La larga espera por un Centro de Inserción Social para reclusos de Gran Canaria agudiza las carencias en prisiones

Gran Canaria no cuenta en la actualidad con un Centro de Inserción Social (CIS) para presos que se encuentran en tercer grado y con condenas que en ocasiones son inferiores a seis meses. Se trata de una reclamación histórica que prevé suplirse con un proyecto del año 2007 con el que se pretende construir un espacio destinado a este fin en la misma prisión de Las Palmas II. Pese a que aún se encuentra dentro del tiempo estimado para su ejecución, prevista para 2023, el sindicato ACAIP-UGT ha hecho varias reclamaciones sobre la urgencia de contar con este centro cuanto antes y con personal específico. La solicitud hace referencia a que en la actualidad, estas personas se acogen en la Sección Abierta (departamento específico para presos en tercer grado) de la prisión de Salto del Negro, en el antiguo módulo de mujeres; un espacio que “tiene una capacidad máxima de 90 internos y no cumple con las condiciones de habitabilidad”.

El portavoz de ACAIP-UGT en Las Palmas, Ricardo Fuentes, recuerda que gran parte de las condenas en Gran Canaria se corresponden con delitos relacionados con penas menores, muchas veces relacionadas con la seguridad vial y, sin embargo, no se dispone de un espacio adecuado con programas que les aporten las herramientas necesarias para la inserción. En la actualidad, la isla cuenta con 67 internos en tercer grado que duermen todos los días en esa Sección Abierta. Otra parte de los condenados en esta situación se encuentran con control de pulseras o control telefónico y telemático. En total, unos 157 liberados condicionales que el sindicato considera que estarían mejor atendidos con un control del CIS.

En una instrucción del pasado mes de diciembre del secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz González, se recuerda que la Constitución Española establece que “las penas privativas de libertad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social, fin primordial al que debe tender principalmente su ejecución”. Por ello, el objetivo debe ser el ingreso directo en la Sección Abierta cuando se cumplan una serie de requisitos, es decir, si la condena no es superior a cinco años, principalmente. También se tiene en cuenta (en presos que hayan cumplido tres años en la cárcel) la correcta adaptación social desde la comisión del delito hasta el ingreso en prisión, la actividad laboral en el momento de la presentación, la existencia de un proyecto vital o la existencia de una red de apoyo familiar y social bien integrada o en condiciones favorables que permitan el aval propio o la autoacogida, entre otros requisitos.

Carencias de programas para facilitar la inserción

El portavoz de ACAIP-UGT señala que si la tendencia es ir supliendo las prisiones, cuando se cumplan estos requisitos, Gran Canaria debe tener un centro de estas características, que esté dotado de trabajadores sociales, psicólogos, personal administrativo, entre otros. El sindicato reclama un espacio similar al existente en Santa Cruz de Tenerife, el Centro de Inserción Mercedes Pinto, que cuenta con capacidad para 300 personas. Pese a que existe el proyecto de instaurarlo en la prisión de Las Palmas II antes de 2023, Fuentes aboga porque se cuente con otro espacio para ello, que esté mejor comunicado para que las personas con condenas se puedan trasladar a él con mayor facilidad y quede más cerca de los lugares donde harán servicios a la comunidad. En uno de los escritos remitidos el pasado año a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias se proponía utilizar la antigua prisión militar de La Isleta, una petición a la que se respondió que sería estudiada.

“La falta de plazas en Medio Abierto Penitenciario (tercer grado) contradice la política de potenciarlo y produce un efecto pernicioso para los condenados a penas de escasa cuantía o para los penados autores de delitos contra la seguridad vial”, explica en uno de sus escritos remitidos el año pasado por el sindicato a Delegación del Gobierno. “La ausencia de un equipo técnico exclusivo de la sección abierta impide que estos internos sean clasificados de tercer grado con una doble finalidad; la de participar activamente en programas específicos de intervención tratamental para la corrección del delito, utilizando recursos externos comunitarios y la de aminorar el efecto del confinamiento del ingreso en prisión, favoreciendo el vínculo familiar o una red social externa de apoyo firme y consolidado”, insiste.

El sindicato recalca que la falta de medios para atender al tercer grado es endémico en la prisión de Salto del Negro desde que se inauguró en el año 1982 y apunta que la creación de un “CIS es urgente”, pero con personal propio, ya que “de ninguna manera puede suponer la detracción del personal penitenciario presente en los dos centros de internamiento ordinarios, ya de por sí insuficientes”. ACAIP-UGT ha denunciado varias veces que hacen falta 148 plazas en las Islas que afectan a todas las áreas. La pandemia de la COVID-19 ha puesto de manifiesto además la falta de personal sanitario que padecen las prisiones canarias, donde están vacantes el 50% de las plazas de médico y de auxiliar de Enfermería, así como el 25% de los puestos de trabajo de enfermeros.

En uno de los informes del Defensor del Pueblo, en la visita de tres técnicos de prevención de la tortura y dos técnicas externas a la Sección Abierta del centro penitenciario Las Palmas I se concluyó también que no se cuenta con espacios suficientes y las condiciones de habitabilidad no son adecuadas. Además, subrayó en su informe que en el caso de las mujeres se debe “garantizar el acceso tanto en segundo como en tercer grado a programas de educación y capacitación para aumentar sus posibilidades de empleo realizando intervenciones que compensen la evidente desigualdad detectada en el plano laboral”.