Las inspecciones detectan casi 13 trabajadores al día sin contrato o con éste incompleto en el primer semestre

Las irregularidades en el mercado laboral de Canarias no cesan, pese a que la labor de la Inspección de Trabajo (dependiente del Estado), en coordinación con el Gobierno autonómico, cada vez intimida más a los empresarios de las islas y, por cierto, no ha dejado de ganar potencia y de asistir a la mejora en la colaboración entre las administraciones públicas, al menos desde el año 2016, entonces con el PSOE en esa área de gestión en la Comunidad Autónoma de Canarias.

La tarea de los inspectores dependientes del Ministerio en el archipiélago se ha intensificado en todo ese tiempo y además el acelerador de los controles no pretende aminorarse por ahora, mucho menos cuando los resultados obtenidos en las inspecciones realizadas siguen siendo en algunos casos hasta alarmantes.

Es lo que se desprende, al menos en gran parte, del balance de la Inspección de Trabajo en el periodo enero-junio de 2018 (primer semestre del año), cuando, según los datos oficiales servidos estos días por la consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Cristina Valido, afloraron 2.289 empleos (personas que trabajaban sin soporte contractual ajustado a derecho), se transformaron 4.333 contratos en indefinidos y se elevó el tiempo de trabajo que reflejaban los contratos de 672 individuos. El registro de personas sin contrato supuso el hallazgo de casi 13 trabajadores ilegales por día (12,7) en la primera mitad del año, un promedio que, sin duda, sigue siendo bastante alto.

Cristina Valido y los responsables de las inspecciones de Trabajo y de Seguridad Social en Canarias mantuvieron hace poco una reunión con el objeto de planificar las actuaciones que se desarrollarán el año próximo para controlar el fraude en la contratación y la prevención de riesgos laborales, entre otras cuestiones.

La cita se produjo después de que los resultados de la actuación inspectora a lo largo del primer semestre pasado hayan permitido mejorar la situación de 7.294 personas que no tenían contrato o este era fraudulento, o bien el modelo adoptado no correspondía a la realidad laboral.

La consejera canaria de Empleo ha dejado claro que “nuestra intención para el año 2019 es seguir vigilando ese tipo de fraudes, sobre todo en la economía sumergida, ya que suponen un agravio a los derechos laborales de muchas personas. Estas, al no estar dadas de alta en la Seguridad Social o no cotizar por el tiempo real que trabajan, no podrán disfrutar de las pensiones que deben corresponderles cuando se jubilen o incluso de las ayudas por desempleo si en algún momento dejan de trabajar.

En líneas generales, la actuación de la Inspección de Trabajo durante el primer semestre de 2018 ha permitido la realización de 6.500 visitas a centros de trabajo, intervenciones que han finalizado en 14.454 órdenes de servicio.

Por materias abordadas, 2.462 han sido órdenes de seguridad y salud, 2.833 de relaciones laborales, 515 de empleo, 20 de extranjeros, 6.846 de economía sumergida e irregular y 689 de otras actuaciones.

De los 2.289 empleos aflorados, 1.187 no tenían alta en la Seguridad Social, 493 fueron altas de oficio; hubo 45 extranjeros trabajando sin permiso y 564 consistieron en incrementos del tiempo de trabajo superiores al 50%.