Así es la renta básica defendida por Podemos y Nueva Canarias que veta Coalición Canaria
El desarrollo de una renta básica para la ciudadanía en Canarias propugnado por Podemos y Nueva Canarias no solo no se lleva a cabo, sino que el Gobierno regional incluso ha impedido que se debata en el Parlamento, a pesar de estar reflejada en el artículo 24 del Estatuto de Autonomía. Ambas formaciones propusieron la pasada semana llevar a la Cámara una Proposición no de Ley (PNL) sobre la aplicación de ese instrumento económico, pero el Ejecutivo autonómico impidió siquiera que llegase a la Mesa del Parlamento, paso previo para admitirla a trámite y que entre a una sesión plenaria.
La consejera de Políticas Sociales, Empleo y Vivienda del Gobierno regional, Cristina Valido, justificó el veto por la incertidumbre económica generada por el Brexit o los Presupuestos Generales del Estado, así como el “estrés” que provocaría la aplicación de esta medida en los municipios. Para la secretaria general de la formación morada, Noemí Santana, los argumentos esgrimidos por Valido son “excusas baratas” y su decisión supone una “tropelía y una ”estafa“, pues ”el poder ejecutivo se inmiscuye en el legislativo, al impedir que se tramite una PNL. Luis Campos, diputado de Nueva Canarias ha tildado de “vergonzoso negar la posibilidad de admitir a trámite la posibilidad de debatir en el Parlamento”.
Tanto Podemos como Nueva Canarias consideran que desde hace años es posible el desarrollo y la aplicación de una renta básica para la ciudadanía que sustituya a la vigente Prestación Canaria de Inserción (PCI), al considerar que, aunque en sus inicios fue una herramienta positiva, ha quedado desfasada en la actualidad. Además, el último informe de la Asociación de Gerentes y Directores Sociales ha constatado la poca efectividad de la medida en la sociedad isleña, pues solo el 4,6% de las personas que se encuentran en riesgo de pobreza recibe esta ayuda. Esto ocurre en un territorio en el que la tasa de exclusión social y pobreza se sitúa en el 40% de la población, solo por detrás de Extremadura.
Ambas formaciones persiguen la misma finalidad, aunque con matices que diferencian levemente las propuestas. “Se trata de garantizar que todas las personas en Canarias tengan unos ingresos mínimos”, ha explicado Noemí Santana. Para ello, la formación morada propone una renta mínima de 720 euros como mínimo y 990 como máximo, en función de las unidades familiares que compongan un hogar, que se percibe de manera indefinida. Nueva Canarias defiende una renta mínima que oscila entre los 563 y 812 euros mensuales. En la actualidad, la PCI contempla una renta de entre 412 y 665 euros mensuales, durante un periodo de 24 meses como máximo.
La diferencia principal entre lo que proponen Podemos y NC con la PCI vigente de 2007, y reformada en 2015 mediante un decreto, radica en el concepto. “La PCI ponía el elemento básico de actuación en la inserción laboral, es decir, aquellas personas que no tienen empleo reciben una ayuda para ayudarles a incorporarse al mercado laboral”, explica Luis Campos, pero el instrumento económico que quieren aplicar busca que la ayuda se otorgue en función de los ingresos, independientemente de si el beneficiario trabaja o recibe una pensión.
Desde Podemos detallan en su propuesta la renta la pueden solicitar “las personas en riesgo de pobreza, tengan o no ingresos”. “Es un cambio de paradigma completo fruto de una nueva situación donde antes el que trabajaba difícilmente era una persona excluida. Hoy en día hay miles de personas en Canarias con empleo absolutamente precario, de una inestabilidad importante”, ha remarcado Luis Campos.
Así, esta renta se ampliaría a las personas que reciba algún tipo de ayuda que no alcance un mínimo de ingresos, especialmente los pensionistas, ya sean contributivos o no contributivos, en cuyo caso quedan exentos de condiciones para acceder a la ayuda, pues estas personas ya no volverán a reinsertarse en el mercado laboral.
En este sentido difieren las posturas de Nueva Canarias y Podemos, pues la formación nacionalista fija unas condiciones en prácticamente todos los perfiles solicitantes para poder acceder a la ayuda, como la obligación de insertarse en un programa de búsqueda de empleo o de mejora de su cualificación. La formación morada establece un seguimiento de la situación de la persona que percibe la ayuda, así como atender a los requerimientos necesarios de la administración correspondiente.
Los fondos
Actualmente, el Gobierno de Canarias destina 57 millones de euros para mantener la PCI. Podemos quiere que aumente la partida hasta los 223 millones de euros. Para ello, Santana propone “dar de baja algunos fondos”, como los 100 millones de euros que la Consejería de Hacienda ha destinado a subvenciones a empresas privadas para cursos de inserción laboral; otros 60 millones del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan) destinado a organismos autónomos de los cabildos; 57 millones para entidades sin ánimo de lucro, y 6 millones que estaban en la partida dedicada a imprevistos.
Desde Nueva Canarias plantean mantener los 57 millones de euros que se destinan a la PCI y añadir fondos del Servicio Canario de Empleo, sobre todo los relacionados con programas de formación y de trabajo, o asesoramiento. Otra parte importante para aumentar la financiación de esta medida la recoge de los impuestos. Gravar a las rentas más altas con impuestos de sucesiones o donaciones, el IGIC a la telefonía o el recibo de la luz. “Además, se añaden los fondos que Canarias ha ido consiguiendo en 2017 y 2018 al Estado para luchar contra la pobreza”, manifiesta Campos.
