La división en el PP por la ley del aborto es pública
El flamante anteproyecto de Ley Orgánica de P rotección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada del ministro Alberto Ruiz-Gallardón comienza a resquebrajar la unanimidad en el discurso público del PP. Aunque el titular de Justicia se encargó de desmentir que la reforma de la ley del aborto hubiera generado debate en el seno del Consejo de Ministros, como apuntaban fuentes cercanas al Gobierno, con la propuesta ya en la calle empiezan a oirse voces contrarias dentro del propio partido.
Este jueves ha sido el turno de la delegada del Gobierno en Madrid,Cristina Cifuentes, que ha asegurado que no comparte la opinión mayoritaria de su partido, ya que es partidaria de una regulación de plazos en lugar de la de supuestos.
Cristina Cifuentes, que ha realizado estas manifestaciones en RNE, ha recordado que el texto está en fase inicial y que falta una tramitación parlamentaria en la que puede sufrir modificaciones, y ha recordado que responde al cumplimiento de un compromiso del PP en su programa electoral. Algo similar a lo
De todas formas, Cifuentes sí cree que hay que modificar “la ley socialista”, ya que no comparte aspectos de la misma como que las menores de 16 años puedan abortar sin conocimiento paterno y que también se pueda dispensar como método anticonceptivo la “píldora del día después” sin prescripción médica.
No obstante, ha dicho que personalmente está más de acuerdo con una regulación de plazos, aspecto en el que ha indicado que no comparte la opinión mayoritaria de su partido, aunque ha confesado que “es un tema muy complicado” y que debe aceptar la medida que se ha adoptado.
En una entrevista con la agencia EFE el presidente del PP de Gipuzkoa, Borja Sémper , admite que hay aspectos de la reforma que “no le gustan” y defiende que el proyecto se vote “en conciencia” porque “los partidos políticos no deben ser sectas”. “Hay materias [...] que afectan a cómo entiendes la vida, como es este caso, o cómo entiendes el derecho del no nacido, en las que creo que debe prevalecer la conciencia”, sostiene.
Sémper no cree “en un Estado que se meta en la vida de las personas hasta el punto de imposibilitar tomar decisiones sobre su propia vida”, y llama a “un equilibrio” entre “respetar el derecho de una mujer a decidir sobre su propio cuerpo” y “proteger a quien no puede hacerlo”.
El dirigente popular entiende que hace falta una reforma, aunque añade que “es paradójico” porque se han hecho públicas “informaciones que dicen que el aborto ha descendido en el último año”. En todo caso, considera que el anteproyecto de ley debe “afinar un poco más” en lo relativo al supuesto de malformaciones en el feto: “Hay situaciones muy dramáticas para muchas parejas. Y someterles a un proceso en el que hay que pedir dos opiniones de médicos, creo que es especialmente complicado”, afirma Sémper
La alcaldesa de Zamora y miembro de la directiva nacional del PP, Rosa Valdeón , es otra dirigente popular que ha mostrado recelo ante el anteproyecto de ley del aborto aprobado por el Consejo de Ministros. En su caso las dudas tienen que ver con el tratamiento de las anomalías fetales.
Valdeón ha afirmado que le “preocupa” el tratamiento que da la reforma a la anomalía fetal, que deja de ser en sí misma un supuesto legal y ha asegurado que hay una “reacción social importante” contra ese aspecto. “A nadie se le obliga a abortar”, ha sostenido la alcaldesa zamorana en declaraciones a la cadena SER. “Pero la ley debe favorecer a quienes, por los motivos de grave malformación o riesgo para la salud de la madre, se vean en la obligación de tomar esa difícil decisión”. “Me gustaría que no se hubiera producido esta situación”, añadió, en referencia a que el anteproyecto de ley no recoge el supuesto legal de aborto por malformación fetal (aunque sí autoriza la intervención si la mujer logra demostrar que eso le produce un daño psíquico).
Otro 'verso suelto' del PP en este tema es la vicepresidenta del Congreso, Celia Villalobos. En mayo la exministra de Sanidad en el Gobierno de José María Aznar abandonó el pleno que debatía una moción del PSOE contra la reforma de la ley de plazos vigente. En la tribuna se encontraba la portavoz del PP Beatriz Escudero, que en su alegato contra la propuesta aseguró que las mujeres que abortan en España “son las que menos formación tienen” y señaló que hay más mujeres asalariadas que paradas que interrumpen su embarazo por “presión laboral”. Un día antes el ministro del Interior, Jorge Fernández, había encendido ya la polémica al señalar por la mañana que “algo tienen que ver” ETA y el aborto.
Villalobos se negó a votar la propuesta de paralización de la reforma, y el Grupo Popular le aplicó una multa por no respetar la disciplina de partido, por la que se suele descontar entre 300 y 400 euros de la nómina. “Yo no abro más polémica, yo hago las cosas porque creo que debo hacerlas, pero todo el mundo sabe que después no hago declaraciones ni fomento polémicas”, señaló entonces la diputada.
Pero no es la primera vez que la diputada rompe la disciplina de partido. Villalobos ya contaba con al menos dos episodios similares previos, ambos sobre temas sociales. En 2009 se abstuvo en la votación de una moción planteada en el Pleno por UPN contra la ley que impulsaba el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. En 2005 fue más allá. Levantó ampollas en el partido (y fue sancionada) por votar a favor del matrimonio homosexual.
La vicepresidenta del Congreso ha explicado en una reciente entrevista que no va a manifestarse sobre la nueva ley del aborto porque su posición es conocida, pero advirtió a las legisladoras socialistas que pedían a sus homólogas populares que votaran en contra del poryecto apelando a su condición de mujeres que “ nadie nos dice qué tenemos que hacer”.
