Fernando Sabaté (Podemos): “Carlos Alonso debe dedicar menos recursos a propaganda institucional y subvenciones nominativas”
Fernando Sabaté es geógrafo, profesor titular en la Universidad de La Laguna (ULL), activista social y además político. Quizá este no sea el orden más adecuado para exponer las tantas cosas que Sabaté hace día tras día, y desde mucho tiempo atrás, pero seguro que da buena cuenta de su amplio y extenso compromiso con el desarrollo social y medioambiental de Tenerife y de Canarias.
En la faceta política e institucional pública, Fernando Sabaté ejerce como portavoz de Podemos en el Cabildo de Tenerife (aunque él proviene de Sí Se Puede), la “única oposición real”, recalca, al grupo de gobierno formado por nacionalistas y socialistas.
Tras superarse el ecuador del mandato en curso, 2015-19, Sabaté ha accedido a dar su visión acerca de lo que ha ocurrido en el citado bienio en esa Corporación insular, que preside Carlos Alonso gracias al apoyo mayoritario del pacto CC-PSOE.
Lejos de hacer un balance cuantitativo acerca de iniciativas, mociones, propuestas y otro tipo de acciones de Podemos en el Cabildo de Tenerife en los dos primeros años de mandato, sí me gustaría que usted destacara lo que considera más relevante del trabajo político desarrollado hasta ahora por su grupo.
Destaco, por ahora, tres cuestiones. Primera: desde hace muchos años, decenios tal vez, vuelve a existir oposición real en la primera institución insular. La presencia cronificada de Coalición Canaria en el gobierno del Cabildo de Tenerife -o de su precedente, la ATI- desde 1987, unida a la participación en ese gobierno hegemonizado por CC, años después, del PP y del PSOE de forma alternativa, generó una situación de mimetismo y complicidad en las políticas aplicadas que hacía inviable la imprescindible tarea de fiscalización y control democrático cada vez que alguno de esos dos últimos partidos regresaba a la oposición. Ese estado de atonía democrática ya se acabó, como mucha gente reconoce. Segunda: de forma particular, quiero subrayar nuestra acción permanente de denuncia y combate de la corrupción, en todas sus expresiones y escalas. Además de defender la legalidad y la buena gestión de los recursos públicos, esta labor tiene mucha importancia simbólica porque apunta a la imprescindible regeneración ética de las instituciones democráticas. Creo que hemos contribuido a generar una tensión permanente dentro del Cabildo de tolerancia cero a la corrupción (nos consta que algunos responsables políticos se han dirigido a su equipo técnico con un mensaje que reza, más o menos: “Tenemos que ser escrupulosos en el cumplimiento de la legalidad, que ahora tenemos aquí a los de Podemos acechando”. Y tercera: de modo más amplio, estamos condicionando desde la oposición, para bien del interés general, la agenda política del grupo de gobierno. Aunque tal vez no se perciba con facilidad por parte de la ciudadanía (salvo para la minoría que sigue muy de cerca el devenir de la política insular), lo cierto es que poco tiene que ver el discurso, y algo menos la acción, de quienes rigen el Cabildo con la etapa anterior: por citar solo tres casos, ahora no se habla, o se habla mucho menos, de trenes de levitación magnética, turismo de campos de golf o incineradora de residuos, y más de guaguas, reciclado o problemas de vivienda (aunque de manera aún insuficiente). Difícil explicarlo sin nuestro trabajo en el Cabildo. Se trata de lo que algunas personas han calificado como “gobernar desde la oposición”.
De ahí pasamos a la parte contraria: la autocrítica. ¿En qué se ha podido fallar, qué cuestiones ha sido imposible atender y sí debieron tenerse en cuenta, y cuáles se pudieron gestionar con más éxito?
Siempre se queda uno con la sensación de que se debe hacer más, en particular respecto al compromiso con las personas y colectivos sociales que peor lo siguen pasando. En nuestro caso, estamos limitados por el hecho de que los miembros de la oposición no estamos liberados en el Cabildo y mantenemos nuestros trabajos profesionales anteriores, teniendo que simultanearlos con la dedicación política y las responsabilidades familiares. También, debemos reconocerlo, nos pesó al comienzo nuestro desconocimiento sobre cómo se desenvuelve la dinámica institucional, sobre todo la de una corporación de la dimensión y la complejidad del Cabildo de Tenerife. Muchos de nosotros y nosotras llevábamos toda una vida involucrados en colectivos y movimientos sociales, y en la acción política de base, pero carecíamos de cualquier experiencia institucional.
Creo que eso se debió notar en alguno de los primeros plenos en los que participamos. Pero hemos aprendido bastante al respecto desde junio de 2015. Entre las cuestiones que debemos gestionar aún con mayor beligerancia, además de otras, se encuentran las del derecho a una vivienda digna (dentro del limitado margen competencial que tiene el Cabildo); la exigencia de inversiones y acciones mucho más contundentes en atención a las personas mayores y dependientes, y otro tanto en saneamiento y depuración de aguas residuales. También opino que debemos ser más activos en el ámbito de la política agraria, y en el más amplio de la recuperación del mundo rural, estratégico desde todos los puntos de vista.
¿Está unido el grupo de Podemos en el Cabildo de Tenerife o hay dos secciones o bandos, o quizá ya solo uno tras la marcha de Roberto Gil: el de Sí Se Puede?
Creo que el grupo de Podemos en el Cabildo de Tenerife es un ejemplo de armonía, no exenta de tensiones ocasionales, como en todo grupo humano, y de buena colaboración y complementariedad entre personas que tenemos diferentes orígenes y trayectorias políticas. De las cinco personas electas en mayo de 2015, es cierto que tres de ellas provenimos de Sí Se Puede -y estamos orgullosas de seguir perteneciendo a esa pequeño gran partido canario y municipalista-. Así lo decidió una amplia mayoría de la gente inscrita en Podemos que participó en las elecciones primarias: nuestra lista obtuvo dos terceras partes de los votos, compitiendo con otras dos y con varias candidaturas independientes (en realidad, el número de electos de Sí Se Puede en esas primarias fue aún mayor, pero varias personas de esta organización, en un alarde de responsabilidad, renunciaron o aceptaron ir en una posición más baja en la lista, en aras de mantener la cohesión con Podemos).
Una vez en el Cabildo, quienes pertenecemos a Sí Se Puede hemos sido exquisitos en la defensa leal de las siglas bajo las que concurrimos a las elecciones y sus posturas políticas. A modo de anécdota, recuerdo que en la primera entrevista en una emisora de radio me presentaron como el portavoz del grupo Sí Se Puede-Podemos en el Cabildo. Enseguida aclaré al periodista: “De Podemos; Sí Se Puede tiene sus propias portavocías”. Todas las decisiones fundamentales se han tomado y se toman por consenso dentro del grupo y con autonomía (en el sentido de sin injerencias externas). No constato la existencia de bandos, mucho menos de bandos enfrentados, pero sí de respeto mutuo, y de aprecio por las capacidades de cada persona dentro del ámbito de su experiencia y especialización profesional.
¿Llega tarde la renuncia de Roberto Gil como consejero insular o esto se ha hecho según lo previsto en el seno del grupo? ¿Quién lo sustituirá, descartada la persona que iba como sexta en la lista, y qué opina del trabajo que Gil desplegó junto a todos ustedes?
Entiendo que el compañero Roberto Gil se ha tomado el tiempo necesario para verificar si la nueva responsabilidad que asumió como colaborador de la dirección estatal de Podemos resultaba o no compatible con su condición de consejero del Cabildo. El resto de personas del grupo respetamos ese plazo, y entendemos ahora que la decisión tomada es la correcta. Una vez confirmada su próxima dimisión, la organización de Podemos está dialogando con las personas que le siguen en la lista para verificar su disponibilidad. Aún no hay una respuesta definitiva y, previsiblemente, se conocerá después del descanso vacacional de agosto. Roberto es una persona de incuestionable talento que, en la medida en que su tiempo se lo permitió (porque también desarrolló hasta hace poco importantes labores de colaboración con el grupo de Podemos en el Parlamento de Canarias), ejecutó una labor brillante en el Cabildo. Creo que perdemos un valor en la institución insular, pero lo gana el conjunto de la organización de Podemos a escala estatal.
¿Cómo califica la labor del grupo de gobierno de CC-PSOE en este primer bienio de mandato?
En algunos aspectos peor y en otros mejor. Manifiestamente mejorable, en general. Aunque debo reconocer que el Cabildo de Tenerife es una institución bastante profesionalizada (en el sentido positivo del término) y que cuenta con un personal técnico y un conjunto de empleadas y empleados públicos que hacen razonablemente buena la gestión cotidiana de muchos asuntos.
¿Qué correcciones introduciría para la segunda parte del ciclo y en qué políticas daría consejos gruesos al presidente insular, Carlos Alonso?
Aconsejaría a cualquier persona responsable política en Canarias, cada cual en función de sus competencias, que concentre la energía, y sobre todo la inversión pública, en políticas sociales robustas que atiendan las necesidades fundamentales de tantas personas y familias que padecen pobreza y exclusión social, sobre todo aquellos colectivos más vulnerables e indefensos, como la infancia, muchísima gente mayor y todas las personas dependientes. Al presidente actual del Cabildo, además de lo anterior, le reiteraría (porque ya se lo hemos manifestado en múltiples oportunidades en el salón de plenos) que dedique menos recursos a propaganda institucional innecesaria o a determinadas subvenciones nominativas -es decir, discrecionales y a dedo- que son, como mínimo, cuestionables. Y también que integre con rigor los requerimientos de sostenibilidad ecológica, de forma transversal, en todas las políticas insulares.
¿Puede hacer algo más el Ejecutivo de CC-PSOE para mejorar la situación de las familias tinerfeñas? ¿En qué aspectos básicos?
El gran déficit histórico de las políticas públicas, en Canarias y en el conjunto del Estado, es la atención a las familias. Como ha explicado con profusión el experto Vicenç Navarro, eso explica que hayamos pasado de tener altas tasas de natalidad a que exhibamos hoy en España -y de forma particular en nuestro archipiélago- las más bajas del mundo. Dicho esto, y para no repetir lo ya señalado, el Cabildo tiene mucho que hacer en la mejora general y el abaratamiento del transporte público colectivo; en potenciar y robustecer los servicios sociales de atención domiciliaria (para descargar de esta labor a las mujeres y para no desarraigar a mayores y dependientes de su entorno), y en colaborar con los ayuntamientos en la implantación de escuelas infantiles -lo que antes llamábamos guarderías-, aunque esto no sea de su competencia directa.
¿Tiene usted constancia de que CC utiliza empresas públicas vinculadas al Cabildo, con el control de este o participadas, para desarrollar tareas que a través de la Administración insular no podría llevar a buen término; esto es, para eludir controles de legalidad y de otro tipo y así hacer las cosas más fáciles? ¿Hay ejemplos?
Es una de las cuestiones que hemos denunciado desde nuestra entrada en la institución. Se crean, en distintos momentos, entidades adscritas al Cabildo pero autónomas en su funcionamiento para, en teoría, agilizar la gestión y reducir la burocracia. Pero se debe saber que disminuir la fiscalización legal y contable propia de la Administración -donde esta tarea está bien regulada y protocolizada- facilita su conversión en un coladero para acciones ilegales -por parte de personas malintencionadas (caso de Sinpromi, Recinto Ferial...)- o, con más frecuencia, alienta su utilización ilegítima como instrumento de política partidista de quienes gobiernan, para favorecer la creación y el sostenimiento en el tiempo de redes clientelares que vacían de contenido la democracia. Considero que la alternativa no pasa por reducir el control de legalidad por esa vía, sino por reforzar lo suficiente, entre otros, los equipos de personal público del servicio de Intervención en el Cabildo, para reducir al mínimo los tiempos de tramitación de expedientes, sobre todo ahora, que mejora la situación económica y aumentan los ingresos de las administraciones públicas.
Sinpromi, Recinto Ferial, ITER, Turismo de Tenerife... Todas estas son empresas públicas participadas mayoritariamente por el Cabildo, algunas de tantas otras... Podemos ha denunciado mala gestión en los cuatro casos y en dos de ellas hay causas judiciales abiertas: Sinpromi y Recinto Ferial. ¿Es esto normal? ¿Por qué algunos han podido robar en esas firmas públicas, según lo que apuntan las denuncias ya cursadas?
A los anteriores hay que añadir el caso Carreteras, previo a nuestra llegada al Cabildo, en el que nos hemos personado como acusación popular, lo mismo que en los casos Sinpromi y Recinto Ferial (o el de las tristemente célebres peleas de perros). Creo que la respuesta está implícita en la contestación a la pregunta anterior. Añado ahora que es llamativo que, más allá de quienes están involucrados en esos delitos, no haya nadie que asuma responsabilidades políticas en el Cabildo (ni en tantas otras instituciones). Nadie reconoce el error de haber colocado o mantenido en puestos de responsabilidad a personas cuyas malas prácticas ya empezaban a ser evidentes, o que incluso eran apuntadas en los análisis realizados por consultoras externas. Aunque sea un tópico, no deja de ser cierto: en otros países se dimite al saberse que un cargo público copió en un examen durante su juventud o puso en peligro a otras personas al conducir bajo los efectos del alcohol. En cambio, aquí no se dimite ni por equivocación.
¿Qué opinión le merece el trabajo del Consejo Insular de Aguas (CIAT) y quiénes son los culpables de la nefasta gestión que se ha hecho en el capítulo de aguas residuales, con numerosas zonas costeras con contaminación marina y sanciones previstas por la Unión Europa?
Aunque el CIAT ha cumplido bien, en líneas generales, la tarea de garantizar la disponibilidad hídrica en la isla para el consumo humano y para el riego agrícola (en este último caso, con mayores deficiencias, sobre todo en algunas comarcas), lo cierto es que nunca se ha tomado en serio completar el ciclo integral del agua; es decir, recoger la totalidad de las aguas residuales, conducirlas a un sistema de depuración adecuado, limpiarlas y reutilizarlas hasta donde sea posible. No es un problema solo del actual equipo gestor, sino de todos los anteriores. Lo de las residuales, en nuestra isla y en toda Canarias, es de vergüenza: 120 puntos de vertidos en Tenerife (de 170) sin autorización administrativa, un miserable 4% de aguas vertidas al mar correctamente depuradas (el otro 96% no lo está) y depuradoras de gran tamaño construidas hace dos o tres decenios que jamás funcionaron como es debido (y después de tanto tiempo no es de recibo seguir echando la culpa al Estado que las diseñó y financió). Ponemos en riesgo la que sigue siendo la base principal de nuestro producto turístico, el de sol y playa (como alguien dijo, si no le ponemos remedio antes, tendremos que ofertar en un futuro cercano sol y piscina), y algo no menos importante: estamos socavando las condiciones de ocio y recreo de miles de familias que, desde luego, no se pueden permitir ir de vacaciones a otro territorio, aparte del derecho a un servicio ambiental de calidad, como es el baño en la mar para el conjunto de la población. Como ha dicho nuestro compañero parlamentario Paco Déniz: ¿qué sentido tiene vivir en una isla y estar privado de la posibilidad elemental de disfrutar del mar, que es lo último que nos queda a la gente isleña? ¿Qué calidad de vida nos dejan cuando perdemos algo tan elemental?
Un aspecto fundamental es que, en bastantes casos, el problema actual de vertidos se podría resolver mediante sistemas de depuración natural (depuradoras verdes), de probada eficiencia en algunos puntos de Tenerife (promovidas, paradójicamente, por el propio Cabildo hace años) y cuyo coste de construcción y mantenimiento es muchísimo más barato. Hemos denunciado esta situación en el Cabildo, como lo vienen haciendo concejalas y concejales de las organizaciones políticas alternativas en muchos ayuntamientos. Crece la concienciación ciudadana al respecto. También es verdad que los responsables del Cabildo en esta materia se están poniendo las pilas para mejorar la lamentable situación actual. Pero lo que más influye, tal y como se ha apuntado, es la amenaza de sanciones desde la Unión Europea: a la fuerza ahorcan.
Carlos Alonso ha dicho que la situación no es tan mala y que lo que pasa es que ustedes son unos alarmistas. ¿No es tan mala...?
¿Es alarmista recordar que aún padecemos un intolerable 21% de población desempleada (durante lo peor de la crisis, la situación en los países europeos más equitativos apenas rozó el 10%); que muchas de las personas que consiguen un empleo padecen tales condiciones de precariedad que ni trabajando consiguen salir de la pobreza; que, a pesar de la mejora de algunos indicadores macroeconómicos, el número absoluto de personas en situación real de exclusión siga aumentando; que se cronifica la pobreza...? Es evidente que no todo va mal, pero bastan los datos expuestos para evidenciar que no tiene ningún sentido caer en la autocomplacencia.
¿De verdad apuesta por la transparencia el grupo de gobierno en el Cabildo? ¿Facilita las cosas a la oposición?
El Cabildo no es de las peores instituciones al respecto (sobre todo en comparación con algunas otras administraciones locales canarias), pero sigue presentando graves deficiencias: una de ellas, su negativa persistente a transparentar el gasto público institucional en medios de comunicación. ¿Por qué quieren ocultarlo, como nos reiteraron en el reciente debate sobre el estado de las políticas insulares?
Respecto a nuestro acceso como grupo de la oposición a expedientes y datos del Cabildo, funciona razonablemente bien (es decir: se cumple la legalidad), pero con una excepción: cuando solicitamos información sensible sobre asuntos relacionados con una gestión supuestamente incorrecta o ilícita. El caso del uso de las tarjetas por el anterior responsable de Turismo de Tenerife es un claro ejemplo.
¿Qué papel juega el PSOE en la alianza con CC? ¿Mandan algo los socialistas o el control supremo de la Corporación insular está en manos de Carlos Alonso?
La impresión que muchas personas tenemos es que el PSOE actúa de forma subordinada a Coalición Canaria en muchos terrenos. Su diferencia en número de cargos electos es pequeña (7 y 10, respectivamente), pero el Partido Socialista no logra autonomizarse respecto a la otra parte del Cabildo, ni siquiera en asuntos que deberían constituir una seña de identidad para un partido calificado de izquierdas. Ojalá esta situación se modifique, pero no soy optimista al respecto.
¿Y qué me dice del papel del PP en la oposición?
O no la ejerce o la centra en aspectos tan menores como grotescos (su obsesión contra la correcta regulación -que no supresión- de los fuegos artificiales y el ruido que provocan o bien su oposición radical a la puesta en marcha de una televisión educativa insular pública, austera en el gasto). Actúa así porque considera que le generará rédito electoral, lo que es tanto como despreciar la inteligencia de la ciudadanía. En algunos asuntos, el PP sigue la estela que marca Podemos, la única oposición real y efectiva en el Cabildo de Tenerife.
En todos los frentes que se abren en la isla y en teoría dan votos, el presidente Alonso hace un esfuerzo descomunal por colocar la bandera de CC. Hay varios ejemplos de esto en el deporte, en las nuevas tecnologías y en las comunicaciones, por citar algunos ámbitos. ¿Tanto se aprovechan los recursos públicos para generar determinadas afinidades políticas?
En efecto, es marca de la casa. No solo, o no tanto, de la casa del Cabildo, que al menos cuenta con el contrapeso de un personal que actúa con bastante rigor profesional, como de la propia Coalición Canaria. Esta es una organización que se construyó desde sus inicios en Santa Cruz de Tenerife como un proyecto populista de derechas y fue capaz de consolidar un sistema basado menos en el desarrollo de los derechos de la ciudadanía y mucho más en el establecimiento de estructuras clientelares: lo que te corresponde lo traduzco en un favor, que tú me devuelves con tu voto y el de las personas de tu entorno.
¿La solución a los problemas de movilidad en Tenerife solo pasa por más carreteras, más piche? Antes, y creo que usted lo recuerda, esto consistía en colocar dos trenes: Santa Cruz-norte y Santa Cruz-sur? ¿Por qué modelo apuesta Podemos?
Sin duda alguna, apostamos por balancear el predominio absoluto del transporte privado -de quienes aquí vivimos y de los turistas que nos visitan y alquilan un vehículo- con un transporte colectivo público, accesible -en todos los sentidos del término- y de calidad. Pero ese transporte público no debe consistir en trenes, que resultan carísimos (medio billón -con be de burrada- de las antiguas pesetas) y de alto impacto en un territorio tan frágil y ya saturado como el tinerfeño, sino en una mejora sustancial del sistema mejor adaptado a nuestro territorio: las guaguas. Unas guaguas que, por lo demás, aprovechan la red viaria tan densa que ya poseemos. También hay que discriminar en positivo el transporte público y a las personas que se organizan para viajar juntas en coche particular, implantando y extendiendo carriles Bus-VAO en muchos tramos viarios de nuestra isla.
Desde una perspectiva más global, es imprescindible integrar los criterios de movilidad sostenible dentro del conjunto de las políticas insulares y muy en particular de la ordenación del territorio. La isla la debemos gestionar bajo el principio de contra transporte, cercanía, situando en el centro la movilidad peatonal para desplazamientos donde podamos satisfacer nuestras necesidades fundamentales (comercio, estudio, ocio, deporte -y en lo posible, el empleo-) en el ámbito más próximo. Hay que desarrollar todo el potencial que tiene Tenerife para el uso de la bicicleta, no solo como práctica deportiva o para el turismo, sino también en el ámbito urbano y como opción real para los desplazamientos cotidianos. En tercer lugar, está el transporte público. Y solo finalmente, el vehículo particular (apostando en este caso por incentivar cada vez más los vehículos eléctricos).
En el ámbito agrario, las políticas del Cabildo suman sonados fracasos: crisis en el sector ganadero local, con el proyecto Teisol y los polígonos pecuarios en el cubo de la basura; problemas en el cultivo de la papa, con la polilla haciendo de las suyas y mucha pérdida de renta de los cosecheros, y grandes dificultades en el segmento vitivinícola, con una división entre organizaciones profesionales propiciada por el propio Cabildo... Son algunos ejemplos de que la cosa no ha ido tan bien como se pinta. ¿Cuál es la senda que hay que tomar, de forma general, y por qué cree usted que el Cabildo de Tenerife acumula tantas fincas agrarias, en el norte y en el sur, muchas de ellas, por cierto, hoy totalmente abandonadas?
La respuesta completa exigiría mucho espacio. Por sintetizar diré lo siguiente. Primero, aún está pendiente un análisis riguroso e independiente sobre las causas del fracaso o el mal funcionamiento de muchas inversiones en infraestructura agroalimentaria que promovió en su momento el Cabildo: Quesería de Arico, muchas bodegas comarcales que languidecen o el caso citado de Teisol. Es fácil echar la culpa a las estructuras cooperativas que las gestionaban (como afirma alguna gente) o a su ubicación en el ámbito público (como denuncia el PP). Se conocen en todas partes ejemplos de buena gestión pública o en cooperativas, pero para que así suceda hay que implementarlos con un buen diseño y una permanente fiscalización democrática, tanto desde la Administración como desde la comunidad. Segundo: otro tanto se puede decir de la política de adquisición de fincas emblemáticas, que en muchos casos no vino acompañada de proyectos claros y bien concebidos, ni tampoco arraigados en el entorno local para garantizar su eficiente gestión futura. Tercero: a las organizaciones profesionales agrarias (y a todas en general), para que de verdad lo sean, se las debe tratar desde el respeto a su independencia y con igualdad en el trato. Y cuarto: la agricultura y el conjunto de actividades propias del mundo rural, además de sustentar la base de nuestra identidad como pueblo, poseen una importancia trascendental, como se ha destacado tantas veces: soberanía y seguridad alimentaria, garantía de productos frescos y de calidad, consolidación de la economía local, paisaje... Es lo cierto que, en un planeta globalizado, su sostenimiento económico es cada vez más difícil en los países desarrollados, pero, partiendo de ese reconocimiento, se trata de trabajar desde las instituciones públicas para remover los obstáculos (precios elevados del agua de riego, el suelo más caro de todo el Estado -que dificulta sobremanera la incorporación de jóvenes agricultores que no hereden la tierra de sus mayores-, sistemas de comercialización muy mejorables...), y sobre todo, de no añadir otras nuevas, ciertas subvenciones del REA a productos importados o la reciente Ley del Suelo, que puede tensionarlo y encarecerlo todavía más. También el turismo, lejos de lo que sucede ahora, debe contribuir por diversas vía al sostenimiento de la actividad agraria. El Cabildo, en conjunción con los ayuntamientos y el Gobierno de Canarias, tiene una amplia tarea que desarrollar.
¿Cómo es su relación con Carlos Alonso y qué control ejerce el presidente sobre lo importante que se cocina en el Cabildo?
Dejando al margen las evidentes discrepancias políticas, la relación es correcta (como con el resto de personas que integran la corporación). En los plenos y comisiones, y fuera de ellos, es fácil constatar el control (tanto en sentido positivo como negativo) que ejerce el presidente sobre la mayoría de los asuntos. Llegados al ecuador del mandato, me he formado la opinión de que Carlos Alonso, y otros integrantes de su círculo más estrecho, son personas inteligentes y trabajadoras. Lo malo es que ponen muchas veces esa inteligencia y capacidad de trabajo al servicio de un proyecto de isla insostenible en lo ambiental y social, y que en determinadas cuestiones clave se desempeñan como correa de transmisión de los principales grupos económicos que sustentan el poder insular, en cuestiones a menudo alejadas del interés social mayoritario.
¿Qué opinión le merece el trabajo realizado en materia de gestión de residuos y qué se puede decir de los espacios naturales protegidos, lo que ya incluye el parque nacional del Teide?
Con los residuos, se ha corregido el rumbo (renuncia -aunque todavía no definitiva- a la incineración), pero el barco navega a una velocidad tan lenta como insuficiente, aunque solo fuera para cumplir los objetivos obligatorios marcados por la Unión Europea en materia de reducción, reutilización y reciclado (por ese orden de importancia). Siendo un territorio tan limitado como tensionado, estamos obligados a gestionar bien los residuos, aunque no nos lo impusiera nadie. Y si no lo hacemos ya, estaremos abocados al peor modelo -la incineración- a la vuelta de pocos años.
En cuanto a los espacios protegidos (entre los que deberíamos incluir también al paisaje rural vivo y en funcionamiento), son un claro ejemplo de ese tensionamiento excesivo que he citado varias veces: la multiplicación del número de turistas y el creciente aprecio por las actividades en la naturaleza de una población local cada vez más urbana y alejada de ella están provocando la congestión de muchísimos espacios, incluyendo los más valiosos y emblemáticos: el propio Teide, pero también Anaga, Teno, Masca o la Corona Forestal. No se trata de prohibir, sino en todo caso de regular correctamente la utilización de esos espacios, acompasando los ritmos de visita y respetando los derechos de la población local que los habita, cuyos antepasados, en muchos casos, fabricaron su paisaje.
Por cierto, ¿es Podemos el partido responsable de las deficiencias en depuración de aguas residuales en la Isla Baja?
Simpática pregunta. Lo único que ha hecho Podemos en la Isla Baja, lo mismo que Sí Se Puede, y en estrecha colaboración con colectivos ciudadanos muy comprometidos, es contribuir a la extensión de la conciencia sobre el problema de las aguas residuales, seguido del planteamiento de alternativas, tanto dirigidas a los ayuntamientos de la comarca como al Consejo Insular de Aguas o directamente al pleno del Cabildo. Desde nuestro grupo elaboramos una trabajada moción, resultado entre otras cosas de amplias consultas a profesionales expertos en depuración y con propuestas tan rigurosas como realistas. La registramos, como es preceptivo, el lunes anterior al pleno que se celebra cada último viernes de mes. El grupo de gobierno guardó silencio sobre cuál iba a ser su postura al respecto. Llegado el día, nos sorprendió con una rueda de prensa a primera hora de la mañana exponiendo propuestas prácticamente idénticas a las de nuestra moción... para luego rechazarla unas horas después en el pleno. Interpelados al respecto en privado, respondieron reconociendo que no iban a facilitar que Podemos se atribuyera el éxito de una buena iniciativa.
¿Cómo van a conseguir tener más representación en las empresas públicas del Cabildo y cómo se puede conseguir que haya más transparencia?
Después de mucho reivindicarla, ya hemos conseguido entrar en varias importantes entidades más, aunque no en todas. Seguiremos exigiéndola, como debe ser preceptivo. Y también defendiendo que el deber de lealtad que se le exige a las personas que integran los consejos de administración de las sociedades se debe entender como lealtad al interés general de la ciudadanía y al cumplimiento estricto de la legalidad.
Tras la sentencia contra los areneros de Güímar, la obligación de restaurar esos espacios por los condenados y el fracaso de la iniciativa legislativa del Cabildo de Tenerife, ¿qué se puede esperar del futuro de esa zona?
No se deben olvidar los triunfos históricos que supusieron el cierre, una tras otra, de las catastróficas canteras de Güímar, así como el enjuiciamiento y la condena de quienes las explotaban. Tampoco que ambos éxitos se debieron, en lo esencial, al esfuerzo, la acción y la presión sostenida por parte de la ciudadanía güimarera. Como colaborador comprometido con ese movimiento durante el último decenio, créame que sé bien de lo que hablo. Pero queda aún un asunto por resolver: aunque la actividad extractiva está paralizada por el momento, se mantiene aún la calificación de suelo minero, que pende como una amenaza sobre el territorio y la comunidad local. El anhelo de la gente del Valle de Güímar, que cualquier persona razonable y bien informada compartiría, es que desaparezca para siempre esa amenaza y el suelo recupere su condición de suelo rústico agrícola, o en algunos sectores de cauce viable de barranco para eliminar también los riesgos contra la seguridad. El futuro, por tanto, es incierto. Pero estoy persuadido de que la comunidad local no se rendirá. Recurriendo a la inteligencia colectiva, encontrará nuevas alternativas para ese rincón magnífico del territorio tinerfeño.
