Puertos Canarios pagó medio millón de euros de más por las obras del muelle de Garachico

La empresa Puertos Canarios, dependiente de la Consejería de Obras Públicas, abonó en agosto de 2013 un total de 502.300 euros de más a la Unión Temporal de Empresas (UTE) que ejecutó las obras del muelle de Garachico. Así consta en los informes elaborados por la Intervención General de la Comunidad Autónoma que han sido remitidos al Tribunal de Cuentas por las irregularidades detectadas en la entidad entre los años 2014 y 2017.

El pago se produjo en concepto de revisión de precios, tras una factura presentada por la UTE, sin llevar a cabo el procedimiento que establece la legislación y sin haber realizado la liquidación definitiva de la obra. Una irregularidad que encendió las alarmas de las auditorias externas que fiscalizan a la empresa pública, que advirtieron por escrito de la necesidad de recuperar el dinero abonado de forma indebida.

En agosto de 2013, cuando se produjo el pago irregular, la Consejería de Obras Públicas estaba gestionada por Domingo Berriel (Coalición Canaria), mientras que al frente de la empresa de Puertos, como director-gerente, se encontraba Juan José Martínez, actual concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

El 18 de septiembre de 2017, Puertos Canarios abrió un expediente de reintegro para exigir a la UTE la devolución del dinero, pero las empresas se opusieron y el procedimiento caducó sin que fuera resuelto. Las constructoras que finalizaron los trabajos de la infraestructura de Garachico, y que cobraron de forma indebida más de medio millón de euros, fueron Comsa SA, Construcciones y Estudios SA (CYES), y Satocan SA. 

Después de que el expediente caducara, la Intervención General emitió un informe en septiembre de 2019, elevado al Tribunal de Cuentas, en el que advertía de que no se había recuperado el dinero pagado de más a la UTE de Garachico. La posición del órgano fiscalizador obligó a Puertos Canarios a iniciar un nuevo procedimiento en diciembre de 2019, que aún sigue abierto, para intentar que las constructoras devuelvan la cuantía ingresada de forma indebida.

En un escrito remitido a la funcionaria responsable de fiscalizar las cuentas de la Comunidad Autónoma por el actual director-gerente de la empresa pública, Manuel Ortega, se reconoce que “no cabe duda de que la gestión no ha sido la correcta y se entiende la posición de la Intervención General, en el ejercicio de sus competencias”. En el documento, Puertos Canarios se compromete a “informar mensualmente hasta la recuperación de las diferencias entre el importe abonado en exceso en concepto de revisión de precios y la liquidación pendiente de abonar al contratista, es decir, 502.300 euros más los intereses que sean de aplicación”. 

En la respuesta de la interventora general a Puertos Canarios, mediante un escrito de abril de 2020 que también ha sido elevado al Tribunal de Cuentas, se recuerda que “si estos procedimientos de reintegro fracasan, el perjuicio a los fondos será entonces plenamente efectivo y, en este caso, la entidad perjudicada podrá exigir, por vía de responsabilidad contable, que los directivos y gestores que ordenaron aquellos pagos, o que no realizaron las gestiones oportunas para su recuperación, indemnicen a la entidad por el montante del perjuicio sufrido”. 

Si la UTE mantiene su oposición a devolver el dinero cobrado de más en concepto de revisión de precios, lo más probable es que la controversia tenga que ser resuelta en la vía judicial.

Un puerto de 33 millones

Las obras del puerto de Garachico fueron adjudicadas en 2008 por un importe total de 33,1 millones de euros. La UTE que comenzó los trabajos estaba compuesta por Comsa, CYES y Tinerfeña de Obras Públicas SL; una empresa que abandonó el proyecto y fue sustituida por Satocan SA. Las tres constructoras se reparten su participación con un 33,33% cada una. 

Los trabajos del puerto de Garachico finalizaron el 10 de enero de 2012. La legislación establece que una vez que se produce la recepción de la obra, un acto que tuvo lugar el 28 de junio, se deben emitir dos certificaciones más, la final y la de liquidación. La primera se realizó en noviembre de 2012, pero la segunda, según recogen las auditorías, aún no se había llevado a cabo en 2017, como reconoce el director facultativo en un informe.

El 1 de agosto de 2013, la UTE presentó una factura en concepto de revisión de precios por un montante de 1.189.710 euros, que Puertos Canarios abonó unos días después sin tramitar el correspondiente procedimiento y sin que se hubiera realizado la liquidación de la obra. Una vez ajustado el gasto, el saldo favorable de las constructoras se valoró en 687.360 euros, por lo que el resto se pagó de forma indebida. Son los 502.300 euros que ahora intenta recuperar la empresa pública.

En el informe del director de obra que recogen las auditorías, elaborado a raíz de la apertura del primera expediente para recuperar el dinero, el responsable de los trabajos, que llegó al puesto en abril de 2012, ya con la infraestructura terminada, insiste en que “no ha emitido certificación alguna que permita el abono de importe alguno por revisión de precios (…) al no figurar abono alguno por dicho concepto en la certificación final emitida en noviembre de 2012, única certificación emitida por este director de obra”.

El director de obra, incluso, llega a afirmar que se enteró del pago en 2017 a raíz de la apertura del expediente de reintegro, cuando se le solicitó que informara. “Es la primera vez que veo en un documento oficial” del ente Puertos Canarios “reflejar el abono” de 1,1 millones, explica. En su escrito reitera que “no concibo abonos por el concepto de revisión de precios de una obra pública sin su correspondiente certificación firmada por el director facultativo correspondiente, por lo que reitero mi duda sobre la legalidad del acto de ese abono”.

El pago de medio millón de euros de más por las obras de Garachico es uno de los incumplimientos más destacadas por la Intervención General, a raíz de las auditorías realizadas entre los ejercicios 2014 y 2017, y forma parte de los informes elevados al Tribunal de Cuentas. Otras irregularidades detectadas están relacionadas con el pago de complementos injustificados y la contratación de personal mediante empresas de trabajo temporal y sin seguir el procedimiento reglado, lo que ha supuesto un gasto que ronda los 1,4 millones de euros en cuatro años.