La Guardia Civil concluye que una empresa tabaquera radicada en las Islas defraudó 30 millones de euros a la Hacienda canaria

Agentes de la Guardia Civil de la Sección Fiscal y Fronteras del Puerto de la Luz en una imagen de archivo

Canarias Ahora

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La Guardia Civil de la Comandancia de Las Palmas ha finalizado la instrucción de una serie de diligencias por la presunta autoría de un delito de fraude a la Hacienda pública al detectar una importante empresa tabaquera radicada en Canarias se había aplicado durante los tres últimos años un tipo impositivo de menor importe al que realmente debería haberse aplicado, constituyendo estos hechos un fraude contra la Agencia Tributaria Canaria. 

Los agentes comenzaron a investigar estos hechos al recibir una denuncia anónima en mayo de 2022 en la que se detallaban la comisión de una irregularidad en el pago de tributos por parte de esta empresa, con sede en Santa Cruz de Tenerife. El análisis especifico de los tributos entre enero de 2020 y marzo de 2023 llevó a la Sección Fiscal y Fronteras del Puerto de la Luz a comprobar que la empresa habría realizado sus autoliquidaciones del impuesto sobre las labores de tabaco negro de un modo deliberadamente erróneo para obtener un tipo impositivo de menor importe al que realmente debería haberse aplicado.

De este modo, declararon un tipo impositivo denominado específico, que para el ejercicio de 2023 estaba fijado en 11,10 euros por cada 1.000 cigarrillos negros vendidos, cuando realmente tendrían que haber aplicado otro de tipo proporcional, que para el mismo ejercicio estaba establecido en 47 euros por cada 1.000 cigarrillos negros vendidos.

En este sentido, el estudio pormenorizado de cada uno de los periodos investigados, se estima que se eludió una cantidad que podría oscilar entre 44,20 euros cada 1.000 cigarrillos negros vendidos,en el ejercicio de 2020 y 35,90 euros 1.000 cigarrillos negros vendidos en el ejercicio de 2023. 

Preguntados por EFE el nombre de la empresa, la Guardia Civil ha declinado ofrecer información al respecto.

Con esta práctica descrita, la empresa habría dejado de pagar a las arcas públicas de las islas 29.890.125,25 euros. La Guardia Civil ha realizado las diligencias oportunas entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número uno de Güímar.

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