La Justicia anula las pruebas que comprometían a los magistrados asesores

Toda una maraña misteriosa de contratiempos se ha tejido en torno al mayor caso de corrupción jamás vivido en Lanzarote, el caso Unión, en el que aparecieron, en medio de cien imputados, cincuenta detenidos y 30.000 folios de instrucción, dos magistrados en ejercicio que en su día ejercieron de asesores del principal encartado en la trama cuando eran letrados del Tribunal Constitucional. Los correos electrónicos que relacionaban al magistrado del Supremo Andrés Aguallo y al de la Audiencia Provincial de Madrid Ignacio Sánchez Yllera con el empresarios Luis Lleó no podrán ser utilizados penalmente contra ellos porque la Audiencia Provincial de Las Palmas ha decidido anular el auto de entrada y registro de las oficinas de Lleó por considerar que no estuvo suficientemente fundado.

Sí podrá prosperar, si así lo considera la comisión disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la queja contra esos magistrados que esta misma semana ha interpuesto ante el órgano de gobierno de los jueces el denunciante de la trama, el ex consejero socialista en el Cabildo de Lanzarote Carlos Espino.

Pero ese auto tan delicado para los dos jueces que apareció ante la Audiencia Provincial con falta de motivación y con un error material (el nombre de otra imputada) es uno de los cien que desaparecieron de repente de los armarios del juzgado de instrucción, cuyos funcionarios han tenido que aplicarse para su reconstrucción.

Investigar corrupción en Canarias es un desafío importante, incluso para los jueces. El magistrado que condujo los dos primeros años del caso Unión, César Romero Pamparacuatro, ahora destinado a un juzgado de La Laguna, Tenerife, ha sufrido en sus carnes el poder y la influencia que ejercen una buena parte de los imputados en la causa.

A las pocas semanas de iniciada la investigación empezó a sospechar que alguien estaba vulnerando el secreto del sumario al avisar de sus intenciones a las personas que iban a ser detenidas. Uno de los encartados llegó a confesar que supo con antelación que esa iba a ser su suerte gracias a la exalcaldesa de Arrecife, capital de Lanzarote, María Isabel Déniz, igualmente involucrada (y detenida) en la causa. Déniz es hermana de la que en aquellos momentos ejercía de viceconsejera de Justicia de la Comunidad Autónoma de Canarias, Carolina Déniz, juez en excedencia que ya ha retornado a la carrera judicial.

Las filtraciones obligaron al juez instructor a sacar la causa del sistema informático que usa la justicia en Canarias, el programa Atlante, y redactar sus resoluciones en un ordenador sin conexión a Internet. Atlante es un complejo software informático controlado por la Comunidad Autónoma, donde ejercía como alto cargo la hermana de una de las principales encartadas en la operación.

Quizás fuera la necesidad de blindar las resoluciones para evitar su filtración informática lo que acabaría produciendo el desorden que se encontró la juez que, en 2011, sustituyó al magistrado Romero Pamparacuatro, Lucía Barrancos. “Un desastre”, llegó a escribir en un informe la nueva juez, que tuvo que apechugar con la voluminosa causa porque entre el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y la Viceconsejería de Justicia de Canarias, le negaron a Pamparacuatro todos sus intentos de continuar dirigiéndola mediante una comisión de servicios sin relevación de funciones. Es decir, desempeñarse en su nuevo destino en un juzgado de La Laguna y terminar con el caso Unión. Hasta seis informes favorables del Tribunal Superior de Justicia de Canarias fueron sucesivamente desoídos con tal de impedir que el juez que mejor conocía aquella gigantesca trama de corrupción pudiera rematarla.

Aquel informe de la jueza Lucía Barranco fue maliciosamente utilizado por alguien, que lo puso sobre la mesa de la Comisión Disciplinaria del CGPJ para que abriera expediente al juez Pamparacuatro sin que mediara una queja de nadie ni un acuerdo de remisión del órgano de gobierno de los jueces. Lo resalta de manera sutil una sentencia del Supremo, que resuelve un recurso de uno de los imputados, interesado en conocer el contenido del escrito de la jueza Barranco: “No resulta explicable que una petición formalmente dirigida al Secretario General del Consejo General del Poder Judicial, en la que expresamente además se afirma que el solicitante no tiene ningún interés en que se plantee ninguna actuación disciplinaria, sino exclusivamente el de que se le facilite testimonio del escrito que en dicha petición se indica, a los efectos de la defensa de sus derechos en las Diligencias Previas en que estaba implicado, sea remitida al Servicio de Inspección y de lugar a unas diligencias informativas, previas a una eventual actuación disciplinaria”.

Autos falsificados, robados o extraviados

Pero esta es sólo una de las pruebas que demuestran que, desde que pudieron, los imputados en el caso Unión y su influyente entorno declararon abierta la cacería del juez. Desde 2009 comenzaron a correrse comentarios despectivos hacia su manera de instruir, de modo que se fuera creando un caldo de cultivo propicio para su relevo definitivo de la causa.

A ello contribuyó, sin duda, que él mismo pidiera su traslado voluntario a otro juzgado, concretamente a La Laguna. Sus detractores vieron los cielos abiertos. Pero hacía falta que se le impidiera tocar nuevamente el sumario. Y para ello consiguieron que le fueran denegando de manera muy sospechosa todas sus peticiones de comisión de servicio sin relevación de funciones.

En una de esas peticiones, siempre avaladas (hasta seis veces) por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, se le otorgaba la comisión, pero se le denegaban las dietas, es decir, el dinero necesario para que pudiera trasladarse desde su destino en Tenerife hasta el juzgado en Lanzarote, así como la manutención necesaria. El Gobierno canario, que acostumbra a correr con estos gastos, también se desentendió, pero tardó cuatro meses en decidirlo.

El resultado es que desde 2010, César Romero Pamparacuatro fue apartado de la causa que había puesto en marcha dos años antes.

Anteriormente se le habían denegado al instructor todas sus peticiones de jueces de apoyo. Y eso que llevaba él solo un juzgado con una carga de trabajo del 253%, lo que le obligó a renunciar en 2009 a veinte de sus días de vacaciones. En una ocasión que el CGPJ accedió a la petición, Pamparacuatro se encontró con la negativa del Ministerio de Justicia, que no consideró justificado el refuerzo. Se encargaba de esa cartera el socialista Francisco Caamaño, que había compartido tareas de gobierno a las órdenes de María Teresa Fernández de la Vega y con el letrado del Tribunal Constitucional, Ignacio Sánchez Yllera (uno como secretario de Estado y otro como jefe de gabinete). Yllera es uno de los magistrados a los que la Guardia Civil atribuye asesoramiento irregular al más poderoso imputado en Unión en ese momento, Luis Lleó.

Una vez desplazado Pamparacuatro lejos de la causa, el órgano de gobierno de los jueces y el Ministerio de Justicia no dudaron en atender la reclamación de sus sustitutas para nombrar ese juez de refuerzo que sacara adelante las demás causas pendientes en el juzgado.

Pero el cénit del despropósito se alcanza cuando se divulga que del sumario del caso Unión han desaparecido infinidad de resoluciones, pruebas de convicción y diligencias fundamentales para garantizar el remate de la instrucción. A eso se añadió, de improviso, el hallazgo de que un centenar de autos del magistrado Pamparacuatro no llevaban su firma. Ese es el mismo número de autos que el instructor ha denunciado que han desaparecido de la causa.

Así puede leerse en un informe que ha entregado en su antiguo juzgado en el que asegura que existen “indicios de un delito de falsedad en documento oficial o contra la Administración de la Justicia dado que con carácter general, por personas desconocidas se ha procedido a extraer o sustraer del procedimiento los originales de la resoluciones judiciales”.

Entre los autos desaparecidos, por robo o extravío se encuentra casualmente el de entrada y registro en las oficinas del empresario Luis Lleó, en las que la Guardia Civil se incautó de ordenadores en los que se descubrieron los correos electrónicos que el imputado intercambió con los dos magistrados, por entonces letrados del Tribunal Constitucional, que demostrarían la relación de asesoramiento profesional que mantenían.

Lo reconoce el secretario del juzgado en un escrito incorporado a la causa, en el que puede leerse que “en relación a los autos de entrada y registro referentes a Luis Lleó y el Ayuntamiento de Yaiza, los cuales se integraron en el procedimiento a través de la impresión en papel que se hizo de los mismos, tal y como figuraban en la aplicación de Word, al considerarse en su momento una forma idónea para ello, también los mismos obviamente han debido ser extraviados o sustraídos”.

En relación a los autos que aparecen sin firma, el secretario, José Ramón Vera, reconoce en su escrito que el magistrado Pamparacuatro redactaba “personalmente [las resoluciones] desde su ordenador” y que imprimía y firmaba “inmediatamente todas aquellas resoluciones que afectaban a derechos fundamentales”, por lo que “es evidente que en el caso concreto de las resoluciones [sin firma] lo que ha ocurrido es que por este secretario se incurrió en su día en el simple error material de firmar la copia de las mismas, así como que, consecuentemente con ello, los originales de dichas resoluciones firmadas por el juez han tenido o bien que haberse extraviado o bien haberse sustraído”.

Pruebas y resoluciones judiciales del mayor escándalo de corrupción de la isla de Lanzarote, “extraviados o sustraídos”. Y anulado, cómo no, en solitario, el auto que implicaba directamente a dos magistrados, uno en el Supremo y el otro en la Audiencia Provincial de Madrid.