El Gobierno canario pondrá un refuerzo de personal para agilizar los pagos a las empresas de transporte escolar

El Gobierno de Canarias se ha comprometido a saldar la deuda con las empresas de transporte escolar, que el pasado lunes dejaron sin este servicio a 37.000 estudiantes en el día de la vuelta al cole tras la Navidad al convocarse un paro patronal. El presidente del Ejecutivo, Ángel Víctor Torres, ha garantizado este jueves que el dinero para saldar la deuda de 14 millones de euros contraída con estas empresas desde el año 2012, al no actualizarse los precios al IPC, está garantizado y que se pondrá en marcha un refuerzo de personal para agilizar los pagos. Así se ha expresado tras una reunión mantenida con José Agustín Espino Flores, presidente de la FET, y la consejera de Educación, Manuela de Armas. 

“Hemos tenido una reunión donde hemos puesto sobre la mesa el número de expedientes con la voluntad de poder responder a situaciones que se llevan arrastrando desde 2012 como es la adaptación al IPC”, destacó Torres. Según explicó, hay nueve millones suplementarios en el presupuesto de 2023 para poder abonar esa deuda y este mismo viernes habrá una resolución de la Consejería de Educación sobre uno de los expedientes. 

Se abonará un pago único correspondiente al último trimestre de 2022 y en la factura de enero se prevé que ya figure la actualización en relación al IPC. Para el resto de pagos, “el compromiso es que buscaremos el mecanismo que sea más efectivo”, indicó.

Tanto desde Presidencia del Gobierno como desde la Consejería de Educación han explicado que los retrasos se deben a un problema burocrático, pero que la voluntad ha sido siempre la de buscar un solución. Hay pagos de más de 2 millones, expedientes completos que hay llevar a Consejo de Gobierno próximamente.

“El dinero está y lo que nos pide es que no nos demoremos en que lleguen a las empresas”, dijo Torres, que añadió al término de la reunión que “estableceremos mecanismos extraordinarios para que lleguen cuanto antes porque el dinero está asegurado pero queremos que sean en plazos lo más corto posible”.

Torres también hizo hincapié en que los precios del transporte ahora son más caros, por los costes de combustible y que ahora es más difícil que hace unos años conseguir materiales o una guagua por todos los problemas que tiene Europa con la guerra en Ucrania.

Un calendario de reuniones

Por su parte, el presidente de la FET, José Agustín Espino Flores destacó que existe esa buena voluntad y que el dinero está previsto, pero remarcó que es necesario agilizar los cobros.

Además, apuntó que se han marcado un calendario de reuniones para analizar lo que se ha ido avanzando y la propuesta de “poner todos los medios que fuesen necesarios para que los tiempos de cobro se acorten al máximo posible sin escatimar en ningún gasto para conseguir el objetivo de que los empresarios cobren el dinero que sí existe”, insistió.

La próxima reunión tendrá lugar el próximo 26 o 27 de enero, donde se analizarán los progresos en este sentido. “El presidente ha puesto la carne en el asador para decir que esto se solucione sí o sí”, ha dicho Espino, que reconoció que durante el fin de semana pasado Torres estuvo en todo momento en contacto con la Fet con motivo del paro que se convocó para el día 9 de enero.

Un paro patronal que despertó críticas y demandas de las familias

La Confederación regional de asociaciones de madres y padres de Canarias (CONFAPACanarias) pidió el pasado lunes que se garanticen los derechos de los menores a la educación “considerando como esenciales los servicios de transporte y comedor”. Además, instó a ambas partes a “encontrar una solución definitiva a la mayor brevedad posible”.

CONFAPA recalcó que por este paro más de 37.000 alumnos de las Islas “no tendrán garantizado su derecho fundamental a la educación” porque el servicio de transporte escolar que necesitan para llegar a las aulas es “complementario, al igual que ocurre con los comedores escolares”.

La organización recuerda que el artículo 20 de la Ley Canaria de Educación establece que los servicios educativos complementarios son los instrumentos a través de los que se hace efectivo el principio de equidad.

Así mismo, el sindicato STEC se pronunció en el mismo sentido, recalcando que se trata de un “servicio esencial” y denunció “la doble vara de medir” cuando se trata de demandas de trabajadores o de empresarios.