Una funcionaria de la Fiscalía, imputada por participar en una estafa millonaria en Telde
La magistrada del Juzgado de Instrucción número 2 de Telde ha imputado a una funcionaria de la Fiscalía Provincial de Las Palmas por su presunta participación en una estafa millonaria en la venta de inmuebles y coches de lujo. Este juzgado, en colaboración con el equipo de delitos patrimoniales y el grupo de blanqueo de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía, investiga una trama que ha afectado, según los últimos datos, a 80 personas. La cantidad defraudada rondaría los tres millones de euros. La juez Virginia Peña ha levantado el secreto de sumario.
Las pesquisas judiciales y policiales sitúan a la funcionaria de Justicia como cómplice de la empresaria Teresa Velázquez, la principal imputada en la causa, que el pasado 31 de octubre reconoció los hechos en un careo de una hora y media con su marido, también imputado, y asumió toda la responsabilidad de lo sucedido. Tanto la empresaria como su pareja ingresaron en prisión el 24 de septiembre, aunque este último fue puesto en libertad el mismo día del careo.
Según han informado a este periódico fuentes conocedoras del caso, Velázquez solicitaba dinero a sus clientes a través de la empresa Canarias de Gestión de Embargos para supuestamente poder pujar en subastas judiciales y quedarse con inmuebles embargados que después traspasaba. Sin embargo, nunca existió ninguna subasta, ni judicial ni extrajudicial. La empresaria utilizaba “diferentes engaños” para quedarse con el dinero.
En uno de ellos aparece implicada la funcionaria de Justicia , que, según han manifestado varios de los denunciantes, llamaba desde su teléfono a un listado de clientes que le proporcionaba Teresa Velázquez para informarles de que la operación iba “en la dirección correcta”. La trabajadora de la Fiscalía de Las Palmas reconoció en sede judicial que realizó las llamadas, pero su versión sobre el contenido de los mensajes no coincide con la de los afectados. “No sabemos si llamó en su nombre, como favor a Teresa (es lo que ella defiende) o suplantando a alguien del juzgado”, indican fuentes judiciales.
Esta funcionaria, que trabaja en el ámbito de lo penal y no tiene ninguna vinculación con subastas ni con juzgados de instrucción relacionados con las mismas, también figura como denunciante, ya que aportó a Velázquez 28.000 euros para adquirir un inmueble.
Además de Teresa Velázquez, su marido y la trabajadora de Justicia, se encuentran imputados en la causa el hermano de la empresaria, su abogado, la propia empresa, Canarias de Gestión de Embargos, y uno de los denunciantes originarios. El juzgado no espera que se produzcan nuevas imputaciones, aunque sí que a alguno de ellos se les retiren los cargos próximamente.
Coches como ganchos para vender casas
Hasta el momento han declarado ante la juez 66 perjudicados, pero la Policía Nacional remitió la pasada semana 15 nuevos casos a los juzgados. Ni la lista de perjudicados ni la cuantía están cerradas y la UDEF trata ahora de cuantificar el dinero que ya se ha gastado la empresaria del total defraudado. De momento, el juzgado ha bloqueado 120.000 euros de sus cuentas corrientes y le ha embargado dos coches de lujo valorados entre los 40.000 y los 50.000 euros.
Los vehículos eran, precisamente, uno de los ganchos que utilizaba para engañar a los afectados. Compraba coches de lujo y los vendía a un precio inferior al valor de mercado para ganarse la confianza de los clientes. Posteriormente, les ofrecía la posibilidad de adquirir las viviendas embargadas a buen precio y les pedía el adelanto. Perdía dinero en las operaciones de compraventa de vehículos para poder ganar más con los inmuebles.
Velázquez recurría además a otras tretas: el elemento de secreto y los clientes de prestigio. Pedía a los supuestos compradores que guardaran silencio sobre la operación para evitar que les pudiesen quitar las propiedades en subasta. “Hay familias enteras en las que nadie se decía nada”, afirman fuentes judiciales. Para que confiaran en la empresa también nombraba como supuestos clientes a empresarios conocidos o a abogados.
“Los afectados son de toda condición social, desde gente en paro hasta personas con mucho dinero”, señalan las mismas fuentes, que precisan que las cantidades defraudadas van desde los 1.000 euros hasta los 300.000.
A la empresaria se le imputan los delitos de estafa continuada, blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública, ya que no ha declarado lo percibido.
La juez prevé tomar declaración de nuevo en las próximas semanas a 66 afectados y citar a los 15 que todavía no lo han hecho. La causa ya supera los 3.000 folios repartidos en diez tomos. Se espera que sea un proceso largo.
