El PSOE acusa al presidente de la comisión de investigación de las mascarillas de filtrar un borrador para tratar de manchar a Ángel Víctor Torres

El presidente de la comisión de investigación de las mascarillas y diputado de AHI, Raúl Acosta.

Canarias Ahora

22 de septiembre de 2025 14:01 h

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El PSOE ha acusado este lunes al diputado de AHI Raúl Acosta, presidente de la Comisión de Investigación material sanitario para los efectos de la COVID de filtrar el borrador del informe final para manchar al ministro Ángel Víctor Torres. “Han filtrado el borrador de un informe, antes de que la ponencia lo trabajase, como si fuese algo definitivo con una evidente intención política: ir contra el PSOE canario y contra Ángel Víctor Torres”, ha destacado el partido en sus redes sociales.

“¿Quién firma el borrador?” Se pregunta el PSOE, “¿un funcionario de la administración pública? No, el presidente de la comisión, Raúl Acosta, diputado de AHI, que apoya a Coalición Canaria y al PP”, advierte el partido.

En declaraciones en el Parlamento de Canarias recogidas por EFE, el diputado Sebastián Franquis ha dicho que  está preocupado por la filtración del borrador elaborado por el presidente de la comisión que investiga la compra de material sanitario durante la pandemia, y cree que socava el prestigio de la institución, por lo que ha pedido que se asuman responsabilidades.

Franquis ha asegurado que lo sucedido “daña la credibilidad de la institución, socava el prestigio y deslegitima las conclusiones finales de la comisión”, que tendrán que ser aprobadas por el pleno de la Cámara.

Raúl Acosta ha dicho a la agencia EFE después de que el informe se filtrara al periódico El Día que el borrador considera que la responsabilidad política no quedó saldada con la destitución como director del Servicio Canario de la Salud de Conrado Domínguez.

El diputado de AHI ha dicho también en esas declaraciones que “no podemos colgarnos las medallas” por lo que sale bien y, a la vez, “rehuir la derrota”, y ha añadido que en la comisión se trata de buscar si hay responsabilidad política, no penal, ya que esta última corresponde decidirlo a los tribunales de Justicia.

Cree que lo relevante desde el Parlamento regional es buscar soluciones para que, como ocurrió durante la pandemia, no se paguen cuatro millones de euros a una empresa que incumplió en la entrega de mascarillas y, tras reconocer que en momentos de crisis como aquel siempre habrá errores, ha insistido en que lo que hay que hacer es adoptar medidas para tratar de evitarlos.

En el borrador de informe, Raúl Acosta recomienda modificar la Ley de Contratos del Sector Público, algo que compete al Gobierno central, para que, aunque se permita actuar de inmediato en situaciones de emergencia, se fortalezcan los requisitos de justificación documental.

Por su parte, el socialista Sebastián Franquis ha incidido en que lo que se apunta en ese borrador no es nuevo y ya lo decía el presidente de la comisión de investigación, Raúl Acosta (AHI) “dos meses antes” de que se constituyera, esto es, que no había responsabilidades penales pero sí políticas.

Para Franquis, todo responde a intenciones previas al desarrollo de la comisión y a la intención de los grupos del Gobierno y los que lo apoyan de convertir esa cuestión en el “caso Torres”.

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