El Gobierno canario acuerda delegar en la consejera de Política Sociales la firma del segundo plan sociosanitario
El Consejo del Gobierno de Canarias ha acordado este lunes delegar en la consejera de Política Sociales, Cristina Valido, la firma del segundo plan de atención sociosanitaria, que será uno de los más importantes de cuantos convenios se firmarán en las islas.
Así lo ha dicho este lunes la portavoz del gobierno canario, Rosa Dávila, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo del Gobierno, y ha recordado que el plan será firmado con los siete cabildos.
El Gobierno de Canarias aportará 161 de los 256 millones de euros con los que estará dotado para la construcción de 4.460 plazas residenciales. Rosa Dávila ha indicado que se trata de disponer de más plazas residenciales sobre todo para personas mayores cuyas enfermedades se han hecho crónicas.
Según los datos del Gobierno de Canarias, en el archipiélago residen unas 316.808 personas de más de 65 años, con lo que está previsto que haya un exceso de envejecimiento de la población y con ello un incremento del número de residentes que han cumplido los 80 años.
Además, según las proyecciones, en 2030 habrá en el Archipiélago canario unas 500.000 personas que superarán los 65 años.
Mejora sanidad pública
La portavoz del ejecutivo canario ha informado asimismo de que en la reunión del Consejo del Gobierno el consejero de Sanidad, José Manuel Baltar, ha dado cuenta de la reciente firma del compromiso por la mejora de la sanidad pública.
Rosa Dávila ha recordado que se trata de un documento consensuado con todos los agentes implicados en materia sanitaria, y ha destacado que tiene una ficha financiera de 190 millones de euros.
Asimismo el Consejo de Gobierno ha aprobado este lunes incrementar en 541.899,31 euros el gasto para que los ayuntamientos puedan continuar con los programas que realizan en el ámbito de los servicios sociales comunitarios.
Esta aportación se suma a los 13.231.170,69 euros que el Gobierno asignó en el marco del protocolo de actuación firmado el 28 de julio de 2017, por la cual la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda financia parte de los gastos derivados del mantenimiento de los servicios y prestaciones básicas en materia de servicios sociales, atención a la infancia o dependencia.
En ese protocolo de actuación se acordó también la distribución de los créditos correspondientes a las aportaciones dinerarias así como los modelos normalizados para la solicitud de adhesión de la aportación y el establecimiento de las condiciones de concesión, abono y justificación de las mismas.
Posteriormente se publicó el acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de octubre de 2017 por el que se formalizan los criterios de distribución para 2017 de la diferencia del incremento del crédito para el programa social de protección a la familia y atención a la pobreza infantil, prestaciones básicas de servicios sociales, consignado en los presupuestos del Estado para este año respecto a los créditos prorrogados de 2016, una vez acordada por el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
Dicho acuerdo del Consejo de Ministros establece para la Canarias un incremento del crédito de 541.899,31 euros para el programa de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales.
Habida cuenta de este incremento de crédito, se proyecta suscribir una adenda al protocolo general de actuación entre la Federación Canaria de Municipios y la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, para que las corporaciones municipales de las islas puedan continuar con los programas.
