Hasta 200 euros para detectar la COVID-19 en clínicas y laboratorios privados de Canarias

Personal de laboratorio realiza pruebas y diagnósticos para detectar la COVID-19.

“Los test de detección de COVID-19, a tu alcance en Hospiten”. El mayor grupo sanitario de titularidad privada en Canarias anunciaba hace unos días con este mensaje publicitario que se lanzaba al negocio de las pruebas para el diagnóstico de la enfermedad. En medio de un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que ha afectado a más del 90% de su plantilla, el conglomerado liderado por el poderoso empresario tinerfeño Pedro Luis Cobiella ha visto la oportunidad con el avance del plan de desescalada y la reanudación de actividades económicas en las Islas. La campaña se enfoca tanto a empresas como a particulares. Como ha podido comprobar esta redacción a través de una consulta por correo electrónico, una de sus clínicas, Hospiten Sur, radicada en la localidad turística de Arona (Tenerife), ofrece la prueba PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa) por 125 euros y la de anticuerpos, por 60. Además, si la persona que las solicita no es paciente del grupo, deberá abonar 15 euros por la cita previa. En total, 200 euros.

Hospiten no es un caso único. Clínicas San Roque se publicita como “el único hospital privado acreditado” para la realización y obtención de los resultados de todas las pruebas diagnósticas del coronavirus en apenas 24 horas. El test rápido (de baja sensibilidad), por 35 euros. El serológico (de anticuerpos IgG e IgM), por 58. La PCR, por 140, el mismo precio que pide por esta prueba otro de los grandes centros privados de Gran Canaria, el Hospital Perpetuo Socorro, si el paciente da positivo en el test rápido que ofrece en un pack junto a la consulta médica por unos 70 euros.

La Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de Salud (SCS) ha autorizado a 33 laboratorios y clínicas ajenas al organismo autónomo a realizar las pruebas para la detección de la COVID-19. Las condiciones están reguladas en una orden de la Consejería de Sanidad que fue publicada en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) el pasado 30 de abril. Tres son los requisitos fundamentales: tiene que haber prescripción médica para cada test, los resultados deberán ser notificados a diario a la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica y las empresas tendrán que acreditar que cuentan con los medios necesarios para hacerlos y que las técnicas y materiales utilizados han sido homologados por el organismo nacional competente.

La orden canaria, que desarrolla la estatal del 14 de abril, tiene una doble vertiente. Por un lado, pone a todos los centros privados con capacidad diagnóstica a disposición del Servicio Canario de Salud (SCS) durante el periodo en el que se prolongue el estado de alarma “por si fuera necesario complementar” las pruebas realizadas con medios propios. La sanidad pública de las Islas ha testado hasta la fecha a más de 92.000 personas, una cifra que engloba tanto las labores de detección para los pacientes que presentaban síntomas o que habían estado en contacto con algún positivo por COVID-19 como el cribado para determinados colectivos con alto riesgo de contagio, como los sanitarios o los usuarios y trabajadores de las residencias de mayores.

Los laboratorios y clínicas privadas se están aprovechando de la segunda parte de esa orden sanitaria, la que les permite realizar test de diagnóstico bajo las instrucciones acordadas y a través del sistema de autorización previa. Es este mecanismo el que está permitiendo a estos centros explotar una línea de negocio que bebe de los requerimientos de las empresas para facilitar la progresiva incorporación de sus trabajadores, pero también de las solicitudes de particulares asintomáticos que se pueden costear las pruebas. “Hay mucha ansiedad”, reconoce el propietario de uno de los laboratorios que está prestando el servicio.

La orden estatal faculta a las autoridades autonómicas a fijar precios para evitar situaciones abusivas, una condición que responde a la pretensión del Ministerio de Sanidad de controlar el mercado tras comprobar las tarifas desproporcionadas que se llegaron a ofrecer en algunos momentos de esta crisis. Catalunya ha sido la primera comunidad en establecer un baremo. De esta manera, la Generalitat pagará a las clínicas privadas 93 euros por cada test PCR que realicen.

En Canarias, los precios que están ofreciendo los centros privados son, en general, bastante superiores. No solo las clínicas privadas. También los laboratorios de diagnósticos. Es el caso de la multinacional Eurofins LGS Megalab, una de las empresas más potentes del sector, que tiene una tarifa un 50% más cara que la fijada en Catalunya.  Esta multinacional pide 140 euros por las pruebas PCR y 60 por las serológicas. Las primeras, más fiables, se realizan con un exudado de la nariz o la garganta del paciente y sirven para confirmar o descartar la presencia del virus en el organismo en un preciso momento. Las segundas son similares a un análisis de sangre y se utilizan para detectar si se han generado anticuerpos a partir de la respuesta inmunológica a la enfermedad, esto es, para saber si la persona la tiene o la ha tenido recientemente.

En la información facilitada a sus potenciales clientes, Eurofins LGS Megalab precisa que los seguros no cubren las pruebas de COVID-19 y advierte de que es necesario solicitar cita previa, acudir con una petición firmada y sellada por un médico y desplazarse a los laboratorios García López, en la isla de Tenerife, y Díaz Cremades, en Gran Canaria, para hacerse la PCR.

“Hasta 200 euros a cabildos y ayuntamientos”

Algunos laboratorios más pequeños han optado por realizar tan solo los test de anticuerpos. En La Orotava, en la isla de Tenerife, uno de ellos oferta las pruebas serológicas por 90 euros. En Telde, Gran Canaria, otro pide 70 euros y se compromete a dar los resultados en cinco días.

La denominada Red de Laboratorios Canarios aglutina a una veintena de centros. Su gerente, Damíán Trujillo, se muestra muy crítico con el papel de las multinacionales del sector. “No puede ser que impongan esos precios, se ha llegado a pedir 200 euros a cabildos y ayuntamientos”, denuncia. “Nosotros suplimos las carencias comerciales con ganas, una buena estructura con proveedores y precios muy competitivos”, señala el empresario de este entramado que ha establecido una tarifa estándar de 85 euros para la realización de ambos test (55 por la PCR y 30 por el de anticuerpos, con un seguimiento cada 21 días para las pruebas serológicas).

Trujillo explica que estos centros atravesaron serias dificultades durante la etapa más estricta de confinamiento por la paralización de la actividad y que, por ello, remitió tres escritos a las autoridades sanitarias para revertir la situación y ofrecer los servicios de la Red Canaria de Laboratorios. La respuesta, comenta el gerente, ha sido muy positiva, lo que les ha permitido establecer una línea de colaboración con el Servicio Canario de Salud y configurar un programa informático con un fichero para llevar el control de las pruebas realizadas y su inmediata remisión a la administración autonómica. 

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Publicado el
25 de mayo de 2020 - 21:34 h

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