El número de beneficiados por el bono social eléctrico de Endesa creció un 19% en Canarias durante 2023

El bono social eléctrico de Endesa creció en Canarias un 19% el pasado año respecto a 2022, pasando de los 34.113 beneficiarios en 2022 a los 40.434 en 2023. Este beneficio social lo aplica la compañía eléctrica a personas en situación de vulnerabilidad según el criterio de renta, familias numerosas, pensionistas, personas con ingreso mínimo vital y poseedores del nuevo bono social de justicia energética, y cuya duración mínima es de dos años.

Un total de 21.875 nuevos beneficiarios del bono social residen en la provincia de Las Palmas y 18.559 en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. En España, Endesa lo aplicó el pasado año a 575.044, lo que supuso un incremento del 22% en comparación con el año 2022.

De los 40.434 beneficiarios en 2023, 19.446 correspondieron a hogares que ya se habían beneficiado de los mismos y a los que se les hizo la renovación automática, una vez comprobado que las circunstancias por las que se accedió en el periodo anterior no habían variado. La mayoría, 10.520, lo fueron en la provincia de Las Palmas, mientras en la de Santa Cruz de Tenerife la renovación automática afectó a 8.926 hogares.

Asimismo, el número total de beneficiarios declarados como vulnerables, tanto por renta o por ser familia numerosa, ascendió en el Archipiélago a 23.797, de los que 12.771 lo fueron en Las Palmas y 11.026 en Santa Cruz de Tenerife. Los catalogados como vulnerables severos en Canarias fueron 15.900, correspondiendo por provincias, 8.664 a Las Palmas y 7.236 a Santa Cruz de Tenerife. A su vez, el número de beneficiarios por la crisis energética fue de 737, otorgándose a 440 en Las Palmas y 297 en Santa Cruz de Tenerife.

Los porcentajes por grupos a los que se les aplicó en Canarias el bono social muestran que el 75,87% se corresponde a personas en vulnerabilidad según el criterio de renta. Este porcentaje es ligeramente inferior en Las Palmas (75,23%) y superior en Santa Cruz de Tenerife (76,63%). Sin embargo, en ambos casos, están muy por encima de la media estatal, que se sitúa en el 65,90%.

El segundo grupo al que más se le aplicó el bono social en las Islas fue a las familias numerosas, con el 17,10%. El porcentaje es mucho más bajo que la media española, que se sitúa en el 25.92%. En las provincias canarias, observamos que en Las Palmas fue del 17,76% y en Santa Cruz de Tenerife del 16,34%.

Los pensionistas son el tercer grupo, con el 4,14%, de los que en Las Palmas fueron el 3,94% y en Santa Cruz de Tenerife el 4,38% . La media canaria se situó cercana a la estatal (4,53%). Ya en dígitos con porcentajes muy bajos, encontramos a quienes estaban dentro del colectivo de ingreso mínimo vital (1,06%) y el nuevo bono social de justicia energética (1,82%).

¿Qué es y a quién afecta?

El bono social es un descuento en la factura de la luz que está regulado por el Gobierno de España con el que se pretende proteger a los hogares considerados vulnerables o vulnerables severos por sus condiciones socioeconómicas. Para ser beneficiario hay que tener contratada una tarifa eléctrica como persona física y con una potencia igual o inferior a los 10 kilovatios en la vivienda habitual. A partir de esta premisa, se debe comprobar si se está en estos grupos: tener ingresos que no deben superar determinados niveles de renta, ser pensionista con la pensión mínima, las familias numerosas con título en vigor o ser perceptor del ingreso mínimo vital.

Los descuentos aplicados entre el 20 de octubre de 2022 y el 31 de diciembre de 2023 fueron ampliados de forma extraordinaria sobre la energía consumida, hasta unos límites y la potencia contratada del 65%.

Los vulnerables severos son los clientes con una renta anual inferior o igual al 50% de lo establecido para los clientes catalogados como vulnerables o los pensionistas del sistema de la Seguridad Social donde todos los miembros de la unidad familiar lo sean y tengan una renta igual o menor a los 8.400 euros. Asimismo, también se aplica a las familias numerosas con una renta anual inferior dos veces a los 16.800 euros y todos los perceptores del ingreso mínimo vital. El porcentaje de descuento para este colectivo fue del 80 por ciento para el periodo comprendido entre el 20 de octubre de 2022 y hasta el 31 de diciembre de 2023.

Por otra parte, la protección social a quienes están catalogados como consumidores vulnerables o vulnerables severos se extiende también a efectos del corte de suministro a aquellas unidades de convivencia con al menos un menor de 16 años, algún miembro de la misma con una discapacidad reconocida igual o superior al 33% y que algún miembro del hogar esté en situación de dependencia reconocida de grado dos o tres.

El denominado nuevo bono eléctrico de justicia energética supone un descuento del 40% sobre la tarifa eléctrica regulada y se aplica en casos excepcionales para hogares con trabajadores con ingresos muy bajos y que estén afectados por la crisis energética.

Finalmente, el bono social tiene en todos los casos un límite de consumo, que una vez superado, la compañía eléctrica facturará sin descuento.