El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife adapta un concurso a la conveniencia del abogado que lo representa en un pleito contra Sacyr

¿Cómo contratar al abogado deseado por el precio que el abogado deseado quiere cobrar? El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha encontrado la fórmula: plantea inicialmente un contrato menor, que tiene como tope 15.000 euros, y ante el silencio o la negativa de los tres despachos invitados a participar, vuelve a la carga con un concurso negociado sin publicidad por valor de 60.000 euros al que solo se presenta el único de los tres licitadores que había dicho que 14.000 euros (IGIC aparte) eran insuficientes. Los otros dos ni se molestaron en participar: uno de ellos ya había dicho en el primer intento que no estaba interesado en la materia. Y el otro ni siquiera contestó entonces por tratarse de uno de los abogados contratados por la parte contraria al Ayuntamiento, la multinacional Sacyr, para la causa que se sigue en los juzgados de Santa Cruz de Tenerife en la derivada penal de esta misma cuestión.

A Coalición Canaria se le atragantó desde el principio el pleito del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife contra la multinacional española Sacyr-Vallehermoso. Y se le sigue atragantando. El asunto le regresa envenenado a CC como uno más de los artefactos que la actual oposición activó tras descubrirlo debajo de las alfombras el escaso año que estuvo al frente del poder municipal entre 2019 y 2020. Se trata del pago irregular de más de 30 millones de euros a Sacyr a través de la empresa que gestiona el ciclo integral del agua, Emmasa, por una interpretación ventajosa para la multinacional mediante la cual recuperaría los 59 millones que depositó como canon para hacerse en 2005 con ese suculento contrato. Ahora el Ayuntamiento, empujado por los expedientes que dejó en marcha la fugaz alcaldesa Patricia Hernández (PSOE), se ve obligado a reclamar las cantidades devueltas y el grupo de Gobierno (Coalición Canaria, Partido Popular y una tránsfuga de Ciudadanos) busca una salida satisfactoria que no le salpique en este nuevo asalto a las arcas municipales que vuelve a tener imputado al alcalde de la operación Las Teresitas, Miguel Zerolo, actualmente cumpliendo una pena de cárcel por aquella operación corrupta.

El Ayuntamiento, a cuyo frente se encuentra nuevamente el alcalde de CC José Manuel Bermúdez, ya sabía desde 2016, por informes preliminares de sus funcionarios, que se estaba cometiendo una irregularidad en la empresa mixta del servicio del agua. Pero no hizo nada. Se estaba devolviendo a Sacyr, a razón de 2,3 millones al año, el canon que abonó al Ayuntamiento como parte del precio de aquel polémico concurso, 59 millones de euros. Cuando por primera vez desde el advenimiento de la democracia accedió a la alcaldía alguien ajeno a Coalición Canaria, los informes técnicos afloraron de manera más seria y se puso en marcha la operación para recuperar ese dinero para las arcas públicas. Para entonces ya se habían devuelto a Sacyr 30 millones de euros, pero de no haberse parado esos pagos, habrían superado la cantidad que la misma institución perdió con el pelotazo de Las Teresitas, 51 millones, que nadie hizo por recuperar hasta ese cambio en la alcaldía de la ciudad, frustrado al año por una moción de censura apoyada en una concejala tránsfuga de Ciudadanos, Evelyn Alonso.

“La mejor defensa del Ayuntamiento”

El actual grupo de gobierno no puede hacer mucho para evitar requerir a Sacyr esas cantidades indebidamente reintegradas, sobre todo después de un contundente dictamen del Consejo Consultivo de Canarias de enero de 2021 que ratificaba todas las sospechas de los funcionarios y del anterior grupo gobernante. Así que el pasado febrero la junta de gobierno acordó desestimar las alegaciones que la multinacional interpuso al procedimiento abierto en el Consistorio y, entre otras decisiones, requirió a Emmasa para que dejara de abonar esas cantidades y para que instara a la devolución del dinero. Contra este acuerdo de la junta de gobierno, Sacyr interpuso un recurso contencioso-administrativo que el secretario general del pleno ha considerado “de enorme dificultad desde el punto de vista técnico”, lo que, unido a la batería de acciones en marcha, afectaría “al ámbito del derecho administrativo, civil, mercantil y penal, que deben ser valoradas y abarcadas en su conjunto par dar una respuesta adecuada a la defensa de los derechos de esta Administración”. 

Precisamente el secretario municipal de Santa Cruz de Tenerife, Luis Prieto, se encuentra imputado en la causa penal que se sigue en Instrucción 3 de ese partido judicial por formar parte del consejo de administración de Emmasa que en 2007 acordó la devolución de esa “deuda” que en realidad no existía.

Preguntado formalmente el Ayuntamiento por el motivo de recurrir a letrados externos teniendo en casa especialistas en Derecho Administrativo, la respuesta ha sido la siguiente: “Sí, hay letrados especializados en esa materia en el Ayuntamiento. Se decide externalizar para garantizar la mejor defensa del Ayuntamiento”. 

Dadas esas necesidades de asesoramiento jurídico externo y de encontrar “la mejor defensa” para el Ayuntamiento“, el 9 de junio se pone en marcha el procedimiento para contratar un letrado o letrada con un procedimiento menor. A tal fin, el Ayuntamiento invita a los colegiados tinerfeños Juan Gregorio Llamas García, José Manuel Niederleytner y Manuel Freddy Santos. ¿Por qué esos nombres? Se decidieron por ”criterios exclusivamente técnicos y de especialización profesional“, ha respondido el consistorio.

Pues bien, el primero de los invitados contesta muy pronto alegando “no estar interesado en presentar oferta”. El segundo ni siquiera contesta, seguramente porque debió interpretar un error del Ayuntamiento invitar a un abogado que ya por entonces estaba representando a Sacyr en las diligencias previas 710/2021 en la que aparece encartado el secretario municipal y el exalcalde Miguel Zerolo. Sin embargo, para el Ayuntamiento ésa es una razón iletrada: “No tiene nada que ver un tema con el otro. Aquí se trata de la representación y defensa del Ayuntamiento en un contencioso administrativo.

“El precio es insuficiente”

El tercero de los invitados, Manuel Freddy Santos contesta literalmente lo siguiente vía correo electrónico: “Le agradezco su invitación, pero me temo que no haré oferta. En mi opinión, el precio ofertado es insuficiente para el servicio requerido”.

El concurso se declara desierto.

Es a partir de entonces, el 30 de junio, cuando el Ayuntamiento activa el plan B, consistente en un concurso negociado sin publicidad por importe máximo de 60.000 euros al que vuelve a invitar a los tres licitadores anteriores. Preguntado el Ayuntamiento por el motivo de que se vuelva a insistir en los mismos, la respuesta es la siguiente: “Habían manifestado su rechazo a un contrato menor por la complejidad del asunto y por su cuantía, muy por debajo de los criterios orientadores del Colegio de Abogados en materia de Honorarios”.

En realidad, el único que había manifestado disconformidad con los honorarios fue Freddy Santos, según consta en el expediente, consultado por este periódico.

Así que, convocados los mismos licitadores, la respuesta en los dos primeros casos vuelve a ser la misma. Llamas no está interesado; Niederleyther ni contesta. Así que el letrado que había mostrado su rechazo por la escasa dotación económica del contrato es el único que presenta oferta.

Así fue. El 30 de julio el abogado Manuel Freddy Santos Padrón, del círculo de amigos del alcalde Bermúdez, presenta su oferta, por un importe de 53.900 euros, IGIC aparte. El Ayuntamiento ha negado cualquier tipo de negociación con el letrado previa a que se produjera esa oferta que llega a ser incluso puntuada por la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento con 40 puntos, 20 por el “programa de trabajo” que se propone para hacer frente al encargo y otros tantos por “la descripción de medios humanos” que se relacionan.

Freddy Santos propone en su oferta un plan de pagos que contempla el 35% (18.865 euros) “a la presentación de la demanda contencioso-administrativa”; otro 15% (8.085 euros) “a la finalización de la fase de pruebas del procedimiento contencioso-administrativo”; el 25% (13.475 euros) “a la presentación de las conclusiones” del procedimiento, y el 25% restante (13.475 euros) “con la emisión de la sentencia de la primera instancia”. Además, al letrado se le ha aceptado cobrar ese importe tenga o no que interponer una demanda mercantil “o cualesquiera actuaciones en el orden penal”.

El Ayuntamiento ha negado que el abogado Manuel Freddy Santos Padrón sea del círculo de amigos del alcalde José Manuel Bermúdez. Lo ha hecho invocando las condiciones de recusación o abstención de los jueces y magistrados: “No existe causa de abstención por parte del abogado. Ni amistad íntima ni enemistad manifiesta. Como con muchos otros profesionales de la abogacía de la ciudad”.