SxTF-Equo y Sí se Puede serán acusasión popular en la causa contra Clavijo
El concejal de SxTF-Equo en el Ayuntamiento de La Laguna, Nacho Viciana, ha solicitado en nombre de su Grupo Municipal los expedientes de las ayudas concedidas a Ricardo González Martín y María José Castañeda Cruz, incluyendo los informes de Intervención que deben constar en los mismos al tratarse de resoluciones que generan obligación económica para el Ayuntamiento.
Viciana añade que SxTF-Equo se personará en el procedimiento en el que han sido imputados el alcalde de La Laguna, Fernando Clavijo; las concejalas Blanca Pérez (CC) y María José Castañeda (PSOE); el asesor de CC Ricardo González, y el anterior jefe de la Policía Local, Juan José Díaz entre otros.
El concejal considera que al tratarse de ayudas de emergencia social, las mismas deberían contar con los informes preceptivos, incluyendo el de Intervención, que es la principal garantía para valorar si la concesión de la misma cumple o no la legalidad.
A su vez, sostiene que, sin entrar a prejuzgar si la actuación de los responsables municipales es constitutiva de delito o no, lo que si parecen poner de manifiesto las conversaciones intervenidas que se han ido haciendo públicas es una trampa a las reglas del juego democrático en el municipio de La Laguna.
Al respecto, asevera que, “desde luego que la actuación del alcalde, Fernando Clavijo, y la concejala de Bienestar Social, Blanca Pérez, dista mucho de la tan cacareada transparencia que nos pretenden vender a diario en los medios de comunicación valiéndose de la millonada que se gastan en publicidad y propaganda”.
Mientras, el portavoz del Comité Local de Sí se puede en La Laguna, Rubens Ascanio, opina que la situación del Ayuntamiento tras las imputaciones e hace insostenible por “el enorme descrédito ciudadano que generan estas situaciones”.
También el portavoz ecosocialista anuncia que esta semana se personarán como acusación popular en esta causa, igual que han hecho en otros procesos similares como el referido a la situación de las grúas municipales, en el que según han expresado públicamente los propios trabajadores y el anterior propietario de la empresa que presta este servicio, también “se recibieron unas supuestas llamadas y presiones por parte del Alcalde referidas a la contratación de determinadas personas o a la gestión de la empresa”.
“Aunque el alcalde se quiera vender como un Robin Hood del siglo XXI, de la realidad que aparece en las transcripciones de las llamadas se deduce la realización de favores personales basados en intereses concretos”, explica. En este apartado, asegura que “aunque por el momento no hay motivos que indiquen un enriquecimiento personal de Fernando Clavijo, el beneficio obtenido parece claro, estos supuestos favores estarían vinculados con el mantenimiento en el poder de Coalición Canaria, gracias a acciones en las que se intuye que se beneficia a militantes de esta organización, destacados portavoces vecinales y miembros del partido con el que se estableció un acuerdo electoral menos de ocho meses después”.
En Sí se puede insisten en que lo mejor para el municipio es que los responsables políticos y el personal de confianza imputados dimitan de sus puestos, para que se defiendan sin usar la institución como escudo, “es lo más honesto y transparente que se puede hacer en este momento”. Esta formación avanza igualmente que están estudiando más acciones institucionales para aclarar lo sucedido, ya que no les vale “la intensa campaña mediática con la que se trata de justificar el contenido del auto del juez”.
Ascanio cree que el PSOE ha desaprovechado una oportunidad de demostrar que no es una organización que mantiene tibieza con la corrupción, reclamando la dimisión de Fernando Clavijo y de la responsable de la concejalía de Cultura.
Por el contrario cree que el portavoz socialista, Javier Abreu, en estos días ha evitado mencionar al alcalde en este proceso, mirando para otro lado, mientras hace una defensa de su compañera, ignorando deliberadamente que estuvo recibiendo una supuesta ayuda de alquiler mientras cobraba más de 57.000 euros anuales, cuestión que califican como “poco ética e insultante para los miles de demandantes de vivienda social en el municipio”.
En Sí se puede esperan que este proceso judicial se realice lo antes posible y se dote al juez de los medios necesarios para el estudio de los 80.000 documentos que el propio acto todavía dice que están sin estudiar. Igualmente desean que no se afecte a las justas demandas de las familias que fueron desalojadas de Las Chumberas, cumpliendo con todos los requisitos económicos, técnicos y sociales, una cuestión que debería separarse de los “puntos oscuros” aparecidos en el auto judicial.
