La paralización del macromuelle de Agaete, en reposo a la espera de la vuelta del consejero de Obras Públicas
Una de las decisiones estrella del nuevo Gobierno de Canarias formado por PSOE, Nueva Canarias, Unidos Podemos y ASG fue anunciar la paralización de la controvertida y contestada obra de ampliación del muelle de Agaete, en el norte de Gran Canaria. Esa nueva infraestructura impulsada por el anterior Ejecutivo de Fernando Clavijo (CC), y de su vicepresidente grancanario, Pablo Rodríguez, tiene los días contados desde que así lo anunciara el 14 de octubre Chano Franquis, consejero autonómico de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, dando respuesta a una demanda colectiva del municipio y la isla.
Pero la obra no está todavía formalmente paralizada. El expediente ha sido analizado, tanto técnica como jurídica y económicamente y nada justifica, a juicio del nuevo Gobierno, seguir adelante con la ampliación. Aunque el proceso administrativo ha entrado en una fase de reposo a la espera del alta médica y la vuelta a la vida política del consejero, de baja tras sufrir problemas cardiacos hace unas semanas.
Desde la Consejería de Obras Públicas explican a este diario que en cuanto Franquis retome su agenda política se reactivará el calendario previsto para poner fin a la obra de ampliación del Puerto de Las Nieves. Será el propio Franquis quien asuma la voz cantante en este espinoso asunto, con partidarios y detractores, ahora que el gobierno municipal de Agaete ha pasado a manos del PP. Hasta el momento, el caso queda en un cajón de la Consejería, algo que no ha ocurrido con otras obras como el comienzo del Anillo Insular de la isla de Tenerife, anunciado el pasado 20 de noviembre por el presidente del Gobierno, Ángel Víctor Torres, y la consejera que ha asumido la funciones de Franquis, Carolina Darias.
Chano Franquis informó de la tan esperada decisión sobre el muelle de Agaete la misma semana en la que se iba a llevar a Consejo de Gobierno. Finalmente no el asunto quedó encima de la mesa debido a sus problemas médicos. El siguiente paso que dará es el de adoptar el acuerdo de paralización de la obra y trasladarlo a Puertos Canarios. Allí, se debe aprobar una nueva resolución de suspensión. Será a partir de ese momento y con la publicación en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) cuando se consiga la suspensión total de la obra.
La noticia -celebrada por muchos partidos políticos- no pareció sentarle muy bien a la actual alcadesa de Agaete, María del Carmen Rosario (PP), quien afirmó estar molesta con la forma en la que el Ejecutivo estaba gestionando sus decisiones respecto a la obra y se quejó del “uso político” que el Partido Socialista tenía sobre el proyecto. Rosario insiste en que es la ciudadanía quien debe decidir sobre este asunto, una opinión que se contradice con su activa participación en las concentraciones en contra del macromuelle cuando era candidata a gobernar el municipio norteño.
Han pasado 17 meses desde que la Consejería de Obras Públicas -que dirigía el nacionalista Pablo Rodríguez- adjudicara la obra de ampliación del muelle de Agaete. El sí a toda costa del exconsejero hizo que más de 10.000 personas salieran a la calle para manifestarse en contra de una infraestructura calificada como un atentado medioambiental y una amenaza para la villa marinera del norte de Gran Canaria.
Sin embargo, y a pesar de su insistencia en que siguiera adelante, en los siguientes once meses que estuvo dirigiendo la consejería no logró ponerla en marcha. La empresa adjudicataria tenía que presentar una serie de informes como el estudio de impacto ambiental o el socioeconómico y “aún no lo ha hecho”, afirma Borja Monreal, uno de los miembros de la plataforma Agaete Sin Macromuelle, por lo que “aún no tiene licencia para arrancar la obra”. Al igual que ocurriera con la segunda fase de la carretera de La Aldea, Rodríguez no consiguió firmar el acta de replanteo, el documento que da por iniciadas las obras de manera formal.
Ahora, la incógnita a despejar es la situación en la que se encuentra la Unión Temporal de Empresas (UTE), formada por Sato Trabajos y Obras y Hermanos García Álamo, adjudicataria de la licitación. Algo más de un año después de ganar el concurso con un presupuesto de 44.600.000 euros, se inicia el procedimiento de cancelación. El nuevo Ejecutivo encargó un estudio para analizar la posibilidad de suspender la obra y el resultado es favorable. Según el miembro del colectivo el hecho de que la obra no haya arrancado -al no cumplir los requerimientos- puede librar al Gobierno de Canarias de pagar la penalización por la cancelación de la obra, que se estimaba en un 6% de la licitación, algo más de dos millones de euros.
A la espera de que el consejero de Obras Públicas se incorpore -previsiblemente a mediados de diciembre- y explique a la ciudadanía los detalles sobre la operación, todo apunta a que el capricho de Coalición Canaria por seguir adelante con una obra que no tenía justificación ni económica, ni medioambiental, y que cuenta con un gran rechazo por parte de la ciudadanía, no le va a salir tan caro al nuevo Ejecutivo. Franquis aseguró en el Parlamento que la decisión estaba basada fundamentalmente en aspectos socioeconómicos. Así mismo, afirmó que el primer paso de la paralización de esta obra lo había dado el pasado mes de agosto cuando desvió los fondos destinados al macromuelle a las áreas de Sanidad y Educación.
Desde la plataforma Agaete Sin Macromuelle siguen a la espera de que se adopte la resolución y de que el Plan Insular de Ordenación (PIO) extraiga de su planificación todo lo que ampare a una futura ampliación del muelle de la villa marinera.
