Dos nuevas sentencias obligan a pagar 24.000 euros a profesores de religión
La Confederación Canaria de Trabajadores solicitó este miércoles al nuevo Gobierno central que se revisen los acuerdos del Estado y la Santa Sede de 1979, ya que asegura que la jerarquía de la Iglesia Católica los utiliza para vulnerar los derechos fundamentales de los profesores de religión.
El profesor de religión y miembro de la Confederación Rafael Ramírez Santana manifestó que en el Archipiélago son muchos los profesores que han sido objeto de despido nulos y que, pese a que los obispados de las dos diócesis han sido condenados por ello de manera reiterada, la situación persiste.
Informó de que una nueva sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) condena a pagar al Obispado de la Diócesis de Canarias 24.000 euros a la profesora de religión Araceli del Carmen Gómez Jaén, que ha sido despedida en siete ocasiones, y a él mismo por los daños morales causados.
El TSJC ordena además la readmisión en sus puestos de trabajos, después de que fueran despedidos por su participación en una huelga celebrada en el 2000, que fue calificada por el anterior obispo de la Diócesis de Canarias Ramón Echarren como “éticamente” incorrecta, recordó Ramírez.
En el caso de Gómez, la Sala reconoce que se ha vulnerado su derecho a la libertad sindical y a la tutela judicial efectiva, explicó Ramírez.
Además, informó de que el Juzgado de los Social Número 2 de Las Palmas de Gran Canaria ha declarado nulo el séptimo despido de Araceli del Carmen Gómez y condena exclusivamente a la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias a pagarle 6.000 euros por loa daños morales causados, así como a su readmisión en su puesto de trabajo.
La Consejería de Educación ha recurrido esta sentencia y apuntó que seguramente será el Obispado el que resulte condenado por la jurisprudencia sentada por la Sala de lo Social.
Ante esta situación, Ramírez afirmó que el nuevo Gobierno está en la obligación de defender a los profesores de religión, pues es un empleado público y “la administración debe defender y salvaguardar” sus derechos fundamentales.
“El Gobierno no puede mirar para otro lado porque existan otros intereses y debe resolver problemas como estos”, subrayó Ramírez, quien señaló que quedan otros despidos por resolver y se preguntó si “no son suficientes” las sentencias dictadas para decir “se acabó”, pues se justifican actuaciones en contra de la Constitución.
Ramírez criticó también la “connivencia” existente entre los dos obispados y la Consejería de Educación regional.
