No es serio este cementerio
En casi todo lo relacionado con la adjudicación del servicio de cementerios se repiten algunas de las constantes de este tipo de operaciones cerradas por el Ayuntamiento de Santa Cruz. Irregularidades, sospechas de todo tipo o los mismos grupos y nombres que revolotean alrededor de los grandes negocios. Ahora una auditoria determinará si lo denunciado por la formación política Sí se puede es cierto o no.
La investigación deberá centrarse en el pago de cantidades millonarias a una empresa por una tasa de cuya base legal se tienen serias dudas, de hechos como que quien era concejal de Cementerios cuando se decidió la adjudicación luego aparezca como gerente de la concesionaria, de cambios unilaterales en las condiciones acordadas, de subcontratas misteriosas y, por supuesto, como casi siempre, de que el gran perjudicado siga siendo el interés general.
El servicio para el mantenimiento de los siete cementerios que hay en Santa Cruz fue adjudicado a la empresa Cetensa en 1994 por un período de treinta años cuando era alcalde José Emilio García Gómez. Apenas una década después el Servicio de Control y Gestión de Servicios Públicos elabora un contundente informe en el que prácticamente no deja títere con cabeza y saca a la luz multitud de irregularidades.
Una de ellas es la cesión del Tanatorio durante 75 años, más del doble del resto de la concesión. La excusa era que esta empresa había asumido con fondos propios su construcción. Pero lo cierto es que en el contrato se dejaba claro que la ejecución del edificio era una obligación suya y que además esta oferta se tuvo en cuenta a la hora de decidir la adjudicación. Los informes técnicos apuntaron que se debía realizar previamente un estudio económico para determinar los pros y los contra de las variaciones de este acuerdo, pero lo cierto es que jamás se llegó a realizar. En principio se estima que los beneficios que obtiene el Ayuntamiento por la construcción del Tanatorio son mínimos en comparación con lo que hubiese ocurrido si se hubiera mantenido el acuerdo inicial.
La adjudicación para la gestión de los camposantos de Santa Cruz es objeto de sospechas casi veinte años después de haberse acordado.
Igual de grave es la existencia de varios informes de Intervención en los que se apunta que en realidad la Corporación local nunca debió abonar las conocidas como tasas de mantenimiento y cuyo concepto en realidad no existe. “Este es uno de los aspectos más polémicos porque se está hablando de unas tasas que debe pagar el Ayuntamiento pero que nadie sabe muy bien qué son. En el pliego se deja claro que la propia empresa debe autofinanciarse y la Corporación local no tiene porqué pagarle cantidad alguna”, indica el concejal de Sí se puede Pedro Arcila, quien durante los últimos meses ha denunciado este asunto. La última vez, en el pleno que recientemente celebró la Corporación local y donde al final el grupo de gobierno dio el brazo a torcer y decidió aceptar que se realice una auditoría para conocer el funcionamiento real de este servicio.
El Ayuntamiento inició en el año 2001 una huelga de pagos, basándose en los informes de Intervención y por ello en 2005 la empresa impulsó una serie de reclamaciones para cobrar más de cuatro millones que con los intereses se situaron en 5,5. De forma paralela Cetensa transmitió una concesión por 99 años a otras empresas por la gestión de 5.500 unidades mortuorias o nichos, lo que implicó unos ingresos para esta concesionaria de 14 millones de euros. “Nadie se explica cómo es posible que la concesión sea de treinta años y sin embargo esta empresa se haya empeñado en hacer subcontratas por más tiempo. Eso es algo claramente irregular”, indica Arcila.
Cementerio de Santa Lastenia, en Santa Cruz de Tenerife.
También existía un compromiso para ejecutar determinadas obras que nunca se llegó a cumplir y que supuso que se dejaran de invertir alrededor de cinco millones de euros. La justificación ofrecida desde Cetensa y avalada en parte también por los informes es que efectivamente el hecho de que un número creciente de gente opte por la incineración en vez del enterramiento ha hecho innecesaria la ejecución de ciertas actuaciones. Pero incluso así las cuentas no acaban de cuadrar. “Si existe ese cambio el Ayuntamiento tiene que establecer nuevas exigencias o modificar las condiciones. Eso es algo que se suele hacer con normalidad y cierta frecuencia en este tipo de contratos”, dice el concejal.
En este contundente informe del Servicio de Control se apunta que el cálculo del presupuesto de las obras realizadas corrió a cargo de la propia Cetensa. Y es que la compañía encargada de ejecutar estas actuaciones es Jomavaro SA, una empresa que desde Sí se puede se relaciona con Coalición Canaria (CC). De hecho en el Consejo de Administración figuró al menos hasta hace algunos años Valeriano de Armas Felipe, que era concejal de Cementerios en el momento en el que se llevó a cabo la adjudicación.
Más llamativo aún es que tras abandonar la actividad política el exconcejal asumiera la gerencia de Cetensa, empresa beneficiada con este suculento contrato. Arcila cree que del informe realizado en 2005 se puede deducir que existe la posibilidad de que el coste de las obras se infló de forma artificial por parte de Jomavaro. La compañía fue sustituida en estas labores a otra anterior que se iba a ocupar de los mismos trabajos y que pertenecía a Cetensa. Este fue otro factor de peso para que el resultado final del concurso se decantara a su favor.
El concejal que llevaba Cementerios cuando se adjudicó este servicio trabajó como gerente en Cetensa y luego en una empresa afín.
Una vez detectada toda esta larga serie de irregularidades e incumplimientos, Arcila presentará en el mes de septiembre un informe sobre el que luego se pueda realizar la auditoría acordada por el pleno. “Porque esto puede acabar como una anterior inspección llevada a cabo por una persona sin conocimientos, que era licenciada en derecho, que jamás había realizado este tipo de informes y cuyo contenido es bastante lamentable. A grandes rasgos lo que viene a decir es que la empresa cumple con el criterio de tener un libro de reclamaciones y tonterías por el estilo. Pero no se entra en las cuestiones de fondo, ni en todas las irregularidades que se denunciaron en el año 2005 y que todavía siguen en el aire porque nadie las ha podido desmentir de forma rotunda”.
De hecho, Arcila cree que los incumplimientos han aumentado en todo este tiempo hasta el punto de que se han llegado a subcontratar la práctica totalidad de los servicios y además sin que el Ayuntamiento reciba cantidad alguna por ello. “Por el mayor negocio que hay ahora mismo como es el Tanatorio nosotros no recibimos ni un duro a pesar de que está situado sobre suelo municipal”. De hecho, el concejal de Servicios Municipales, Dámaso Arteaga, se comprometió durante el pleno a intentar cobrar por la gestión de este espacio, un asunto que es recibido con ironía por parte de Arcila. “No se han movido durante los dos años que llevan en el Ayuntamiento y ahora dicen que van a hacerlo todo de golpe”, señala. Arteaga además discrepó del concejal y considera que el acuerdo para construir el Tanatorio fue favorable a los intereses generales.
El concejal de la oposición propuso al pleno cinco acciones concretas para poner fin al “pelotazo de manual” que, según el edil, se viene produciendo desde hace años en torno a la concesión y que, según denunció, ha generado pérdidas millonarias a las arcas municipales. A través de la moción que fue aprobada, Arcila apuesta por la realización de una auditoría para ver si procede la resolución del contrato con la empresa Cetensa Canarias, SA o la apertura de expediente sancionador por presuntas infracciones al pliego de condiciones o a la normativa sobre contratación pública. Un punto de vista que fue aceptado por el grupo de gobierno después de intentar vagamente defender a la concesionaria. Además, en la moción se pedía solicitar dos informes a Hacienda y a Intervención para que cuantifiquen el perjuicio económico que han supuesto estas actuaciones.
El concejal asegura haber comprobado la existencia de más de una docena de graves irregularidades en este servicio, las cuales están suponiendo un enriquecimiento de la empresa concesionaria y de las subcontratadas. Este beneficio “es financiado por el erario como consecuencia de una serie de acuerdos y actuaciones municipales” que Arcila reclama que sean revisados con carácter inmediato “para acabar con esta sangría”.
En la Comisión de Control del pasado mes de enero, Arteaga, afirmó no conocer el informe técnico de 2005, por lo que la organización le dio un plazo de seis meses para frenar este suculento negocio, en el que podrían estar involucrados responsables políticos de mandatos anteriores. “Pero transcurrido este periodo, el grupo de gobierno sigue sin actuar para defender los intereses municipales, lo que nos movió a presentar esta moción que ha sido aprobada”, dice Arcila. El resto de las medidas propuestas son las siguientes: evaluar, a la vista del contenido de los informes que se solicitan en la moción, la posible remisión de estas irregularidades a la Fiscalía; proceder de manera inmediata a la recuperación del derecho real de superficie cedido irregularmente a Cetensa y anular la cesión realizada por esta empresa a Inversiones Funerarias Reunidos SRL sobre el Tanatorio; y remitir el informe técnico de 2005 al Servicio Canario de Defensa de la Competencia por la presunta infracción en materia de libre competencia.
Pasar el muerto
A finales de 2010, poco antes de que acabara el anterior mandato, el entonces alcalde, Miguel Zerolo, acordó con la empresa Cetensa el pago de los 5,5 millones de euros que se le adeudaba. El acuerdo implicaba que el abono se realizaría a partir del año 2012, momento en el que habría un nuevo grupo de gobierno, lo que en lenguaje coloquial se puede definir como “pasarle el muerto” a la nueva Corporación.
Así aparece recogido en el convenio suscrito entre Zerolo y el representante de Cetensa que, aunque tiene fecha de primeros de año, fue incluido en el orden del día del pleno ordinario del mes de noviembre de 2010. A cambio de reconocer esta deuda cuyo pago la empresa había exigido en los tribunales, Cetensa se comprometía a retirar el correspondiente recurso judicial. Exactamente en el punto segundo se indica que antes del 31 de diciembre de 2012, momento en el que Zerolo sabía de sobra que no iba a estar en la Alcaldía, se debía intentar llegar a un acuerdo global de renegociación de la concesión y compensación, “en la parte que corresponda, de las cantidades reclamadas”, que suman 5,5 millones de euros entre la deuda principal más los intereses originados.
El excuñado de Zerolo, al que la policía considera su testaferro, ha sido el abogado de la empresa encargada de gestionar el mantenimiento de los cementerios.
Según el acuerdo firmado, ambas partes se comprometían a suspender durante 2010 y 2011 el abono de la tasa de mantenimiento de unidades de enterramiento que había sido acordada en el momento de la adjudicación del servicio. Sin embargo, lo más curioso es que varios informes de Intervención y el realizado por el Servicio de Control, la mencionada tasa de mantenimiento no existe, nunca llegó a cobrarse y fue retirada de la ordenanza fiscal. La consecuencia del acuerdo firmado por Zerolo es que la Corporación a partir de 2012 está obligada a pagar cada tres meses a Cetensa la cantidad de 150.000 euros. Desde ese momento la cifra se va actualizando aplicando la tasa interanual del Índice de Precios al Consumo (IPC) del año anterior. A pesar de que la deuda originada dio lugar a que el Ayuntamiento declarase que no estaba satisfecho con el servicio prestado, como motivo para justificar los impagos, en el convenio se deja claro que la Corporación local “está plenamente satisfecha con la prestación” ofrecida.
La empresa que asumió la prestación por treinta años sostuvo desde un principio en los tribunales que la deuda se viene arrastrando desde 2001, reclamando tres millones de euros como principal, a lo que habría que sumar otros dos de intereses. Según denunció la adjudicataria en los tribunales, esta cantidad incluye los impagos del Ayuntamiento de 2001 a 2006, así como los intereses de demora hasta el mes de septiembre de 2007, ascendiendo las tasas correspondientes al año 2006 a más de medio millón de euros. Por lo tanto, a los tres millones iniciales se le deben seguir añadiendo la tasas de 2007, 2008 y 2009 a razón de unos 600.000 euros al año, más la acumulación de intereses de demora. En la denuncia presentada hace ya casi cinco años se indicaba que en 1998, antes de las elecciones, el Ayuntamiento dejó de pagar la tasa de mantenimiento, con lo cual “se introdujo una modificación en las bases iniciales previstas para la fijación del precio”. Para la empresa, este hecho supuso “una ruptura unilateral de los acuerdos iniciales que presidieron la contratación efectuada”.
El regreso del cuñado
El abogado que ha representado a la empresa Cetensa es curiosamente Luis Rodríguez Muñoz, excuñado del anterior alcalde, Miguel Zerolo, y que ocupa algunos de los miles de folios del sumario del caso de Las Teresitas por los negocios que desarrolló durante años a la sombra del actual senador. Lo cierto es que hay un informe policial de lo más revelador en este sumario en el que se afirma que,“la vinculación familiar, de amistad y de asesoramiento profesional con el exalcalde, la labor profesional ejercida por Luis Rodríguez, junto con las informaciones recibidas por confidentes anónimos y ya expuestas en otro informe hacen de esta persona un posible candidato a ser testaferro del alcalde de Santa Cruz de Tenerife, extremo éste que deberá ser analizado y contrastado a lo largo del presente informe”. En estas investigaciones se recoge lo averiguado por entrevistas con informadores confidenciales, quienes manifestaron que Rodríguez Muñoz había actuado como testaferro del exalcalde en la operación de apertura del Corte Inglés de la Avenida 3 de Mayo, inaugurado el 8 de junio de 2001. Según los informantes, por facilitar los trámites correspondientes Zerolo habría recibido una importante suma de dinero, por mediación de Rodríguez Muñoz, el cual, habría ayudado también a su cuñado a consolidar su patrimonio a través de operaciones de parecida índole.
“Luis Rodríguez Muñoz, de profesión abogado, ha mantenido con el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife una relación laboral de prestación externa de servicios, trabajando como letrado externo de dicho consistorio, si bien y según manifestaciones suyas, esta actividad cesó cuando tomó posesión como alcalde Miguel Zerolo Aguilar, manteniéndose no obstante una relación de amistad y de asesoramiento profesional con el alcalde de Santa Cruz de Tenerife”.
La primera vinculación que surge con Zerolo es su participación en la empresa Promotora San Miguel de la que llegó a ser administrador único en el año 1990 después de que el régimen de incompatibilidades le impidiese al exalcalde seguir asumiendo este cargo.
Junto con su anterior esposa, la hermana del exalcalde, Rodríguez Muñoz dirigió también las empresas Gabinete Jurídico de Tenerife y Rodríguez Zerolo SL que, según los investigadores, experimentaron durante el período analizado, los años 2001 a 2006, un notable incremento en su volumen de negocios que se cifra en alrededor de 250.000 euros. Rodríguez, además, es socio del abogado de Zerolo, Francisco Medina Aceytuno, en la sociedad Haciendas La Palma SL. Este último letrado ocupó el cargo de portavoz del grupo municipal socialista entre los años 1991-95 cuando José Emilio García Gómez era alcalde por la Agrupación Tinerfeña de Independientes (ATI). Abandonó la representación de Zerolo en el caso de Las Teresitas unos años después de iniciarse las investigaciones. Medina Aceytuno también es dueño de la empresa Punta Elena en la que Rodríguez participa con el 64% del accionariado. A este currículum hay que unir la representación legal de la adjudicataria del servicio de cementerios. El círculo se cierra.
