El Consejo de Ministros estudia una moratoria hipotecaria para los afectados por la crisis económica generada por el COVID-19

El Gobierno estudia en el Consejo de Ministros de este martes la aprobación de una moratoria hipotecaria para las familias más afectadas por la crisis económica generada por la pandemia del coronavirus, según han informado a Efe fuentes del Ejecutivo.

La propuesta parte de la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, y “lo razonable” sería que la moratoria se alargara durante varios meses o el tiempo que duren las consecuencias económicas de esta nueva crisis.

La moratoria librará a las familias más afectadas por esta crisis, entre ellas las que pierdan sus puestos de trabajo como consecuencia de un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE), de pagar el grueso de la cuota hipotecaria durante algunos meses, explican las mismas fuentes.

No es la primera vez que España recurre a una moratoria hipotecaria, puesto que el Gobierno anterior, con Luis de Guindos en el Ministerio de Economía, ya aprobó una medida similar a finales de 2012 que contó con el máximo apoyo de la banca para frenar el drama de los desahucios que se produjeron tras la crisis financiera.

La moratoria actual formará parte de un paquete de medidas económicas mucho más ambicioso para minimizar el impacto económico provocado por la expansión de la pandemia del coronavirus, que pone en jaque a sectores estratégicos de la economía española, como son el turismo y la automoción.

Además de esta medida para aliviar la carga que suponen las hipotecas en las familias españolas, el Gobierno de coalición facilitará mediante la concesión de avales del ICO que el crédito bancario llegue en estos momentos de forma rápida a las empresas que más están sufriendo por el impacto de la pandemia.

La banca no tiene ningún problema en estos momentos para dar crédito a las empresas, puesto que la liquidez abunda, pero la incierta situación de futuro de muchas compañías puede resultar un obstáculo, argumentaban a Efe fuentes financieras.

Para evitar que esas empresas se queden sin financiación y puedan incluso verse abocadas a la quiebra, la fórmula que plantea el Gobierno es que la banca convierta la tesorería, el capital circulante de estas empresas, que tendrían aval del Estado a través del ICO, en préstamos a largo plazo.

Por eso el Ejecutivo aprobará previsiblemente hoy una nueva línea específica del ICO con este propósito, cuyo importe está aún por determinar, pero que superaría al menos los 20.000 millones e incluso podría ser ampliable hasta 50.000 millones.