Sánchez se distancia de los informes de Responsabilidad Fiscal y reitera su compromiso con el descuento residente
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha declarado este miércoles en que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) “no habla en nombre del Gobierno” en el informe en el que cuestiona el sistema de bonificaciones al transporte aéreo y marítimo de ciudadanos extrapeninsulares.
Así se ha expresado en respuesta a una pregunta sobre este asunto durante su comparecencia tras su reunión con el Rey Felipe VI en Marivent (Mallorca). Sánchez ha remarcado que el mismo nombre de la Airef indica que “es una autoridad independiente”, y puesto en valor otros estudios realizados por el organismo sobre la eficacia de políticas públicas.
En cuanto a la posibilidad de modificar el sistema de descuentos que disfrutan baleares, canarios, ceutíes y melillenses, Sánchez se ha limitado a señalar que el Gobierno estatal “ha mantenido vigentes sus compromisos” con la movilidad de estos territorios. “No lo hemos hecho sólo de palabra”, ha defendido, en alusión al aumento del porcentaje subvencionado, introducido en los últimos años.
En julio, la Airef hizo públicas las conclusiones del estudio 'Infraestructuras de transporte' de la segunda fase del Spending Review. El análisis constata un aumento del 12% en el precio de los billetes para volar entre Baleares y la península tras ampliarse la subvención al transporte aéreo de residentes de territorios extrapeninsulares.
En el documento, la Airef propone sustituir la subvención actual del 75% del precio del viaje por una subvención de cuantía fija para cada una de las rutas, así como “estudiar mecanismos para lograr una distribución más igualitaria de la subvención por niveles de renta de las ayudas públicas a la movilidad de los territorios extrapeninsulares”.
Tras publicarse este informe, el portavoz del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, dijo que el Ejecutivo regional seguirá apostando por la defensa del 75% de descuento, pero que se deberán “corregir las anomalías que hayan podido producirse en los precios o en el uso de esta bonificación” y que “a lo mejor, hay que pensar” en lo de vincular alguna parte de la subvención a la renta.
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