Una comisión al margen de LPGC
La Plataforma de los Familiares de los Fusilados de San Lorenzo ha decidido constituir su propia comisión técnica al margen del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canara para intentar descubrir, como paso previo a la exhumación, el lugar exacto en el que se encuentran los cuerpos de las cinco personas que fueron asesinadas por los franquistas en el municipio el 29 de marzo de 1937.
Según ha anunciado la portavoz socialista Isabel Mena en el pleno celebrado este miércoles en las Casas Consistoriales de Santa Ana, los familiares cuentan con la colaboración “altruista” de historiadores e investigadores y ya se han dirigido al Cabildo de Gran Canaria, que ha expresado “una mayor sensibilidad” hacia sus inquietudes que el grupo de gobierno municipal.
La Plataforma de San Lorenzo rompió relaciones con el Ayuntamiento tras la celebración, el pasado 4 de septiembre, de una reunión con el alcalde, Juan José Cardona, y la concejal de Cementerios y Servicios Funerarios, Adelina González Muñoz. Las versiones sobre lo acontecido en este encuentro siguen siendo contradictorias y confusas. La corporación dice que llegó a un acuerdo con los familiares para la creación de una comisión técnica que investigaría la ubicación exacta de los cuerpos en el cementerio de Vegueta. La plataforma, sin embargo, rompió la negociación horas después y denunció la actitud del alcalde, a quien incluso acusaron de amenazar con el despido a uno de los familiares, que actualmente forma parte de la plantilla del Ayuntamiento.
La concejal Adelina González expuso durante su intervención la cronología de los acontecimientos que han derivado en el conflicto con el colectivo. Así, relató que el Ayuntamiento recibió el pasado mes de diciembre la solicitud, “a título personal”, de dos miembros de la plataforma para exhumar los restos de sus familiares, que estaban enterrados en la fosa común del cementerio de Vegueta. Un informe técnico de la corporación desestimó esta solicitud, ya que, según la edil, “no se puede exigir la exhumación de un cadáver enterrado en una fosa común, salvo que haya orden judicial”.
De haber recurrido esta decisión administrativa, los familiares “habrían obtenido la orden judicial, pero el Ayuntamiento no podía admitirla porque hubiera incurrido en responsabilidad patrimonial”. González defiende que, a pesar de esta denegación, el Ayuntamiento se comprometió a facilitar el trabajo a la técnico de la unidad de Cementerios , que realizó una investigación y determinó que dos de los cinco de San Lorenzo habían sido enterrados en la fosa 2 del cuartel 6 del cementerio, donde habría otros 124 cuerpos, y los otros tres, inhumados en nichos. La técnico concluyó entonces que era “improbable” que esa fosa hubiera estado destinada a los represaliados del franquismo y que el lugar de enterramiento lo marcaba la posición económica de cada familia.
La concejal de Cementerios ha insistido en la tesis defendida por el alcalde Cardona, según la cual en este caso no pueden recurrir a la Ley de Memoria Historica porque “los fusilados no desaparecieron y sus familiares conocen su paradero”. Además ha afirmado que no se disponen de planos lo suficientemente antiguos como para conocer el lugar exacto en el que están enterrados (el más viejo es de 1955) y que la exhumación implicaría un gran coste, ya que habría que contratar a antropólogos y arqueólogos, entre otros. “Sólo las pruebas de ADN tendrían un coste de un millón de euros”, ha dicho la edil, quien además ha advertido de los costes morales y patrimoniales que pudiera ocasionar la apertura de la fosa común sin el consentimiento de otros familiares de fallecidos.
En este sentido, Isabel Mena recordó que la Ley de Memoria Histórica ya contempla este supuesto y que se puede solventar con la publicación del anuncio de apertura de la fosa. “Si no hay nadie en contra, se puede abrir sin ningún daño patrimonial y si alguien reclama, será un juez quien dictamine”, ha aseverado. La socialista sostiene que el Ayuntamiento tiene competencias para autorizar la ocupación temporal de terrenos de titularidad pública y que la cuestión económica es “una excusa” del Ayuntamiento para no colaborar, “ya que la Plataforma no ha pedido medios económicos, porque los encontrarán”.
Finalmente, tras un largo debate y después de introducir ciertos cambios en el sentido de la moción presentada por el PSOE para apoyar a la plataforma, los grupos políticos han llegado a un acuerdo que arranca el compromiso del grupo de gobierno de facilitar los permisos pertinentes para realizar, cuando sea posible, las pruebas técnicas necesarias para el hallazgo de los restos mortales de los fallecidos durante el franquismo y para instalar una placa en su recuerdo en el cementerio de Vegueta.
“No entiendo por qué nos tienen que excluir de esa comisión si nosotros queremos estar, no nos oponemos a la exhumación, pero no es responsable autorizar lo que el reglamento prohíbe”, ha sentenciado la concejal Edelina González.
