La Guardia Civil eleva denuncia ante los juzgados de La Orotava por el caso piscifactoría

Parece que hay caso piscifactoría para rato en la isla de Tenerife. A esto apunta el contenido del informe redactado por el funcionario de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias que el viernes, de oficio, realizó una inspección en la piscifactoría de truchas de Aguamansa (La Orotava), la gestionada por el Cabildo de Tenerife (fuentes consultadas sobre el particular lo califican de “demoledor”), y también el proceso de denuncia que inició en la tarde del viernes la Guardia Civil, a través del Seprona, después de hacer acto de presencia en la piscifactoría de Aguamansa, alertada por lo vecinos.

Esta última actuación ya ha desencadenado, como han confirmado a Tenerife Ahora fuentes de la Guardia Civil, la elevación de denuncia ante los juzgados de La Orotava, lo que implica que el caso psicifactoría, que afecta a la gestión pública realizada por el área de Medio Ambiente del Cabildo de Tenerife (con el socialista José Antonio Valbuena de consejero) en esa explotación acuícola, ya está judicializado.

Este último acontecimiento, el de la confirmación de que el caso ha entrado en los juzgados, ha sido el segundo efecto palpable tras el cierre de la citada piscifactoría el viernes pasado (el primero de ellos), una vez conocidas las informaciones publicadas por Tenerife Ahora acerca de la mencionada instalación, de la que un documento técnico del propio Cabildo de Tenerife informaba, a petición del departamento de Gestión Forestal (el que atendía ese recinto público), de las malas prácticas realizadas en la gestión de la reseñada explotación animal, destinada a la cría y el engorde de truchas desde principios del decenio de 1970.

Sin duda alguna, y debido a sus posibles implicaciones en la salud de las personas, lo peor que detallaba este último informe, el interno del Cabildo de Tenerife, era que los peces se trataban con antibióticos (un derivado del cloranfenicol con uso prohibido en las personas) introducidos en piensos corregidos que luego se vertían al agua y esta terminaba, sin controles previos reglados ni la aplicación de protocolos, en el principal canal que abastece a la población de la parte nororiental de Tenerife y su área metropolitana.

Después de la información servida en primicia por Tenerife Ahora el martes de la semana pasada, que se apoyaba en el informe interno muy crítico con la gestión de la piscifactoría que practicaba el propio Cabildo, los acontecimientos se han sucedido a velocidad de vértigo. Primero, con una nota de prensa de la Corporación insular quitando hierro a lo que había ocurrido en julio pasado, al menos en algunos días o semanas de ese mes, como incluso confirmó a este medio de comunicación el jefe del Servicio Técnico de Gestión Forestal, Ventura Machado.

Después, se produjo la actuación de oficio y el cierre urgente de las instalaciones tras la inspección cursada por un funcionario de la Dirección General de Salud Pública, lo que obligó a cancelar el suministro continuo de agua, esencial para que estos peces puedan vivir, y con ello se produjo la muerte de todas las truchas.

Esta acción, que se hizo a plena luz del día, causó enorme alarma entre algunos vecinos y personas allí presentes. Incluso se llamó a la Guardia Civil y esta acudió al lugar para levantar acta de lo ocurrido, acción que ha desembocado en la judicialización ya confirmada de este caso. Las redes sociales están repletas de fotos y vídeos con escenas de la práctica de sacrificio.

La visita del inspector de Salud Pública forzó la clausura de las instalaciones el mismo día que trabajó in situ, una decisión que el Cabildo de Tenerife, en su segunda nota, vendió ante la opinión pública como un cierre de “mutuo acuerdo”, e incluso como una decisión en la que ya se había pensado desde diciembre pasado.

Ahora, varios días después de la clausura de la piscifactoría de Aguamansa, se conoce que el caso ha llegado a los juzgados. Entretanto, en el Cabildo de Tenerife guardan silencio, por ahora, y cuando se pide entrevistar o hablar con el consejero insular de Medio Ambiente, José Antonio Valbuena (el responsable político de esa área insular), se asegura que este sigue disfrutando de sus vacaciones, unas vacaciones válidas para no atender a la prensa, que su presencia en la sede del área insular de Medio Ambiente, en la conocida como hambruguesa, ha sido visible esta misma semana, incluso con firma de convenios de colaboración.

Las preguntas que Podemos hará este viernes en comisión

En una nota de prensa remitida por Podemos, el único partido de izquierdas en la oposición del Cabildo de Tenerife (no apoyan el Gobierno insular, una alianza de CC-PSOE, ni Podemos ni el PP ni Ciudadanos) invita al responsable de la gestión insular en Medio Ambiente, del PSOE, a contestar varias preguntas, todas ellas formuladas por el portavoz de ese grupo político en esa Corporación, Fernando Sabaté.

Sabaté pregunta al grupo de gobierno en el Cabildo por “¿qué razones han llevado a suministrar antibiótico a las truchas que se han estado criando en la piscifactoría que ha gestionado el Cabildo de Tenerife en Aguamansa?”; “¿si se tiene conocimiento de los riesgos y problemas asociados a esa práctica?”, y ¿qué protocolos medioambientales y de salud pública se han aplicado?

Estas son algunas de las incógnitas que quiere despejar el grupo insular de Podemos durante la comisión plenaria de sostenibilidad convocada en el Cabildo para este mismo viernes.

Además, Sabaté ha incidido en que “la revelación periodística de que se ha estado medicando a las truchas de esa piscifactoría de forma habitual durante el último decenio y de que los potenciales residuos de ese medicamento, no apto para consumo humano, se han vertido a la red de agua que abastece a la población de diferentes municipios del norte de Tenerife y del área metropolitana merece explicaciones mucho más detalladas que las facilitadas hasta ahora por el grupo de gobierno insular de CC-PSOE”.

Para el portavoz de Podemos, es bien “conocido que los residuos de antibióticos ingeridos de forma incontrolada pueden llegar a tener consecuencias negativas para la salud humana y la de otros seres vivos”. Sabaté también matizó que, “aunque desde el Gobierno insular se ha afirmado con cierta improvisación que este hecho no tiene mayor trascendencia, dado que el agua de abasto urbano se somete a tratamientos que garantizan su potabilidad, esta explicación resulta poco convincente”.

La realidad sobre este asunto, sostiene Sabaté, es que “tales tratamientos pueden eliminar la contaminación bacteriana”, “pero ni la cloración ni otros tratamientos convencionales, como la decantación o el tamizado, garantizan la eliminación de residuos químicos ni de trazas de medicamentos sintéticos”.

Sabaté subrayó que, por ello, es lógico que expertos en la materia, la ciudadanía y el grupo insular de Podemos ahora demanden información detallada y convincente, por ejemplo, sobre los riesgos y problemas que podían derivarse de la ingestión humana de esos antibióticos.