Dávila culpa al PSOE por la destrucción de un yacimiento y este le recuerda que las obras sancionadas empezaron bajo su mandato

La reacción en el Cabildo de Tenerife tras conocerse que la Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno regional le ha abierto un expediente sancionador por destrozar patrimonio etnográfico en unas obras del Instituto Tecnológico de Energías Renovables (ITER) en Arico ha sido la de señalar que era el PSOE quien gobernaba tanto en la corporación como en el Gobierno canario cuando se autorizaron los trabajos. Los socialistas, por su parte, han recordado que las obras comenzaron en 2024, bajo el mandato de Rosa Dávila.

El Cabildo ya ha anunciado que recurrirá el expediente sancionador (con 304.500 euros de multa) y que pedirá al Gobierno de Canarias que abra una investigación interna para esclarecer por qué cuando el anterior Ejecutivo autorizó al ITER a instalar una planta fotovoltaica “omitió” que en el lugar había un yacimiento etnográfico, denominado Morra Meca.

Desde que se comunicó esta incidencia se tomaron medidas, se paró la obra y un equipo de arqueólogos trabaja para preservar el yacimiento que, según ha especificado Rosa Dávila, no se trata de “momias” sino de un bancal.

En este asunto “ha ocurrido algo que queremos que el Gobierno investigue”, ha advertido la presidenta tinerfeña, pues cuando en noviembre de 2021 la Consejería de Transición Ecológica del anterior Ejecutivo autorizó la instalación de placas al ITER en dicho terreno “omitió la existencia de un yacimiento etnográfico en esa zona”.

Por ello el Cabildo de Tenerife recurrirá además el expediente sancionador, pues “no podemos actuar sobre algo que desconocíamos que existía” y de lo que no había la más mínima mención en la autorización y que la Consejería entonces dirigida por José Antonio Valbuena no incluyó en los condicionantes.

Rosa Dávila ha insistido en que el Cabildo alegará que el anterior Gobierno “ocultó” en su informe que había un yacimiento al emitir la autorización correspondiente, al tiempo que ha indicado que la corporación insular trabaja para poner en valor este aspecto etnográfico.

Las obras empezaron en 2024

El Grupo Socialista, a su vez, ha criticado que Dávila “intente desviar la atención” sobre su gestión al culpar al anterior Gobierno de Canarias por los daños al yacimiento etnográfico de Morra Meca, “cuando estos se produjeron en 2024”, ya bajo su mandato de CC y PP en la institución.

Explica el portavoz de los socialistas, Aaron Afonso, que la planta solar Fotobat 5+5, promovida por el Instituto Tecnológico de Energías Renovables (ITER), inició los movimientos de tierra en 2024, y fue entonces “cuando se produjo la afección al yacimiento, sin que se aplicaran las medidas previstas en la propia autorización”.

El PSOE, asimismo, ha asegurado que la autorización de Patrimonio Histórico estaba condicionada a que, “si se localizaba algún elemento patrimonial, se debía paralizar de inmediato la obra y contar con la presencia de un arqueólogo supervisor”.

Sin embargo, según ha trascendido, “ninguna de estas condiciones se cumplió”, y tanto el Cabildo como el Gobierno de Canarias “actuaron únicamente tras una denuncia pública”. Así, el PSOE considera “especialmente grave” que la presidenta del Cabildo reconozca que los operarios no podían saber que se trataba de un yacimiento“.

Puntualiza el Partido Socialista que las justificaciones de Dávila no la eximen de su responsabilidad en esta cuestión, ya que la situación “confirma que se actuó sin vigilancia técnica especializada, incumpliendo las condiciones de la propia autorización”.

Además, incide el PSOE, ha sido el propio ITER quien ha confirmado que ha tenido que reducir el número de placas fotovoltaicas y modificar el diseño del parque para preservar el yacimiento, lo que demuestra que “sí hubo afección y que las obras se estaban ejecutando sin las garantías necesarias”.

“Rosa Dávila intenta culpar al pasado por un daño que se ha producido durante su mandato. La gestión del ITER es responsabilidad directa de la Presidencia del Cabildo, y lo que ha fallado aquí son los controles y la vigilancia patrimonial durante la ejecución de la obra, no en la fase previa de autorización”, han afeado desde el Grupo Socialista.

El PSOE ha exigido a la presidenta insular que asuma “su responsabilidad” en la gestión de una empresa pública que, bajo su dirección, “ha alterado un bien patrimonial y ha incumplido las condiciones de protección establecidas en la autorización”.