Cuatro de cada diez parados canarios tardan año y medio en hallar empleo
Que Canarias tiene un problema muy grave con el paro, eso ya se sabe, lo mismo que éste ha empeorado sobremanera con el estallido de la crisis económica en 2008 y el paralelo derrumbe del sector de la construcción en las islas. En la actualidad, según los datos servidos el viernes pasado por la vicepresidenta del Gobierno de Canarias, Patricia Hernández (también responsable de Empleo), “el 43,6% de los desempleados isleños son de larga duración (más de un año en la lista de demandantes de trabajo) y tardan más de año y medio en hallar trabajo”.
Por esas razones de peso, Hernández sostuvo en la clausura de la Conferencia Autonómica de Canarias ante la reforma de la Constitución, celebrada el viernes pasado en Santa Cruz, que “el recorte de fondos a las regiones ultraperiféricas -RUP- [en alusión a la deficiente financiación autonómica de las islas] supone condenar a las personas que están en desempleo a esperas más largas que las medias en otras comunidades, hasta que logran insertarse en el mercado laboral”, informó Europa Press.
El 30 de septiembre pasado, más de 30 expertos, conferenciantes y representantes de sectores políticos, económicos y sociales pusieron punto y final a la llamada Conferencia Autonómica de Canarias ante la reforma de la Constitución, foro técnico que concluyó que la futura reforma constitucional debe clarificar las competencias del Estado y de las comunidades autónomas para evitar conflictos entre esas dos administraciones, a la vez que reconocer las singularidades de Canarias y su reconocimiento como región RUP. El informe final de esa conferencia, presentado el viernes en Santa Cruz, defiende que haya un amplio “consenso político” para impulsar tal reforma e incorporar los nuevos derechos sociales conquistados en el país en los últimos decenios.
El citado documento, que se agrupó en torno a la distribución de competencias, la condición de las islas como región ultraperiférica (RUP), los modelos de financiación y el Régimen Económico y Fiscal (REF) canario, pide que se incluyan las conferencias sectoriales y la Conferencia de Presidentes como medios para resolver los conflictos y también el reconocimiento de Canarias como región RUP, en la línea de lo que ya hace la Unión Europea (UE). Asimismo, plantea que las comunidades autónomas participen en la construcción del derecho europeo y que se acometa una revisión “extensa y prolija” del Estatuto de Autonomía de Canarias.
Financiación justa y garantizada por la Carta Magna
En cuanto al modelo de financiación autonómica, los expertos sostienen que hay que cambiar la redacción del artículo 158.1 para que los Presupuestos Generales del Estado garanticen la igualdad en la prestación de los servicios básicos y que el REF no sea reducido por el cambio habido en el sistema de financiación autonómico. Sobre esto último, los expertos han insistido en la necesidad de que haya “garantía institucional” en la Constitución, mientras que en el plano impositivo propio de las islas han demandado que el IGIC se convierta en un impuesto autonómico puro sin que ello afecte a su coordinación con la Hacienda estatal.
En la difusión pública de esas conclusiones técnicas, la vicepresidenta del Gobierno, Patricia Hernández, coincidió con el panel de expertos en la necesidad de reclamar un “trato especial” para Canarias en la Constitución, con mención expresa a su condición de RUP. Este reconocimiento ya se recoge en el Tratado de la UE.
Hernández aclaró que “poner en la Constitución que hay derecho a un trato diferenciado no basta, sino que es necesario que se incluya ese derecho en la Constitución en forma de blindaje del REF. Por esto, es tan importante insistir en la necesaria revisión de la Carta Magna”, afirmó.
Para Patricia Hernández, hoy es clave “reforzar” el cumplimiento del REF y que se garantice la financiación autonómica y, través de estas vías, la prestación de los servicios públicos, lo que repercutirá en la mejora de la calidad de los ciudadanos“, explicó. ”La escasa financiación de la sanidad pública y de las políticas sociales tiene su origen en el modelo de financiación actual“, subrayó la misma fuente, que a la vez recordó que ”Canarias es la comunidad autónoma peor financiada, con un modelo que detrae a las islas 700 millones de euros al año“.
