La moderada alegría de Las Huertas
Los cientos de propietarios de terrenos de la playa de Las Teresitas que vieron como sus propiedades han sido sucesivamente vendidas y compradas sin recibir dinero alguno o por menos del que deberían haber percibido ven en algunos casos con optimismo pero también con cierta decepción en otros, la petición de penas a los directivos de la Junta de Compensación.
La Fiscalía Anticorrupción cifra en 23 años y 8 meses las condenas que bajo su punto de vista se le deben imponer al asesor, Mauricio Hayek para el que se piden 8 años, 5 años y medio para el presidente, Jerónimo Delgado, otro tanto para el tesorero, Clemente Martín, ya fallecido y cuatro y medio para el secretario, Álvaro Fernaud. Además, todos ellos deberían hacer frente a una responsabilidad civil que suma más de dos millones de euros de los que 1,9 tendrían que ser desembolsados por Hayek.
En cualquier caso las vistas están puestas ahora en la celebración del juicio que todos esperan que se lleve a cabo lo antes posible con el fin de culminar un largo proceso que se ha extendido durante décadas y que ha causado enormes perjuicios a los involucrados. Entre ellos está por ejemplo a Jacinta Baute, quizás la única que aún reside en Las Huertas a pesar de las tremendas presiones que durante años ha sufrido para que abandone su hogar. También es propietaria de otra parcela situada en el lado de enfrente del barranco que cada cierto tiempo debe defender de la entrada de las palas, la última vez hace poco más de un mes. “Que paguen todo lo que han hecho. Ellos sabrán donde se han metido. A mí aquí me han intentado hasta echar de mi casa así que no me pidan que me den pena”, dice Baute cuando tuvo conocimiento de la decisión de la Fiscalía.
Otra de las vecinas que ha padecido este expolio es Goya Hernández Rodríguez quien se muestra enormemente pesimista. “Por mucho que paguen ya no nos compensarán jamás el sufrimiento que hemos padecido. No me gusta maldecir a nadie pero cada uno es responsable de lo que hace”. Esta vecina recuerda que durante años tuvieron que trabajar duramente en el campo para pagar abogados ya que esta familia se ha visto obligada a afrontar procesos judiciales desde la década de los años sesenta. En ese momento su padre fue el primero que vio reconocida la propiedad de cuatro parcelas que suman 4.000 metros cuadrados por el Tribunal Supremo (TS), aunque aquella sentencia jamás se cumplió.
Recuerda esta vecina que día tras día han permanecido turnándose en una caseta de madera que ellos mismos construyeron vigilando para que las palas no entraran en sus parcelas o como algunos de los que ahora están acusados les amenazaba para que abandonaran sus tierras. “Llegaban a tirar barrenos cerca de nosotros para que nos fuéramos”, indica. Ha sido tal el padecimiento a lo largo de estos años que Hernández se muestra muy pesimista sobre una resolución judicial favorable. “Seguro que a partir de ahora los de siempre empezarán a mover sus hilos para poner todo tipo de obstáculos”, indica. Una valoración inicial tasa sus terrenos en cerca de seis millones de euros pero a estas alturas de la vida indica que “yo hasta que no vea el cheque no me creo nada”.
Javier Sansidrián es un empresario que en el año 1986 compró por cerca de 200.000 euros una parcela en la parte central del frente de la playa a través de su empresa Teresitas Propierties. Jamás se le devolvió el dinero y nunca se le abonó el valor de los terrenos tras la primera venta por parte de la Junta a Inversiones Las Teresitas (ILT). Después de tantos años de batallas judiciales considera que las penas que solicita la fiscal, “me parecen poco. Estamos hablando de canallas y corruptos a los que habría que machacarlos a todos sin piedad”. Apunta que en estos momentos el valor de los solares que abarcaban más de 9.0000 metros cuadrados y donde se podían construir 300 apartamentos puede alcanzar fácilmente los 6 millones de euros. No alberga ninguna duda de que el responsable principal de todo lo ocurrido fue Hayek con quien siempre tuvo que negociar. “El era el que mangoneaba y el que decidía todo. Llegaron al punto de incluso negar que yo les hubiese entregado el dinero cuando tenía todavía en mi poder una copia de cheque. Este ha sido el mayor error y el mayor disparate que he visto yo en mi vida. Me metí en este jaleo cuando tenía cuarenta años y ya voy por los setenta”.
El empresario radicado en Salamanca se ha desplazado en varias ocasiones a la isla para comparecer ante el Juzgado y prestar declaración como testigo y denunciante sobre todo lo ocurrido.
Otros de los vecinos afectados son los propietarios de Montaña Morera, justo detrás de Las Huertas. Sus terrenos también aparecen como vendidos a ILT sin que ellos en ningún momento hayan recibido dinero alguno e incluso cuando aseguran que ni siquiera pertenecían a la Junta de Compensación. La portavoz de este grupo de residentes conocidos como los extranjeros, por ser casi todos ellos de distintos lugares de Europa, es Lola Schneider quien considera que las penas solicitadas, “son justas. Yo por mi parte estoy encantada con todo lo que está ocurriendo”. Su marido Enrique Schneider se posiciona en sentido parecido aunque también muestra su preocupación por lo que se pueda tardar aún en llegar a la celebración del juicio.
De todas formas hay que tener en cuenta que hace apenas siete años estos vecinos se encontraban totalmente desprotegidos y veían como en cualquier momento podían ser desalojados de sus viviendas. En 2007 por fin ganaron una sentencia que reconoció que las propiedades habían sido vendidas sin su consentimiento y se ordenó la anulación del proyecto de reparcelación que fija los beneficios y cargas que deben soportar los propietarios tras la venta de sus terrenos.
En el caso de Lola Schneider en el escrito de la Junta se indicaba que por su vivienda de más de 100 metros cuadrados rodeada de unos enormes jardines se le habían pagado 66.000 euros. En cuanto a la de su marido se apunta que le abonaron 25.000 euros, a lo que éstos responden que “ni queremos ese dinero ni nunca hemos tenido la menor intención de vender nuestras casas”. En el escrito de la Fiscalía, efectivamente, se reconoce que jamás se les abonó cantidad alguna.
