ninguna mención al acceso de los adolescentes a una educación sexual integral; se da prioridad a los derechos de los padres sobre los derechos de los niños”.

“Está tratando de suplantar los marcos [de derechos humanos] existentes”, lamenta. En este sentido, Huber ha negado que no se concreten los detalles y que el proyecto intentara sustituir el consenso existente en materia de derechos humanos. “El marco contiene más de 1.000 citas y proporciona información exhaustiva y basada en pruebas... y ofrece a los países alternativas basadas en la investigación que se ajustan a sus valores culturales y su soberanía”, afirma.

El marco no menciona el aborto, salvo para decir que no es una forma de anticoncepción, pero asegura que es “coherente con los pilares fundamentales de la GCD”. Huber ha hablado públicamente sobre el potencial del proyecto para apoyar a los países en su defensa contra los donantes que, según ella, tratan de imponer a los países una “ideología” progresista, como el acceso al aborto seguro y legal.

Según Huber, el enfoque del IWH “se centra en reducir las circunstancias que llevan a las mujeres a considerar el aborto mediante sistemas de apoyo sólidos, una atención sanitaria de calidad y la educación. Este enfoque favorable a las mujeres aborda las causas fundamentales”. Huber aboga por una educación basada en la abstinencia en lugar de una educación sexual integral (ESI), el proceso respaldado por la ONU y la Organización Mundial de la Salud que consiste en enseñar información adecuada a la edad sobre la sexualidad y la salud sexual y reproductiva

Las investigaciones sobre el impacto de la educación sexual integral muestran que dota a los jóvenes de los conocimientos y habilidades necesarios para mantenerse seguros, mantener relaciones saludables, asumir menos riesgos y comprender la equidad y los derechos de género.

Proyecto piloto en Guatemala

En octubre de 2023 se puso en marcha un proyecto piloto de Protego en Guatemala, que tiene una de las tasas más altas de embarazos adolescentes de América Latina y fue designada “capital provida de América Latina” por el expresidente Alejandro Giammattei.

Una de las primeras iniciativas de Protego en el país centroamericano ha sido una “guía de comunicación entre padres e hijos” impulsada por Huber y el entonces ministro de Educación guatemalteco. En este documento se ofrecen consejos sobre cómo abordar temas delicados, incluyendo consejos sobre las relaciones sexuales. En ella se hace hincapié en los derechos de los padres, lo que parece alimentar el pánico moral de la derecha ante la idea de que los padres están perdiendo el control sobre sus hijos.

Los esfuerzos por introducir la educación sexual en las escuelas de Guatemala ya se enfrentaban a numerosas barreras. La guía para padres de Protego socavará aún más esos esfuerzos, al situar el control parental por encima de los derechos de los niños.

Ahora, la atención de Protego se centra en África. Uganda, uno de los primeros patrocinadores del GCD, ha sido uno de los primeros países en adoptar Protego. Su primera dama y ministra de Educación, Janet Museveni, se sumó a este proyecto en febrero de 2024. Al igual que en Guatemala, una de las primeras iniciativas fue un plan de estudios escolar que servirá como alternativa a la ESI y que, según se informa, se ha entregado a Huber para su revisión. Burundi dio su apoyo en octubre de 2025. Vernaelde señala que “este proyecto está ganando terreno”.

“El hecho de que algunas organizaciones se opongan a nuestro enfoque refleja diferencias ideológicas y quizás incomodidad con nuestro rechazo al colonialismo ideológico, no deficiencias en nuestros marcos o enfoque”, señala Huber.

Rahom Maria Bukirwa, directora de programas de la Women's Probono Initiative (WPI), una organización ugandesa de asistencia legal centrada en los derechos de la mujer, alerta los peligros que esconde 'Protego'. Según advierte, este proyecto es solo el último avance de un ataque múltiple por parte de grupos religiosos conservadores. “Como mujer, he experimentado el patriarcado a nivel familiar —soy la primogénita y tengo un hermano menor— y ha estado presente constantemente. Pero al estar en este sector [de organizaciones que promueven derechos], veo cómo se desarrolla a mayor escala”.

Para Bujirwa, los discursos en torno al matrimonio y las relaciones entre personas del mismo sexo —estrictamente prohibidos en el país—, los valores familiares, la soberanía nacional y las críticas a la educación sexual integral están influyendo en las leyes, las políticas y las actitudes sociales.

Según señala, ste impacto se debe en parte al acceso directo que tienen estos grupos ultracatólicos a los legisladores, mientras que las ONG como WPI suelen quedar excluidas de los debates. “En el Gobierno, las alianzas se construyen en torno al dinero. La ventaja que tienen los grupos contrarios a los derechos es que cuentan con una red de financiación flexible. Nosotras [las ONG que trabajamos desde un enfoque de derechos] operamos en un entorno de financiación muy restrictivo, lo que dificulta acceder a esos espacios”, añade Bukirwa.

Más riesgo para las mujeres

Tras suspender abruptamente la financiación de USAID en enero, el Gobierno de Estados Unidos está negociando nuevos paquetes de ayuda con gobiernos de todo el mundo. El plan, recogido en la estrategia sanitaria global 'America First', pasa por firmar acuerdos bilaterales con 71 países que, según Washington, serán autosuficientes en unos años. El objetivo principal es la lucha contra el VIH y la prevención y el tratamiento de la malaria, la tuberculosis y la poliomielitis. El borrador del memorando de entendimiento prácticamente no hace mención alguna a la salud sexual y reproductiva.

“Sabemos que la planificación familiar no será una prioridad; el aborto quedará fuera del debate y se pondrá el acento en la abstinencia”, afirma Nelly Munyasia, directora ejecutiva de la organización keniata Reproductive Health Network Kenya.

Kenia dependía en gran medida de USAID para los programas de planificación familiar. La pérdida de esa financiación ha provocado una grave escasez de anticonceptivos. Las estanterías están vacías y las mujeres que acuden a renovar medicamentos o métodos anticonceptivos se encuentran con una puerta cerrada. Sin nuevos fondos, la escasez continuará.

Pero la preocupación no solo se centra en los recortes de la financiación para la salud sexual y reproductiva. También se teme que los acuerdos bilaterales vengan acompañados de condiciones que obliguen a los gobiernos a alinearse con los valores de la Administración estadounidense. “Muchos gobiernos están entusiasmados con la llegada de la financiación estadounidense”, afirma Schlachter. «[Pero] Estados Unidos no da nada sin nada a cambio, [y] no sabemos hasta qué punto llegará la administración Trump a la hora de pedir una contrapartida por la inversión. Es como un caballo de Troya“, añade.

Es probable que estas condiciones se ajusten a la ampliación de la denominada “ley mordaza global”, una política de Estados Unidos que condiciona la ayuda sanitaria internacional a que las organizaciones receptoras renuncien a ofrecer, promover o incluso informar sobre el aborto, aunque lo hagan con fondos propios y sea legal en su país. Cuando la medida entre en vigor a principios de 2026, incluirá por primera vez en su articulado que cualquier receptor de fondos sanitarios estadounidenses debe certificar que ni él ni ninguna otra ONG con la que trabaje promueve o practica el aborto.

A Munyaisa le preocupa que, si la ayuda sanitaria estadounidense pasa a estar condicionada a la ley mordaza global, grupos como el suyo, el mayor proveedor de servicios de planificación familiar del país, corran peligro. Estados Unidos ha declarado que solo canalizará fondos a través de grupos religiosos, y no de ONG, a las que acusa de malgastar el dinero. “Veremos un mayor control sobre las organizaciones que trabajan en torno al aborto y los anticonceptivos para adolescentes”, afirma Munyaisa. “Va a ser terrible; ya es terrible”.

“Si el Gobierno de Kenia acata estas condiciones, veremos cómo muchas organizaciones pierden su registro y aumenta el número de mujeres que mueren a causa de abortos clandestinos. Esto nos preocupa como sociedad civil y nos preocupa por las mujeres y las niñas”.

“Si el Gobierno de Kenia acata estas condiciones, veremos cómo muchas organizaciones pierden su registro y aumenta el número de mujeres que mueren a causa de abortos clandestinos. Esto nos preocupa como sociedad civil y nos preocupa por las mujeres y las niñas”, alerta.

Schlachter se hace eco de los temores de Munyasia. “Los acuerdos bilaterales son la siguiente etapa que limitará aún más el acceso a los servicios [de planificación familiar]. Si los programas se reducen, habrá más embarazos, más abortos inseguros, más mujeres que mueren... Es una continuación de esa fase de destrucción, con más destrucción”, lamenta.

Algunos países, más recientemente Zambia, Zimbabue y la República Democrática del Congo, están aumentando sus propios presupuestos de planificación familiar. Kenia no se encuentra entre ellos. Munyasia cree que esto sitúa a Kenia en una posición especialmente vulnerable. “Los países que ya han encontrado formas de mitigar la situación pueden negociar [con Estados Unidos], tienen la sartén por el mango. Analizarán el memorando de entendimiento y dirán sí a esto y no a aquello. Pero países como Kenia, mi querido país, están a cero [en cuanto a financiación nacional para la planificación familiar]”, señala.

La fase de “diseño”

“Destrucción, consolidación y diseño”, resume Neil Datta, director ejecutivo del Foro Parlamentario Europeo para los Derechos Sexuales y Reproductivos, para explicar el modus operandi de la Administración Trump. Si el cierre de USAID es la destrucción y los nuevos acuerdos bilaterales son la consolidación, la fase de “diseño” dará lugar a un nuevo sistema de servicios que ofrecen alternativas a los centros de salud sexual y reproductiva establecidos.

Entre los ejemplos que ya existen se encuentran los centros de crisis para embarazadas, que tratan de disuadir a las mujeres y adolescentes de acceder a los servicios de aborto; los programas educativos basados en la abstinencia, en lugar de una educación sexual integral; y las llamadas clínicas de planificación familiar “natural”, como sustituto de los métodos anticonceptivos modernos.

La mayoría de estos servicios están financiados por gobiernos u ONG gestionadas por iglesias o entidades religiosas que prestan servicios sociales o humanitarios desde una perspectiva confesional, pero no siempre es así. La Unión Europea retiró recientemente la financiación a tres proyectos de World Youth Alliance (WYA), una organización internacional conservadora que promueve una agenda contraria a los derechos sexuales y reproductivos, tras concluir que no se ajustaban a los valores de la UE y presentaban un enfoque parcial o sesgado sobre estos derechos. WYA niega las acusaciones. Uno de los principales servicios que impulsa la alianza es Femm, una aplicación de salud y fertilidad financiada por activistas católicos contrarios al aborto.

Otro de los programas impulsados es Teen Star, un currículo educativo centrado en la fertilidad “natural” que se imparte ya en una treintena de países. “Estos servicios contrarios al enfoque de género no solo se presentan como una alternativa, sino que suponen riesgos reales para la salud”, advierte Datta.

Si antes los servicios contrarios al enfoque de género se consideraban simplemente “molestos” o “peculiares”, hoy en día están ganando apoyo político.

Según un informe elaborado por Datta, entre 2019 y 2023 este “marco alternativo” canalizó en Europa alrededor de 121 millones de euros en financiación, repartidos entre 80 organizaciones. La renovación de la ayuda estadounidense, la ampliación de la ley mordaza global y el apoyo a proyectos como Protego significan que existe un “marco financiero y legal potencial listo para impulsar los servicios contrarios al enfoque de género en todo el mundo. [Esto es] para lo que debemos estar preparados en los próximos meses”, afirma Datta.