Las familias que cobren la Prestación Canaria de Inserción y se les apruebe el Ingreso Mínimo no tendrán que devolver cuantías en 2021

La Prestación Canaria de Inserción y el Ingreso Mínimo Vital serán compatibles durante todo 2021. Esta medida, aprobada este jueves en el Consejo de Gobierno supone que las familias que reciban estos ingresos del Ejecutivo regional y a las que se les apruebe el Ingreso Mínimo no tendrán que devolver cuantías de forma retroactiva.

Así lo ha adelantado la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, en su cuenta de Twitter, donde ha apuntado que esto supone una mayor “tranquilidad para las familias que soliciten el IMV” ya “que seguirán cobrando la PCI hasta que se resuelva su solicitud” y no tendrán que “devolver ni un solo euro” en el caso de que les venga aprobada la prestación estatal.

Desde la Consejería se apunta que “Canarias es una de las comunidades autónomas pioneras en adaptar su normativa regional a la prestación estatal. El objetivo es ofrecer protección y seguridad jurídica a las familias más vulnerables que, de no tomar esta iniciativa, se podrían ver obligadas a realizar cuantiosos reintegros”.

El Ejecutivo ha buscado estas fórmulas ante la ralentización del Ingreso Mínimo Vital. Ya el pasado año a modificaba su Prestación Canaria de Inserción (PCI) para agilizar y ampliar su cobertura, algo que quiere garantizar ahora para todo el año. Hasta finales de febrero, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones 8.944 familias canarias están recibiendo el IMV, a ello se le suman 7.357 familias que se encuentran actualmente percibiendo la PCI.

Unas 700 unidades familiares reciben ambas prestaciones de forma complementaria, pero “sin superar nunca las cuantías máximas que establece el IMV”, aclara la Consejería. En total, unas 15.600 familias en Canarias está recibiendo alguna de estas dos prestaciones destinadas a las familias más vulnerables y con ingresos más bajos.

El director de Derechos Sociales ha apuntado a este medio en otras ocasiones que se trata de la mayor cobertura que ha dado la comunidad autónoma. No obstante, sigue estando lejos de los cálculos del Gobierno y dado que Canarias se enfrenta a una de las situaciones más delicadas del país, con el cero turístico que ha dejado a 90.000 personas en ERTE y donde existen 283.477 desempleados (4.247 más en febrero). La situación ha llevado a organizaciones como Cáritas a aumentar la ayuda social.

En su cuenta de Twitter Bermúdez ha aclarado que si una familia está cobrando la PCI y solicita el IMV en octubre pero le llega en febrero, este le vendrá con carácter retroactivo, por lo que en teoría debía devolver la cuantía de la PCI. Sin embargo, con estos cambios que ha formulado el Ejecutivo no será así porque “ Canarias de forma pionera ha establecido una compatibilidad total entre que PCI e IMV, que dura entre los meses que la familia solicita esta última prestación hasta que se le resuelve”.

La situación de precariedad en Canarias no es nueva. El último informe de La Red Europea de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión (EAPN) ya reflejaba que antes de que llegara la pandemia, la tasa de pobreza y exclusión en las Islas era de un 35%. Además, el 28,5% de la población canaria se encontraba ya en riesgo de sufrir pobreza al vivir con menos de 641 euros al mes. 

El Archipiélago avanza en una Ley de Renta de Ciudadanía, un escudo social que ya existe en otras autonomías y que comenzará a implantarse este año por fases. Se proyectan tres tipos de ayudas: renta de inclusión social, renta para la inclusión social de jóvenes y una prestación complementaria a los ingresos del trabajo.También otros tres complementos: a la vivienda, a la educación (por ejemplo, ayudas a la escolarización de cero a tres años) y a las pensiones no contributivas.