El PP aprueba la plantilla de LPGC con sombras jurídicas
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria espera un largo periplo judicial por la polémica conversión del vínculo de 639 laborales indefinidos en funcionarios interinos. Así lo ha reconocido Ángel Sabroso, portavoz del PP, al término de un tenso debate plenario en el que los conservadores han sacado adelante los presupuestos y la plantilla para 2014. Lo han hecho en solitario y a pesar de las sombras jurídicas que planean sobre estos documentos a raíz de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que suspende de forma cautelar el cambio laboral previsto en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) aprobada recientemente.
Sabroso ha evitado, no obstante, pronunciarse respecto a las consecuencias que la prórroga de esta medida judicial podría acarrear en la plantilla y los presupuestos para el próximo ejercicio y ha confiado en que los juzgados estimen las alegaciones que el Ayuntamiento ha presentado este mismo viernes contra la sentencia del TSJC.
El PSOE, principal partido de la oposición, considera que la aprobación de ambos documentos, que entrarán en vigor a principios de año tras su publicación en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), constituye un “desacato judicial” y ha advertido al grupo de gobierno que, de confirmarse la suspensión del cambio de vínculo, la plantilla “no servirá de nada, ya que tendrá plazas que no existen” y que, por lo tanto, los trabajadores no podrán cobrar sus nóminas en enero, lo que obligaría a convocar de nuevo al pleno para desatascar la situación con una modificación de crédito.
El portavoz del PP ha acusado a los partidos de la oposición de “falta de rigor y demagogia”. Sabroso ha defendido el proceso que emprendió el grupo de gobierno explicando que la precariedad laboral afecta al 60% de la plantilla municipal, una cifra ?dijo- que duplica la media del sector público municipal en España. También subrayó que, exceptuando los cuerpos de bomberos y Policía Local, el personal funcionario del Consistorio no llega al 25% y que el 63% de los laborales indefinidos están ejerciendo labores propias de funcionarios.
“Estamos en una situación de manifiesta ilegalidad y, por ello, sufrimos continuas impugnaciones de nuestros actos. Ante la imposibilidad legal de convocar oposiciones, no nos queda otra opción que esta medida excepcional en unas circunstancias excepcionales”, ha sentenciado Sabroso, que ha garantizado que el gobierno municipal no tiene “ni una sola intención de despedir a nadie ni de amortizar plazas”, como sospechan los sindicatos y los partidos de la oposición.
El portavoz del PP ha insistido en sus críticas a las voces “que sólo meten miedo” respecto a este asunto y ha asegurado que la conversión del vínculo laboral tiene cobertura legal gracias a varias sentencias en otras regiones y a un proyecto elaborado por Función Pública del Gobierno canario en 2010, cuando CC gobernaba gracias a un pacto con el PP.
Según explicó posteriormente Isabel Mena, portavoz del PSOE, este borrador está “guardado en un cajón” del Ejecutivo regional y “no se va a aprobar”. Además precisó que otras regiones tienen un marco regulatorio distinto, pero que la única sentencia judicial en Canarias respecto al cambio de vínculo es la referida al Plan de Ordenación de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Candelaria, que fue suspendido por este motivo.
''Prisas“ por la reforma local
El PSOE sospecha que detrás de la polémica decisión del gobierno municipal y de las “prisas” por aprobarla se esconde la intención del PP de amortizar las plazas de los nuevos funcionarios interinos y dejarles sin derecho a percibir una indemnización ante la próxima aprobación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, “que va a quitar competencias a los ayuntamientos y, por lo tanto, obligará a cerrar servicios municipales”.
Al igual que los socialistas, Nueva Canarias ha pedido el cese del coordinador general de Presidencia y Seguridad, Claudio-Alberto Rivero, y del director general de Recursos Humanos, José María Cabrera, por sus “amenazas y coacciones a los trabajadores municipales”. Pedro Quevedo, portavoz del grupo nacionalista, ha recordado que el cambio de vínculo laboral cuenta con informes negativos de la Secretaría General y de la Intervención y ha acusado al PP de enturbiar las relaciones laborales en la corporación, de “poner en riesgo” los empleos de los trabajadores municipales y de generar inseguridad jurídica e inestabilidad.
Para Nardy Barrios, concejal de Compromiso, los populares han llevado a cabo una “huida hacia adelante” con la aprobación de los presupuestos y la plantilla tan sólo cuatro días después de que una sentencia tumbara la medida más polémica de la relación de plazas. La obcecación del grupo de gobierno por acometer el cambio de vínculo ocasionará “un grave perjuicio por costes y por conflictividad” en el Ayuntamiento, ha advertido Barrios.
''Homilía navideña'' de Cardona
Una vez finalizada la votación sobre los dos asuntos de urgencia llevados al pleno de este viernes, el alcalde capitalino, Juan José Cardona, tomó la palabra para arremeter contra los grupos de la oposición y los sindicatos por difundir mensajes “apocalípticos y falsos de absoluta falsedad”. El regidor defendió que la RPT era un objetivo inaplazable y que la única crítica que ha recibido se refiere a “una cuestión jurídica, formal, pero no a su diseño o distribución”.
La última intervención del alcalde irritó a la portavoz socialista, Isabel Mena. ''Si quiere una homilía navideña sin abrir el debate, se va a la sala de prensa, pero no lo hace aquí en el pleno. Es antidemocrático“, concluyó.
