El Gobierno quiere reforzar cabildos y ayuntamientos
Una nueva Ley de Cabildos y una Ley para los municipios. Estos dos textos legales serán presentados “a lo largo del próximo año” por parte del Gobierno al Parlamento regional para su aprobación, tal y como ha anunciado el presidente Paulino Rivero.
Rivero, que ha comparecido ante los medios de comunicación tras el Consejo de Gobierno con el que ha dado inicio el curso político, recordó que un “objetivo estratégico” de su gabinete es la reforma de la Administración local, empeño en el que se está trabajando desde hace dos años.
En ese contexto de impulsar “un proceso reformador, de verdad, en la Administración pública canaria que conlleve un reajuste de las competencias” se enmarca las dos leyes anunciadas.
“A lo largo del próximo año, una vez escuchados a los presidente de los cabildos en una reunión, y tras escuchar también a los grupos parlamentarios, presentaré una proyecto de Ley de Cabildos que responsa a un reajuste de competencias”, ha asegurado.
Paralelamente, aunque condicionada a la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local que está tramitando el Gobierno de España, el Ejecutivo “impulsará una ley canaria para reforzar el papel de los municipios” frente a la idea que mueve la reforma que ha puesto en marcha el presidente Mariano Rajoy.
Las dificultades del REF
Pero no son estas leyes, además de la reforma del Estatuto de Autonomía también anunciada por el presidente, los retos legislativos más importantes a los que se enfrenta Rivero, pues el año 2014 también estará protagonizado por la modificación de la ley del Régimen Económico y Fiscal (REF).
Un REF que debería haber entrado en vigor, precisamente, el próximo año pero que el Ejecutivo central decidió, unilateralmente, prorrogar hasta 2015.
Un retraso cuya clave podría estar en que, como ha desvelado el propio Rivero, el Gobierno central “no termina de ver” los incentivos al empleo que ha propuesto el Ejecutivo regional.
“Esa es una dificultad importante, pues el REF tiene que ayudar a la dinamización de la economía canaria y a crear empleo”, ha afirmado.
En concreto, las reticencias del Estado se centran en “incentivar más a las empresas que contraten a más trabajadores y ofrecer bonificaciones en la cuota de la Seguridad Social a quienes contraten en las Islas”.
Pese a este escollo, Rivero ha dicho que en el resto de cuestiones, que fueron aprobadas por todas las fuerzas parlamentarias en julio de 2012, “las cosas están bastante próximas entre la propuesta de Canarias y la disposición del Gobierno de España”.
