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El informe del perito que ha sacudido la vista oral por el “pelotazo” de la playa de Las Teresitas

El apoderado de Sociedad de Tasaciones, SA, Estevas-Guilmian, afirma que hubo presiones para no tener en cuenta las consideraciones legales que rebajaban el valor de los terrenos

La exarquitecta del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Pía Oramas, a su llegada a la Audiencia Provincial

La exarquitecta del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Pía Oramas, a su llegada a la Audiencia Provincial EFE/Ramón de la Rocha

Dieciocho millones y medio de euros. En concreto, 18.505.163 euros. Ese es el valor en que la Sociedad de Tasación, SA (Sotasa), tasó las 11 parcelas del frente de la playa de Las Teresitas, unos miles de euros por debajo, incluso, de la tasación que llevó a cabo la exarquitecta municipal Pía Oramas.

El informe original de la tasación de Sotasa, entregado este lunes por el apoderado de esta, José Luis Estevas-Guilmain, al tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, en el que se sigue la vista oral de la causa penal del caso Las Teresitas, ha caído como una bomba, tanto que los 14 abogados de la defensa han solicitado la suspensión del juicio para estudiar sus consecuencias, una vez que el magistrado presidente, Astor Landete, accedió a admitir el nuevo documento como prueba.

Estevas-Guilmain, que intervino en calidad de perito, afirmó que el informe de Sotasa que aparece en el expediente para la compraventa de la playa daba un valor de unos cinco mil millones de pesetas más que el aportado hoy, ya que se recibieron presiones para que el valor se calculase sin condicionamientos de ningún tipo, es decir, que el aprovechamiento de los terrenos fuera del 100%.

Pero esos condicionamientos existían. En el informe entregado al tribunal juzgador este lunes, y al que ha tenido acceso Tenerife Ahora, se destaca en su apartado B que las parcelas tenían que tener consolidados los aprovechamientos urbanísticos definidos en el Plan General de Santa Cruz de Tenerife de 1992 y en el Plan Parcial de Las Teresitas de 1988.

También, que se hubiese terminado la gestión urbanística y quedase solo pendiente  a ejecución y finalización de obras de urbanización y que no existiesen servidumbres ni otras cargas urbanísticas, salvo las citadas.

Además, y este aspecto llamó la atención, en el informe aportado se destaca que “el cálculo de los valores se ha realizado en los supuestos de que los terrenos no se encuentren afectados por el deslinde marítimo terrestre de Costas (como, en efecto, lo estaban); que no fuese de aplicación el Decreto 10/2001 del Gobierno de Canarias de estándares turísticos (Ley de Moratoria turística) y que no se tuviesen que considerar las suspensiones decretadas en el ámbito de los usos turísticos ni las posibles directrices de ordenación general y del turismo de Canarias, que al término del periodo de suspensión dictara el Gobierno de la Comunidad Autónoma, en cuanto a sus afecciones a los terrenos valorados”.

Sobre si pesaba o no la moratoria dictada por el Gobierno regional a los usos hoteleros en la playa de Las Teresitas es un asunto sobre el que expondrán sus opiniones los peritos en los próximos días, pero de acuerdo con las pruebas que se incluyen en el sumario, y que se vieron igualmente en el juicio por el caso Mamotreto, un tercio de las parcelas sí serían propiedad de Costas.

El apoderado de Sotasa, que firmó este informe el 10 de mayo de 2001, recalcó en un apartado B que los terrenos no debían estar sujetos a exigencias de cesiones de terrenos o de aprovechamientos, como sí lo estaban.

De esta forma, el valor de mercado de las parcelas que conforman el frente de la playa de Las Teresitas, fue estimado en 3.079 millones de pesetas (18.505.163 euros). Sin embargo, el informe final de Sotasa que se incluyó en el expediente fijó el precio de la playa en unos 46 millones, de euros, al no incluir las consideraciones que Estevas-Guilmain puso de relieve de este lunes. Y ello, afirmó, por las presiones del Ayuntamiento que este perito dijo que se recibieron en su empresa, tanto que este anexo B lo incluyó a pesar de poder ser despedido o no cobrar su trabajo.

Su declaración ha ido en el mismo sentido de la perita Pía Oramas. Ambos subrayan haber recibido presiones para que el valor de la playa fuese mucho mayor, o como dijo Estevas-Guilmain, había un “interés flagrante” en el Ayuntamiento para inflar el precio.

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