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Los trabajadores sociales piden de nuevo el cierre del CIE de Barranco Seco

Centro de Internamiento de Extranjeros de Barranco Seco, en Las Palmas de Gran Canaria.

Efe

Las Palmas de Gran Canaria —

El Colegio de Trabajo Social de Las Palmas ha vuelto este lunes a pedir el cierre del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Barranco Seco de Las Palmas de Gran Canaria ante las deficiencias de sus instalaciones y el “incumplimiento sistemático” del reglamento para su funcionamiento.

En un comunicado, el Colegio señala que desde julio de 2015 ha estado informando a la Delegación del Gobierno en Canarias, responsable de la gestión de este centro, de esos incumplimientos del reglamento de 2014, que incorporaba una serie de derechos y garantías que no se están respetando.

Los internos siguen sin tener acceso a una asistencia sanitaria pública permanente, tampoco cuentan con profesionales de trabajo social que los puedan asesorar en sus derechos básicos, ni servicios de asesoría jurídica, según denuncia el Colegio de Trabajo Social en su nota.

Así mismo, destaca el deterioro de las infraestructuras de Barranco Seco, que fue una prisión que quedó obsoleta, lo que impide que los internos puedan recibir visitas en condiciones.

Recuerda que el Juzgado de Instrucción número 8 de la capital grancanaria, responsable de la tutela jurídica de este CIE Seco, ha informado y denunciado públicamente esta “vulneración de los derechos básicos” de las personas y que el propio Ministerio del Interior ha reconocido que incumple el reglamento por “las necesidades económicas, presupuestarias y de personal que exige”.

El Colegio de Trabajo Social de Las Palmas añade que forma parte del movimiento social Canarias Libre de CIEs y ante la situación del de Barranco Seco y la “nula voluntad política” para cambiar la situación, considera que tanto en Canarias como en el resto de España hay razones para el cierre de estos centros, como así también lo ha manifestado el Consejo General de los Trabajadores Sociales.

“No se puede permitir que personas que simplemente han cometido una infracción administrativa vean restringida su libertad y no se respeten sus derechos básicos”, concluye la nota.

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