Las víctimas de violencia de género que renuncian a declarar doblan la cifra de 2018: “El miedo al descrédito y la soledad en el proceso son devastadores”

El número de mujeres víctimas de violencia de género que se han acogido al derecho a no declarar contra su agresor en el primer trimestre de 2019 dobla la cifra de 2018 en Canarias. El miedo y la desconfianza dibujan un panorama desfavorable para la víctima que encuentra múltiples obstáculos para continuar con el que, según la abogada especializada en Violencia de Género Saray Fortes Marichal, es uno de los momentos más decisivos y delicados: la presentación de la denuncia.

342 mujeres se han agarrado a la dispensa de testificar contra sus presuntos maltratadores, según datos publicados este lunes 17 de junio por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Esta cifra supone una subida del 47% respecto al año anterior. Además, el número de denuncias interpuestas también ha ascendido. En tan solo tres meses, se han registrado 2.246 frente a las 2.101 de 2018. “No hay datos reales sobre el total de mujeres que sufren violencia de género en el Archipiélago, por lo que es difícil saber qué porcentaje de víctimas prefieren no recurrir a la Justicia”, señala Saray Fortes.

El miedo a no ser creídas o ser cuestionadas por parte de las administraciones e incluso de su propio entorno son algunas de las causas por las que quienes sufren violencia machista muestran rechazo a comenzar un procedimiento judicial. “Siempre se les pregunta que por qué no han denunciado antes o, si hay menores de por medio, si no piensan en el bien para ellos”, lamenta la especialista.

En esta línea, la jurista recuerda que los hijos e hijas de las mujeres víctimas de violencia de género también lo son. “Muchas veces se ponen órdenes de protección, pero que no se extienden a los niños y niñas”, critica. En las islas se incoaron 713 procedimientos para dictar medidas preventivas, un 47,9% más que en el invierno anterior. Finalmente, se inadmitieron 15, se adoptaron 344 y se denegaron 355. Cabe destacar que en 2018, dos de las 47 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en España habían solicitado sin éxito medidas de protección, según los datos oficiales del Ministerio de Igualdad.

Asimismo, a pesar de que el plazo entre la interposición de la denuncia y la celebración del juicio “es breve”, el contexto provoca que en este corto período de tiempo el procedimiento se frene. “Si el agresor y la víctima comparten domicilio, la presión y el miedo son mucho mayores”, ejemplifica la letrada.

Según la abogada, es determinante que la mujer se sienta acompañada y apoyada en todo el proceso. “Para ello, es necesaria la sensibilización y la especialización del poder judicial y también de todos los agentes sociales”, plantea Fortes al tratarse de un problema estructural que trasciende a todas las esferas. La soledad y el descrédito que pueda sufrir la víctima se traduce en un aumento de la cifra de quienes no quieren continuar con la denuncia y de quienes se oponen a declarar. “En el caso de la violencia psicológica las declaraciones de la víctima son decisivas, ya que en muchas ocasiones son la única prueba”, explica. “Las consecuencias de un acoso psicológico son devastadoras, la huella que deja tarda muchísimo en borrarse y en muchas ocasiones permanecen para siempre”, reitera Fortes.

74 menores enjuiciados

74 menores enjuiciadosLos datos del CGPJ revelan un incremento del número de casos de violencia de género entre menores en el ámbito estatal. En el primer trimestre del año, 74 menores de edad han sido enjuiciados frente a los 59 del mismo período de 2018. Según Saray Fortes, las distintas formas de comunicación y de creación de vínculos que han irrumpido en la sociedad en los últimos años han provocado nuevas maneras de relacionarse. “Los celos y otros sentimientos tóxicos repuntan en muchas ocasiones por redes sociales”, explica.

Canarias sigue siendo una de las comunidades autónomas con mayores ratios de violencia de género. Sin embargo, la abogada especialista confía en que la movilización social y la educación en igualdad están contribuyendo a que la población tome mayor conciencia y detecte antes los comportamientos machistas que perviven en el entorno.