La Sanidad canaria sigue en la UVI: largas listas de espera, falta de personal y de camas

El sistema canario de salud siempre ha estado en el punto de mira social y político en las Islas, pues su gestión y funcionamiento es de los que más directamente incide en la población. Por primera vez desde 1993, la Sanidad de las Islas está en manos del PSOE tras casi un cuarto de siglo siendo dirigida por nacionalistas y conservadores. ¿Ha supuesto realmente un cambio en un sistema permanentemente cuestionado y sumido en el caos?

A escasos días del primer Debate sobre el estado de la Nacionalidad de la IX Legislatura no parece que el hecho de que la ideología socialista se haya instalado en la dirección sanitaria del sistema público canario haya mejorado sustancialmente el rumbo del mismo. Al menos, así lo asegura el vicepresidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias (ADSPC), el también socialista Guillermo de la Barreda: “Hay muchas promesas, pero hechos, pocos realmente porque el Gobierno no está cogiendo el toro por los cuernos”.

Unas palabras que no deben sentar bien ni al consejero, Jesús Morera, ni a la vicepresidenta, Patricia Hernández, que hace un año, durante la campaña electoral, afirmó que, al llegar al Gobierno, “vamos a poner al paciente en el centro del sistema sanitario”, desarrollando el Plan de Urgencias y potenciando la Asistencia Primaria, entre otras cuestiones.

Hernández insistía en que los socialistas solucionarían de una vez la gestión de un servicio público que se había ido deteriorando desde que en 1994 se transfirieron las competencias sanitarias a la Comunidad Autónoma porque la Consejería nunca había sido dirigida por un representante del PSOE de Canarias, toda vez que el último consejero socialista fue Julio Pérez, que en 1993 fue descabalgado del gabinete cuando Jerónimo Saavedra perdió la moción de censura que le interpuso su socio nacionalista Manuel Hermoso.

“Se ha estado destinando mucho dinero para la sanidad privada y se ha invertido poco en mejorar la prestación de la sanidad pública”, decía en marzo de 2015 la actual vicepresidenta del Gobierno de Canarias. Un año después, lo cierto es que Canarias es la tercera comunidad autónoma que más presupuesto para la salud destina a conciertos sanitarios con la sanidad privada: 271 millones de euros. El Archipiélago, según el estudio elaborado por el Instituto para el desarrollo e integración de la Sanidad, se sitúa con un 10.5% por detrás de Cataluña y Madrid, con un 10.6% ambas.

Según la ADSPC, esto sucede porque Canarias es “un caso particular”, toda vez que “ha sido Coalición Canaria la que se adelantó al PP en la furia privatizadora, potenciando la sanidad privada mediante el dinero público de los conciertos o convenios singulares” con Hospiten, cuyo propietario es Pedro Luis Cobiella, uno de los principales valedores de la Agrupación Tinerfeña de Independientes (ATI) desde sus inicios y, después, de Coalición Canaria (CC).

No es de extrañar, por tanto, que el presidente de la Asociación, Jorge Bethencourt, pida que esos 217 millones de euros se inviertan en la sanidad pública, algo que no sucede porque según el máximo responsable de esta plataforma, “no hay voluntad política porque poco a poco se vaya destinando el dinero del sector privado al público, si no que al contrario, se mantiene más o menos el porcentaje y somos la comunidad que más crece en derivaciones y conciertos con el sector privado”.

Es decir, que “si queremos tener un buen sistema sanitario, debemos tener una ley que blinde la Sanidad”, como sentencia De la Barreda.

Diagnóstico y recetas

¿Y cuál es el diagnóstico del paciente y qué remedios receta la ADSPC para sanarlo?

Pues los profesionales consideran que de forma prioritaria “se debe potenciar la Atención Primaria y también la Especializada” en los Centros de Salud, “dotándolos de los correspondientes recursos materiales y humanos de los que actualmente carecen”. Asimismo, es “fundamental” que los centros, servicios y establecimientos de entidades privadas “dejen de ser objeto de conciertos o convenios singulares, dedicándose los fondos públicos a los centros del sector público para reducir las listas de espera y consiguientemente el tiempo de la misma”.

Además, “potenciar la infraestructura de los servicios de Salud Pública, en cuanto a prevención y control de enfermedades infecciosas y parasitarias, mejorando la higiene alimentaria y la salubridad ambiental, así como para la prevención de la siniestralidad en el lugar de trabajo y de las drogodependencias”.

Por último, creen que los órganos de participación social en la gestión del Servicio Canario de la Salud (SCS) “deben salir de su hibernación, siendo activados para que la ciudadanía pueda aportar respecto a la orientación y evaluación de los servicios sanitarios” como se establece en la Ley General de Sanidad de 1986 y en la propia Ley de Ordenación Sanitaria de Canarias de 1994, dos textos que según la ADSPC, “no se cumplen”.

De momento, el consejero Morera está de acuerdo con el diagnóstico, pero cifra toda la recuperación en el Plan de Urgencias, que tiene previsto entrar en el Parlamento en el mes de junio, poco antes del período inhábil estival de la Cámara regional.

Tras presentar el borrador del Plan de Urgencias a los miembros de los sindicatos representados en la Mesa Sectorial afirmó que la “masificación” existente se debe al “drenaje de los pacientes” que salen de las urgencias cuando son atendidos, “bien hacia las plantas de hospitalización, bien hacia centros concertados o a su casa”.

Así, avanzó que la solución a esta situación pasaría, “en gran parte, en resolver los problemas que se tiene en Atención Primaria”, porque muchos pacientes van directamente a los hospitales sin pasar por Atención Primaria.

“Creemos que un porcentaje importante del problema se resolvería mejorando la atención que damos en Atención Primaria, ya que hay varios picos de llegada de enfermos, uno muy importante, entre las 12.00 horas y las 16.00 horas, que es cuando no están funcionando los servicios de urgencias de Atención Primaria”, apostilló.

Y eso que, con todo, solo en el año 2015 se realizaron 1,9 millones de atenciones urgentes en la sanidad pública canaria, siendo 1,2 en Atención Primaria y algo más de 606.000 en los hospitales, de las cuales un 11,8% necesitó ingreso hospitalario.

Un problema que se agrava, como ha denunciado en el Parlamento Casimiro Curbelo, portavoz de Agrupación Socialista Gomera (ASG), en las islas no capitalinas donde hay que sumar la falta de especialistas, haciendo hincapié en el gasto económico y de tiempo que conlleva la obligación de desplazarse hasta los hospitales de referencia, ubicados en Tenerife o Gran Canaria.

“Las consultas online se hacen sólo en La Palma y pueden ayudar a solucionar el problema en La Gomera y El Hierro, igual que la posibilidad de desplazar especialistas para que, en días puntuales, atiendan las consultas que puedan haber en las islas no capitalinas, tal y como se hace actualmente en Lanzarote o Fuerteventura”, afirmó el también presidente del Cabildo de La Gomera.

Una situación que se va a solucionar en Fuerteventura con los pacientes de oncología.

Las listas de la deseperación

Y a estos problemas hay que sumar las elevadas tasas de Lista de Espera que hay en las Islas, hasta el punto de convertirse en auténticas Listas de Desesperación para los canarios y que Nueva Canarias (NC), denunció que ascendían a 88.000 personas en listas quirúrgicas, consultas externas y pruebas diagnósticas complementarias. Como demostración de esta situación “escandalosa” se puede analizar el informe del Defensor del Pueblo referido al año 2015, en el que aparece el caso de una paciente que acreditó que llevaba casi dos años (22 meses) esperando a ser operada en el servicio de Traumatología y Ortopedia del Hospital Universitario de Canarias (HUC). La Consejería de Sanidad no solo confirmó la veracidad de ese retraso, sino que además precisó que la paciente tendría que esperar aún más, porque había antes “otros pacientes con mayor antigüedad e igual prioridad en la lista de espera”. Otra de las demoras sanitarias que Soledad Becerril destacó en su informe, es la referida a los tres años y medio que se tienen que esperar en el Hospital Doctor Negrín de Las Palmas de Gran Canaria para una cirugía de reducción de estómago.

Aunque es justo reconocer que fue el Diputado del Común, Jerónimo Saavedra, quien ya en el año 2012 alertó en sede parlamentaria de lo que calificó como “realidad insufrible para la ciudadanía”, la “mala gestión que reflejan las abultadas listas de espera”.

Según el último dato disponible, de junio de 2015, 30.584 canarios esperaban por una intervención quirúrgica, 20.646 personas aguardaban por una consulta con un especialista médico y 36.716 canarios, por una prueba diagnóstica. El propio Morera afirmaba en enero que era muy posible que hayan subido en los últimos seis meses.

“Nos preocupan principalmente dos cuestiones: las pruebas diagnósticas que estaban muy retrasadas (resonancias y ecografías) y los tratamientos oncológicos”, aseguró. Y hasta ahora.

En solo nueves meses no se pueden hacer milagros, es cierto, pero los problemas se mantienen y la Sanidad canaria continúa apuntada a varias listas de espera: falta de personal sanitario y de camas y descoordinación en la gestión política del SCS.

Y es que poco se puede hacer con un presupuesto que solo crece unos “escasos”, como apuntó el propio consejero de Sanidad, 25 millones de euros respecto al año 2015, es decir, un incremento del 0,96%, lo que impide reducir las listas de espera, la saturación de las urgencias, la mejora de las infraestructuras y equipamientos y la planificación eficiente de los recursos humanos y materiales, pues, como aseguró en su momento la portavoz parlamentaria de Podemos, Noemí Santana, “sube menos que el IPC”.

Y es que hasta el Plan de Urgencias que el consejero blande como el Bálsamo de Fierabrás que podrá comenzar a sacar a la Sanidad pública canaria de su colapso y “mala imagen”, lo cierto es que, como afirma De la Barreda, esa medicina “no tiene ficha financiera”. Una tesis que rebate el consejero, al asegurar que “llevará su ficha presupuestaria”, que se dividirá cronológicamente en los cuatro años de legislatura, y que irá aumentando en los sucesivos presupuestos.

Sin embargo, todo parece indicar que, de nuevo, la Sanidad canaria será un ariete con el que los grupos de la oposición arremeterán a finales de marzo contra el Gobierno que preside Fernando Clavijo a la hora de analizar el primer año del Ejecutivo regional.