Más de 800 personas se han sumado ya al manifiesto en defensa de las universidades públicas de Canarias

La Plataforma en Defensa de las Universidades Públicas Canarias han presentando este martes un manifiesto para demandar la defensa y el compromiso con el presente y futuro de la Universidad de La Laguna y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que ya respaldan más de 800 personas, y donde se reclama “un pacto social y político” que dote a ambas instituciones “de fondos suficientes y estables”.

El escrito muestra “un preocupante clima de descrédito y ataque a la institución universitaria, tanto a nivel internacional como nacional. Se cuestiona el valor de la universidad pública, tachándola erróneamente de gasto superfluo o insinuando que debería limitarse a una visión utilitarista”, y alerta, que todo ello “debilita a la universidad, se erosiona un pilar de la democracia y el progreso social”.

En este sentido, destacan que, tras la crisis de 2008, “lejos de reforzarse, la educación superior pública ha sufrido un estrangulamiento presupuestario en numerosos territorios”, por lo que resaltan que, “defender la universidad pública es defender una sociedad más justa e ilustrada”.

Por todo ello, la plataforma insta a las administraciones competentes “a un compromiso firme y concreto” en defensa de nuestras universidades públicas canarias“, además de exigir que cumplan ”plenamente“ el mandato legal del artículo 55 de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) en materia de financiación.

En particular, reclaman el objetivo común de destinar, como mínimo, el 1% del PIB a la educación universitaria pública antes del año 2030, tal y como establece la LOSU. “Solo garantizando esta suficiencia financiera podremos asegurar la calidad docente e investigadora, la igualdad en el acceso y la consecución de los objetivos sociales encomendados a la universidad”.

Asimismo, solicitan que se establezca una senda de crecimiento estable de los presupuestos de la ULL y la ULPGC, de modo que sus ingresos públicos aumenten de forma constante hasta lograr ese 1% del PIB en 2030.

Del mismo modo, piden que “se garantice la autonomía y libertad académica reforzando la financiación básica incondicionada: una universidad bien financiada es una universidad independiente”.

Así, instan también a la sociedad canaria en su conjunto, ciudadanía, fuerzas políticas de todos los signos, instituciones públicas y privadas, organizaciones sociales, a unirse en esta causa común.

“Defender la universidad pública canaria es defender el futuro de nuestra región. Nos encontramos en una encrucijada: o actuamos conjuntamente para fortalecer nuestra educación superior pública, o permitiremos que décadas de avances se desvanezcan. Ahora es el momento de comprometerse, de invertir con valentía en conocimiento, de apoyar sin fisuras a nuestras universidades. Porque, en última instancia, lo que está en juego es el porvenir de nuestra juventud, el progreso de nuestra tierra y la esencia misma de una sociedad culta, próspera y cohesionada. Lo que está en juego no es el presupuesto de dos instituciones. Es el derecho de las próximas generaciones a formarse aquí, a investigar aquí, a construir su vida aquí”, conluye el manifiesto.