“Quienes violan la ley, ya sea por el Mamotreto o la Biblioteca de Las Palmas, deben de responder por los daños causados”

Han pasado 20 años desde la última ocasión en que Izquierda Unida Canaria (IUC) lograra tener representación en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. En las pasadas elecciones de mayo esta formación política consiguió entrar en esta corporación con un concejal, Ramón Trujillo, coordinador de IUC en Canarias. En esta entrevista Trujillo hace una valoración sobre los resultados de IUC en la capital tinerfeña, opina sobre polémicos asuntos como el Mamotreto o Emmasa y explica los motivos de su denuncia en la Fiscalía contra un concejal del grupo de gobierno.

Han pasado 20 años desde que IUC tuvo representación en Santa Cruz, cuando consiguió dos concejales, uno de los cuales pasaría más tarde a CC. ¿No es así?

En aquella época ni siquiera militaba en Izquierda Unida. Sí, había dos concejales, creo que se pelearon entre ellos y después uno acabó cambiando de partido. Cuando se tiene la oportunidad de entrar en una institución con un hueco pequeño es importante ser coherente con lo que has defendido antes de entrar, hay que ser muy serio porque te cargas el trabajo de muchos compañeros y compañeras.

En esta ocasión, incluso Ciudadanos ha obtenido más representación en Santa Cruz. ¿Esperaban ustedes este resultado?

La dinámica en la que entra Ciudadanos es la fabricación mediática de un fenómeno electoral nuevo. No tiene sentido hacer una comparación con una formación política que es proyectada por la gran fuerza de las empresas de comunicación, y digo comunicación porque estamos hablando de los intereses económicos y políticos de grandes empresas. La conclusión no es que nuestro mensaje no llegue, sino que no se emite, son dos cosas distintas. Tuvimos bastantes factores en contra, nos hemos encontrado con la fuerte subida de Podemos, el auge de Ciudadanos y una competencia importante, que es Sí se puede. La verdad es que estaba preocupado antes de las elecciones, sobre todo por la extrema fragmentación de la izquierda, nunca como hasta estas elecciones hubo tantas candidaturas de izquierdas.

¿Con qué se ha encontrado en el ayuntamiento?

El funcionamiento se ha retrasado de una manera llamativa, las elecciones fueron el 24 de mayo y el primer pleno fue el 17 de julio. Desde la oposición lo primero que uno percibe es que se ha empezado lo más tarde posible y las comisiones no se han puesto en funcionamiento, se han retrasado salvo la del IMAS. Nosotros hemos iniciado un trabajo propiamente institucional, y evidentemente, como estábamos fuera de la institución vamos con cautela y prudencia, porque una parte de los mecanismos los desconocemos.

Esa prudencia de la que habla, ¿es compatible con denunciar en la Fiscalía Provincial a un concejal pocas semanas de constituirse la corporación?

El que un cargo público intente bloquear el trabajo apartidista que deben hacer los empleados públicos para alinearlos con la política de su partido es un tema muy serio. Los empleados afectados en la denuncia de la junta de personal contra Dámaso Arteaga, que firmaron un escrito con sus huellas dactilares para no ser identificados, exponen que se les exigió no aportar a los expedientes documentos o datos contradictorios con la voluntad política que conducía esos expedientes. Se les planteó también que no pueden sumar a los expedientes correos electrónicos, que en ocasiones son la garantía para los empleados del ayuntamiento de que han cumplido con sus obligaciones de control sobre subcontratas sobre empresas que no cumplen una parte de lo acordado en los pliegos de condiciones.

Se les dijo además que todo lo que salga del servicio debiera pasar por el control político del concejal, y todo esto en un tono intimidatorio pues o acataban esas reglas del juego o se les desplazaba a otro servicio. Hemos presentado denuncia para que la Fiscalía determine si puede haber delito de coacciones o acoso laboral. Independientemente de lo que diga la Fiscalía, es inadmisible que un cargo público exija a los funcionarios incumplir con su obligación de servicio neutral a la administración. Políticamente me parece inaceptable, el alcalde debiera cesar a una persona que tiene esa conducta con los empleados del ayuntamiento.

¿Qué propuso usted al alcalde antes de que se cerrara el acuerdo de gobierno de CC y PP?

Nos pidieron que formáramos parte de un gobierno con CC y PSOE pero no tenía ningún sentido pues no estaban dispuestos a asumir propuestas significativas de nuestro programa y además nos neutralizaba como oposición. Ante un posible gobierno en minoría planteamos una propuesta constructiva por la que garantizábamos estabilidad durante la legislatura y que no participaríamos en una moción con el PP. Con ese escenario planteamos lo más sensato pero el alcalde quería un acuerdo de gobierno. Además, nos comprometimos con nuestros votantes a que no íbamos a favorecer ni por acción ni por omisión gobiernos en los que participara el PP.

El ayuntamiento reclama ahora el dinero que se pagó a Inversiones Las Teresitas por la compra del frente de playa. ¿Qué cree usted que debiera haber hecho antes y no hizo?

En primer lugar personarse en la vía penal, y en segundo lugar tenía que haber roto políticamente con la corrupción, cosa que no ha hecho. Hay que recordar que a Zerolo lo llevaron al Senado a representar a los canarios para demorar la justicia, después del historial de corrupción en Santa Cruz de Tenerife. CC ha tenido una complicidad política hasta el último momento. Ahora veremos en qué para todo este desaguisado por el cual el ayuntamiento pagó por comprar terreno público. Dependemos de la justicia para que al final se le devuelvan a la ciudad 72 millones de euros con los que se premió a dos empresarios de la isla y ese dinero se pueda destinar a necesidades que tiene la ciudad.

¿Cuál es la posición de IUC en los casos judiciales del Mamotreto y Siliuto?

El caso Siliuto se parece bastante a Las Teresitas, en el sentido de que había una tasación municipal sobre el inmueble que se iba a comprar y luego hubo una compraventa por un precio superior. Obviamente es una gestión inmoral de los recursos públicos y este caso debería de tener consecuencias políticas, luego veremos si tiene o no relevancia penal, eso que lo decidan los jueves. En el caso de los aparcamientos de Las Teresitas somos partidarios de derribarlo, porque en caso contrario el mensaje que se lanza es que incumplir la ley al final tiene premio a través de los hechos consumados. Lo que intenta el grupo de gobierno es agarrarse a una cláusula en la que se da a entender que podría haber una modificación en el planeamiento urbano que salvara una parte del Mamotreto.

¿Encuentra coincidencias con el caso de la Biblioteca de Las Palmas de Gran Canaria?

La biblioteca es otra cuestión, porque es un edificio que ya se está utilizando y es una infraestructura clave para el ayuntamiento de Las Palmas. Ahí hubo incumplimiento de la ley, unos vecinos tenían derecho a las vistas que generaba la ausencia de edificación pero la biblioteca se construye y una vez que se pone en uso se convierte en una infraestructura cultural necesaria y utilizada habitualmente por los vecinos y vecinas de Las Palmas. Obviamente se intenta generar de nuevo una situación de hechos consumados para no restablecer la situación que había previamente. Se haga lo que se haga con la biblioteca, no deja de ser grave que se asuma que la ley se viola mediante hechos consumados. Más allá de las consecuencias que tenga sobre el edificio de la biblioteca, entiendo que quienes violan la ley de manera deliberada deben de responder personalmente por los daños que causan.

¿Le comentan los ciudadanos que mejor sería dejar el Mamotreto como está por el gasto que supone derribarlo?

Sí, es verdad, porque mucha gente percibe el enorme coste que ha supuesto y el despilfarro que supone tirar una infraestructura como esta, pero el derribo lo van a pagar con su bolsillo las personas responsables de esa ilegalidad, como establece la sentencia, y no va a suponer un gasto para la ciudad. Derribar el Mamotreto es más barato para Santa Cruz en la medida en que disuade el tirar dinero público en obras innecesarias o ilegales.

¿Qué opina del hecho de que, tras años de gestión de Sacyr, sea ahora cuando se proponga hacerle un seguimiento a Emmasa ?

Todo esto es una respuesta a las críticas y las denuncias sobre la pésima gestión del agua de Santa Cruz de Tenerife por parte de la empresa concesionaria. Lo que ha ocurrido con la privatización de la gestión del agua en Santa Cruz es que un servicio que era rentable antes de ser privatizado ahora produce pérdidas. No han invertido lo comprometido en su día en el pliego de condiciones, han subido los precios y subcontratan con empresas de su propio grupo. En fin, estamos ante una gestión ineficiente y costosa. Emmasa debía de haberse mantenido en manos públicas en beneficio de la ciudadanía, esto es un abuso legalizado, igual que ocurre con Emalsa. Espero que el nuevo grupo de gobierno que hay en Las Palmas ponga fin a esta situación y no se le tolere a Emalsa lo que se le ha tolerado hasta ahora.

Aun siendo su adversario político, ¿destacaría algo de la gestión del alcalde José Manuel Bermúdez?

En el último se redujo de forma significativa la deuda de Santa Cruz, pero no deja de tener gracia de que el alcalde dijera en campaña electoral que le habían entregado el ayuntamiento en quiebra, porque CC habla con esta franqueza de su propio pasado pero sin hacer ningún tipo de autocrítica. De todas formas, estar en la oposición también conlleva reconocer lo que se hace bien, oponerse a todo y no reconocer absolutamente nada a quien está gobernando me parece un enfoque pueril y una falta de respeto a los ciudadanos, y en ese sentido destacaría de su último mandato la reducción de la deuda.

¿Va a resultar fácil la labor de fiscalización con un solo concejal?

No va a ser fácil. Afortunadamente hay un equipo de trabajo detrás, de cualquier manera va a desbordar al concejal. Va a ser complicada la labor de fiscalización, la mejora de las propuestas alternativas y el ir elaborando una propuesta global para la ciudad mucho más sólida y solvente, porque es verdad que cuando estás dentro de la institución empiezas a tener una perspectiva que desde fuera no la tienes, desde limitaciones legales y de cómo actúan incluso los intereses creados dentro de la institución.

Por ejemplo, en la comisión del IMAS se planteó sacar a concurso una nueva concesión del servicio de los centros infantiles de Añaza y Ofra. Nosotros estamos en contra de las escuelas privatizadas y el dilema que tuve fue defender la gestión pública o apoyar la concesión para que las trabajadoras no fueran al paro y no perdieran la subrogación posterior. Por ese motivo apoyé que se sacara la concesión a concurso y prioricé la defensa de esos puestos de trabajo.