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El PP acepta que Coalición Canaria controle en el Archipiélago todos los medios de comunicación públicos

La secretaria general del PP y portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra (2d), el secretario de Organización de CC, David Toledo (d), la líder de Coalición Canaria, Cristina Valido (i) y el secretario general del PP de Canarias, Poli Suárez (2i), en la firma de la agenda canaria.

Jennifer Jiménez

Las Palmas de Gran Canaria —

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El PP y Coalición Canaria han escenificado este martes la firma de la llamada “agenda canaria”, con una serie de requisitos por los que la diputada Cristina Valido se compromete a apoyar a Alberto Núñez Feijóo en una hipotética investidura, para la que aún no tiene suficientes apoyos. El documento ratificado entre los nacionalistas canarios y los populares (que gobiernan juntos en Canarias) incluye “acordar” y “pactar” nombramientos, entre los que destaca el “director” de Televisión Española (TVE) y de Radio Nacional de España (RNE) en las Islas. Se trata de un acuerdo que se suma al hecho de que la Radio Televisión Canaria depende directamente este mandato de Presidencia del Gobierno, es decir, de Fernando Clavijo. De prosperar ese 'contrato', los nacionalistas canarios se harían con el control de todos los medios públicos.

Los pactos de cara a estos nombramientos se recogen en el último punto de la llamada agenda canaria, que añade también que se acordará entre estos partidos la designación del presidente de la Zona Especial Canaria (ZEC) y la de Puertos Francos, algo que ya se produce en la actualidad; puesto que es a propuesta del Ejecutivo autonómico que el Gobierno Estatal designa a esas personas.

Pablo Hernández González-Barreda fue nombrado en 2021 como presidente del Consorcio de la Zona Especial Canaria (ZEC) en un Consejo de Ministros, a propuesta del Gobierno de Canarias y del Ministerio de Hacienda. El nuevo documento promovido por CC también apunta a que se pactarán el resto de puestos de la Administración General del Estado (cargos que pueden ir desde el delegado del Gobierno en las Islas hasta el director general del INSS o del SEPE).

El documento ratificado entre la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, y el secretario de organización de CC, David Toledo, también recoge otras cuestiones como el respeto de los fueros canarios, es decir, del Estatuto de Autonomía y las leyes que regulan el Régimen Económico y Fiscal (REF); un calendario que incluya el traspaso de competencias reconocidas en el Estatuto; que “si se afronta una reforma de la Constitución, reconocer la condición de ”ultraperiferia“ de Canarias como hecho diferencial”(algo que también se pidió en su momento a Rajoy); establecer en los próximos 2 años un nuevo modelo de financiación autonómica; desarrollar y cumplir los planes y proyectos plasmados en los Presupuestos Generales del Estado de 2023 o “reforzar la alianza con Portugal y Francia, junto al resto de países de la UE, para consolidar derechos que nos avalan como Región Ultraperiférica (RUP)”.

Reparto de menores que no contentaba a comunidades del PP

Otra de las exigencias es que Canarias esté presente “con representación propia garantizando siempre un diálogo previo, en negociaciones que el Estado mantenga con el Reino de Marruecos en las materias que afectan a la Comunidad Autónoma. Sobre todo en tres asuntos fundamentales: delimitación de los espacios marítimos, control de movimientos migratorios y explotación de recursos naturales”.

Precisamente, en materia migratoria el PP se compromete a promover en la UE una mayor “coordinación entre las políticas de los Estados miembros, entre ellas el rescate de personas inmigrantes en el mar, intensificándose el apoyo directo de la UE a los Estados, y especialmente en la ruta migratoria atlántica que pasa por Canarias”.

Asimismo, sobre los menores migrantes el documento detalla que “se considerará asunto prioritario en el Estado para, con cambios legislativos, lograr que todas las comunidades autónomas se impliquen con solidaridad en acogida, formación e integración de los menores que llegan a Canarias”. Este último es un punto que fue defendido por el anterior presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, y que recibió el rechazo de comunidades gobernadas por el PP, como Madrid o Andalucía.

El acuerdo agrega un apartado para La Palma y se ampliará “la bonificación del 60% en el impuesto de la renta de las personas físicas a los residentes” hasta 2027, aunque todo lo relativo a la recuperación de la isla será objeto de análisis por una comisión en la que participen el Cabildo de la Palma, la Comunidad autónoma de Canarias y la Administración General del Estado, órgano al que se propone incluir a la AIREF.

Medidas que se negociaron en otras legislaturas y se incluyen

Se incide en que se mantendrán las políticas de empleo específicas en Canarias, fomentar el empleo en menores de 35 años; dotación adecuada para cumplir los convenios entre Canarias y el Estado en costas, obras hidráulicas, carreteras, vivienda, infraestructuras turísticas y educativas. También se garantizará anualmente la financiación prevista en el REF para luchar contra la pobreza; partidas que ya están consignadas actualmente en los PGE.

En materia de financiación, hablan de incluir la valoración del sobrecoste sanitario vinculado a la insularidad y la lejanía o establecer un sistema de compensación, con partidas anuales específicas en los Presupuestos Generales del Estado. En la misma línea, inciden en impulsar un acuerdo que asegure que la compra desde Canarias no sufre sobrecostes de intermediación abusivos o consolidar la bonificación del 75% en el transporte aéreo y marítimo. Además, agrega que se deben actualizar los costes en el transporte de mercancías.

Para el nuevo gobierno que se conforme, CC insiste en que las guaguas deben ser 100% gratuitas (una cuestión ya pactada con el Gobierno de Sánchez) aunque añaden que debe mantenerse hasta final de año.

En el punto 25, CC menciona los últimos apagones que ha sufrido Canarias y hace alusión la Ley 17/2013 (impulsada por el PP de Mariano Rajoy y el exministro Soria) y señala que habría que impulsar nuevas autorizaciones y cambios por obsolescencia en centros generadores de energía en el archipiélago.

Los puntos más socialistas de la agenda

Coalición Canaria exige en el documento “impulsar un acuerdo que permita incrementar la disponibilidad de vivienda”, pese a que votó en contra de la Ley actual y compró la tesis del PP de que favorece la “ocupación”. Asimismo, subraya que “la violencia de género volverá a estar en el corazón de las políticas de igualdad, por lo que nos comprometemos a no dar ni una paso atrás”, una cuestión que ha sido bandera del Gobierno de Coalición PSOE-Unidas Podemos y que ha sido relegada en comunidades donde el PP gobierna con Vox. Del mismo modo, recogen un artículo para las personas del colectivo LGTBI, que también ha estado en la diana de la extrema derecha.

Por otro lado, esa agenda canaria recoge “un gran Pacto Social por la Educación”, impulsar la gratuidad de la educación de cero a tres años (al que el PSOE dio un acelerón la pasada legislatura) o la Ley de Dependencia de Zapatero. A su vez, recalca la importancia de mejorar el Ingreso Mínimo Vital, una medida de esta legislatura o mejoras en materias de prestación de empleo, como explorar la ampliación de la prestación por desempleo hasta los 36 meses.

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