Vox vuelve a desmarcarse de la condena a la violencia machista en el Ayuntamiento de Las Palmas

El pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha aprobado este viernes un acuerdo declarativo con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, conmemorado el pasado 25 de noviembre, para reiterar su compromiso firme en la erradicación de todas las formas de violencia machista. El acuerdo ha sido suscrito por los grupos políticos Socialista, Popular y Mixto, con la excepción de Vox.

El acuerdo declarativo recuerda que el 25 de noviembre constituye una jornada de memoria, denuncia y compromiso, destinada a honrar a las mujeres asesinadas por la violencia machista, acompañar a las supervivientes y a sus familias, y renovar la determinación colectiva de avanzar hacia una sociedad libre de violencia para todas las mujeres y niñas.

El texto subraya que la violencia de género representa “la manifestación más extrema de la desigualdad”, al constituir una violación de los derechos humanos y un ataque directo a los valores democráticos. Se trata de una violencia estructural dirigida contra las mujeres por el mero hecho de serlo, cuya erradicación constituye una responsabilidad ética e institucional.

El acuerdo destaca la reciente renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aprobado en febrero de 2025 en el Congreso de los Diputados con amplio respaldo parlamentario. Este nuevo marco amplía el número de medidas de 290 a 462, incorporando nuevas formas de violencia como la económica, digital o vicaria, y refuerza la dotación presupuestaria hasta 1.500 millones de euros para los próximos cinco años.

Asimismo, el texto municipal recuerda que en septiembre el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de violencia vicaria, que tipifica por primera vez en Europa esta forma de violencia como delito autónomo. La violencia vicaria constituye “la expresión más cruel de la violencia machista”, dirigida a causar daño a las mujeres a través de sus hijas e hijos, y su abordaje legislativo ha sido calificado como un “clamor social”.

A lo largo de este año, 40 mujeres han sido asesinadas en España por violencia de género y, desde 2003, la cifra asciende a 1.335. En 2025 también han sido asesinados tres menores, alcanzándose los 65 casos desde 2013. En cuanto a niñas y niños huérfanos por violencia machista, este año se registran 20, sumando 489 desde 2013.

La declaración enfatiza que los municipios desempeñan un papel esencial en la prevención, protección y acompañamiento a las víctimas, y que garantizar entornos seguros y libres de violencia constituye una responsabilidad irrenunciable de las administraciones públicas.

Adopción de acuerdos institucionales

Con esta declaración, el Ayuntamiento reafirma su compromiso con la lucha contra la violencia de género en todas sus manifestaciones y rechaza los discursos negacionistas que buscan deslegitimar los derechos feministas, defendiendo la igualdad real y la libertad de todas las mujeres. 

La Corporación respalda las iniciativas de sensibilización y educación en igualdad y prevención de la violencia, con especial atención a la infancia, la adolescencia y la juventud, y se compromete a implementar, dentro de sus competencias, las acciones contempladas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género aprobado este año. Además, reafirma su colaboración con el tejido asociativo que trabaja por la igualdad y la erradicación de la violencia machista.

El Ayuntamiento continuará con la incorporación de Puntos Violeta en fiestas y eventos de la ciudad, ofreciendo información y acompañamiento especializado, y generando espacios seguros libres de violencia y discriminación. Asimismo, impulsa la aplicación efectiva de la Ley 10/2022, de Garantía Integral de la Libertad Sexual, reforzando la atención integral a las víctimas, la formación del personal público y la coordinación entre servicios, e instando a las administraciones competentes a evaluar y fortalecer su cumplimiento.

La Corporación defiende también el derecho a la educación afectivo-sexual en todas las etapas educativas e insta al Gobierno de España y a los grupos parlamentarios a avanzar en una ley integral contra la trata de seres humanos, alineada con el Plan Camino, y a reforzar medidas como los itinerarios de inserción laboral para mujeres víctimas de trata, explotación sexual o prostitución.