Real Decreto Ley 16/2012: ¿Reforma o apartheid?

Hace unos meses, la entrada en vigor de una ley dejó a miles de personas que viven en España sin atención médica y a otros muchos viviendo con la incertidumbre de no saber a qué servicios sanitarios tienen derecho.

El Real Decreto Ley 16/2012 aprobado el 20 de abril de 2012 por el gobierno de Mariano Rajoy, establece que, todos los españoles, así como los ciudadanos extranjeros que tengan establecida su residencia en el territorio nacional, son titulares del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria.

Según el texto, las mujeres extranjeras tienen derecho a asistencia sanitaria pública durante el embarazo, parto y postparto y los extranjeros indocumentados menores de 18 años recibirán asistencia sanitaria gratuita “en las mismas condiciones que los españoles”. Los adultos deben ser atendidos en caso de “urgencia, enfermedad grave o accidente”.

En el caso de Canarias, el Gobierno regional ha publicado una orden por la que se acuerda la puesta en marcha de las actuaciones en materia de promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y la prestación de asistencia sanitaria dirigidas a personas extranjeras no autorizadas.

La consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Brígida Mendoza, ha afirmado que en el Archipiélago no constan reclamaciones de inmigrantes irregulares sobre falta de atención sanitaria tras casi un año de aplicación del Real Decreto de reforma de acceso al sistema sanitario.

Lo cierto es que muchas veces por miedo, desconocimiento o por la barrera lingüística, estas personas no pueden o no saben dónde acudir a presentar sus quejas.

Tarjeta especial sanitaria

Son muchas las críticas que ha recibido la tarjeta especial sanitaria puesta en marcha por el Gobierno de Canarias para atender a las personas inmigrantes que se han visto privadas de su tarjeta sanitaria.

“No está funcionando”. Es la frase más repetida por varias ONG, como Médicos del Mundo o Acción en Red cuando son preguntadas por este asunto. El principal obstáculo son los requisitos que estas personas deben cumplir para adquirirla:

- Ser mayor de edad.

- Estar empadronado en un ayuntamiento canario con una antigüedad igual o mayor a un año.

- Presentar un certificado acreditando no disponer de ingresos en España o en el país de origen o procedencia superiores o en cómputo anual al indicador público de renta de efectos múltiples (532 euros mensuales).

- Una copia de la declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas del último ejercicio fiscal del solicitante y de los miembros de la unidad familiar.

- No tener la condición de asegurado o beneficiario del Instituto Nacional de la Seguridad Social o del Instituto Social de la Marina, ni exportar el derecho a la asistencia sanitaria desde el país de origen o de procedencia.

- No tener suscrito un convenio especial para recibir asistencia sanitaria.

Uno de los problemas a los que se enfrentan los solicitantes es que en sus países de origen no existen algunos de los documentos que exige la Consejería de Sanidad. Además, tienen que costear de su propio bolsillo el envío de la documentación.

Una vez superados los trámites para adquirir la tarjeta, estas personas obtienen derechos sanitarios limitados. El ejemplo más ilustrativo es que no tienen derecho a la prestación de Farmacia ambulatoria, por lo que deberán abonar el 100% de los medicamentos.

Brahim, obligado a mendigar

De origen saharaui, pero con pasaporte marroquí, Brahim sufrió un accidente laboral en Gran Canaria, donde reside desde 1990. Tiene una válvula en el corazón y la tensión alta, lo que le obliga a tomar una gran cantidad de medicamentos al día para sobrevivir.

Tras la reforma sanitaria a Brahim le fue retirada la tarjeta sanitaria y ahora sobrevive gracias a que su doctora le guarda los medicamentos que van sobrando. Al no tener un contrato de trabajo, no tiene derecho a obtener la tarjeta especial sanitaria. Debido a su delicado estado de salud, Brahim tiene que someterse a controles médicos cada 15 días.

La visita diaria a Cáritas y la ayuda de su médico se han convertido en la cuerda a la que agarrarse para seguir adelante.

Martha, no sabe qué cantidad debe pagar

La madre de Martha es de Uruguay. Sufrió una caída en la calle por la que se fracturó el fémur y fue trasladada a urgencias donde fue operada de urgencia. Unos días más tarde, Martha nos cuenta que recibieron en su casa una carta de Gerencia en la que decía que tenían que pagar por los servicios sanitarios, desde el traslado en ambulancia hasta el ingreso en el hospital.

Una semana más tarde, la madre de Martha fue trasladada en ambulancia para la revisión postoperatoria. Al tratarse de un traslado no urgente, Martha firmó un documento en que se comprometía a pagar los gastos, pero nadie supo decirle cuánto tenía que pagar.

Martha es la única que tiene ingresos en su casa. Cobra mil euros y tiene que hacer frente a una hipoteca que representa más de la mitad de su sueldo.

A día de hoy, sigue esperando una carta en la que se le indique qué cantidad debe abonar.

Denis, perdió sus derechos en un avión

Denis es del Congo pero posee pasaporte francés. Sufre graves problemas de espalda y una lesión en el menisco debido al esfuerzo físico que requerían los trabajos que desempeñó al llegar a la Isla en el año 2007 y que hacen que tenga que andar con la ayuda de una muleta.

Hace dos años viajó a África por trabajo y al regresar a Gran Canaria descubrió que le habían retirado la tarjeta sanitaria.

Gracias a que tiene la ciudadanía francesa, Denis pudo tramitar en apenas 48 horas la tarjeta sanitaria europea, aunque aún no sabe por qué le fue retirada su tarjeta al volver de viaje.

Lamine, sin trabajo, sin derechos

Lamine llegó en patera hace tres años a la costa grancanaria. Desde hace nueve meses vive en el piso de acogida de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). Tras la reforma de la Ley, Lamine perdió su tarjeta sanitaria. Aunque durante su estancia en Canarias no ha tenido que acudir al médico, en diversas ocasiones ha intentado solicitar una nueva tarjeta, aunque al carecer de contrato laboral no tiene derecho a ella.

El tiempo de estancia en un piso de acogida de este tipo es limitado. Cuando cumpla 12 meses allí Lamine, tendrá que irse.

Cuando tu nombre pesa más que tus derechos

Tras la aprobación de la reforma, el Servicio Canario de Salud, dependiente de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, retiró, durante los últimos seis meses del año pasado 52.229 tarjetas sanitarias a ciudadanos extranjeros.

El argumento del ejecutivo canario es que la mayoría de los afectados ya no residen en el Archipiélago, aunque según Jenny Sadhwani, responsable del área de inmigración de la ONG Acción en Red, todo apunta a que ese dato no ha sido comprobado y que lo único que se sabe es que son personas con nombre y apellido extranjero.

En la actualidad, se desconoce el número de personas que se han quedado sin prestación sanitaria a pesar de tener derecho a ella.