Coalición Canaria lleva al menos 14 años contratando abogados en La Laguna por el mismo procedimiento que ahora critica

Solo un despacho jurídico, Ana Mar Asesores, al que pertenece el conocido abogado Martín Orozco, ha facturado al Ayuntamiento de La Laguna estos últimos diez años casi medio millón de euros por la dirección letrada de pleitos en los tribunales de justicia, particularmente en la jurisdicción Contencioso-Administrativa. Martín Orozco es solo uno de los letrados a los que contrataba recurrentemente Coalición Canaria a lo largo de los mandatos municipales en esa ciudad bajo las alcaldías de Ana Oramas, Fernando Clavijo y José Alberto Díaz, y lo hacían todos ellos por el procedimiento de encomiendas pleito a pleito, lo que elevaba la factura de asesoría jurídica a considerables sumas de dinero cada año sin posibilidad de fijar una cantidad estable porque jamás se empleó el método de la iguala.

Coalición Canaria y sus terminales mediáticas han iniciado estas últimas semanas una de sus particulares cruzadas contra el actual grupo de gobierno municipal en La Laguna (PSOE, Unidas Podemos y Avante) por dos contratos de 15.000 euros cada uno con la abogada Sandra Rodríguez, que ha cubierto con esas cantidades más de una veintena de pleitos distintos cada año precisamente por haberse optado por el método de la iguala y no por el de pago pleito a pleito, cuyas facturas eran tramitadas anteriormente en ocasiones por el procedimiento del levantamiento de reparos del interventor, una de las prácticas más habituales en ese consistorio durante los mandatos de Coalición Canaria.

Las graves carencias de letrados que sufre la asesoría jurídica del Ayuntamiento de La Laguna vienen obligando históricamente a la contratación de abogados que se ocupen de los distintos pleitos a los que necesariamente se ve sometida la Corporación en los tribunales de justicia. La documentación más antigua que ha obtenido este periódico se remonta al año 2006, cuando ya se detecta la encomienda de asesoramiento jurídico a letrados como Victor Medina Fernández-Aceytuno, Gonzalo Cáceres Menéndez o José Luis Martínez Fornés, siendo Ana Oramas (Coalición Canaria) la alcaldesa de la ciudad. Ya en 2008 empieza a aparecer en el listado de encargos jurídicos la firma Ana Mar Asesores, S.L. liderada por el famoso abogado Martín Orozco, un referente en el mundo jurídico de Coalición Canaria. No en vano fue jefe de los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma a propuesta de Manuel Hermoso durante la corta luna de miel que el dirigente insularista mantuvo con el PSOE de Jerónimo Saavedra justo antes de fundar el partido que a partir de 1993 ocupó ininterrumpidamente el poder autonómico hasta el pasado 2019. 

Martín Orozco fue, a partir de entonces, un referente en el universo jurídico institucional de Canarias, llegando incluso a ocuparse de la asesoría de la Radio Televisión Canaria durante la última y convulsa etapa de Coalición Canaria antes del cambio de época del pasado 2019.

Pero en el Ayuntamiento de La Laguna ha habido más letrados de cabecera. Según la documentación que obra en poder de los servicios jurídicos, Víctor Medina Fernández-Aceytuno, a la cabeza de uno de los más prósperos despachos de Santa Cruz de Tenerife, ha dirigido muchos asuntos en la jurisdicción Contencioso-Administrativa defendiendo al Ayuntamiento de La Laguna. Sus contratos se cuentan por decenas desde 2006, con Ana Oramas de alcaldesa, y sus facturas son de muy variado importe, según la naturaleza de cada pleito, alcanzando algunas los 18.000 euros.

De la mayoría de las demandas laborales se ha venido ocupando ese tiempo de mandatos de Coalición Canaria en La Laguna el letrado Gonzalo Cáceres Menéndez, cuyo nombre empieza a aparecer en las encomiendas municipales en el año 2007. Sus minutas también son variadas, pero en cualquier caso, siempre superan las decenas de miles de euros al año, muy por encima de los 18.000 o los 15.000 euros de tope que en los últimos años ha fijado la Ley de Contratos del Estado. Si en el año 2007 facturó más de 18.000 euros al consistorio, en 2008 su facturación superó los 51.000.

Ninguno de estos abogados fue contratado mediante algún tipo de concurso ni convocatoria pública. Sencillamente se les designaba, se les hacía la encomienda y se ponía en marcha la maquinaria administrativa para poder hacer frente a sus facturas. El Ayuntamiento de La Laguna sigue, a día de hoy, sin convocar plazas de letrados en sus servicios jurídicos y sin convocar un concurso público para hacer frente a estas asesorías jurídicas recurrentes en materia contencioso-administrativa y laboral, principalmente, aunque ha habido algunas contrataciones para pleitos entablados en la jurisdicción penal.

Esta modalidad de contratación permite a los despachos de letrados y letradas conducirse libremente por los procesos judiciales, de modo y manera que frente a un mismo asunto con distintas causas abiertas incluso en distintos juzgados, pueden optar por no solicitar la acumulación y, por lo tanto, cobrar por cada procedimiento por separado, como si uno fuera distinto del otro, aunque no sea así.

Ese modo de operar puede verificarse fácilmente con una detenida lectura de las causas que se incluyen en la relación de pleitos que el Ayuntamiento de La Laguna hace constar en sus expedientes, formulados para poder encargar las preceptivas encomiendas a sus abogados de cabecera y los posteriores trámites administrativos para abonar sus facturas.

Así, se puede observar, por ejemplo, cómo en octubre de 2012 aparecen cuatro procedimientos abreviados dirigidos por el despacho Ana Mar Asesores, S.L., dos de los cuales llevan números correlativos (el 467/2011 y el 468/2011), ambos en el mismo juzgado de lo Contencioso número 4 de Santa Cruz de Tenerife, que se tramitan por separado y se cobran 5.350 euros por cada uno de ellos.

54.000 euros por un pleito ramificado en tres 

O en el procedimiento abreviado 235/16, ya con José Alberto Díaz como alcalde, se observa que el mismo bufete cobra 4.280 euros por su tramitación ordinaria y 2.140 por una apelación de sentencia, lo que eleva el precio del litigio por encima de una negociación de iguala, como la que ahora critica Coalición Canaria.

Pero quizás el caso más llamativo sea el de un pleito sostenido por el Ayuntamiento de La Laguna con la poderosa constructora Dragados por el que se abren tres procedimientos en los juzgados de lo Contencioso-Administrativo números 2, 3 y 4 de Santa Cruz de Tenerife. No se acumulan, lo que permite al despacho de Martín Orozco girar tres facturas distintas, cada una por importe de 18.000 euros.

O una expropiación a la Universidad de La Laguna en 2013 por la que se abren otras tres causas judiciales que llegan al Supremo, y que suponen un desembolso para el Ayuntamiento de más de 42.700 euros.

Frente a estas prácticas, el actual grupo de gobierno en La Laguna quiso optar por la fórmula de la iguala con una de las abogadas más temidas por Coalición Canaria, Sandra Rodríguez, que ha actuado en algunos pleitos muy llamativos, como el caso Grúas o el caso Reparos, en los que han aparecido involucrados precisamente dos exalcaldes de la ciudad, Fernando Clavijo, ex presidente de Canarias, y José Alberto Díaz, actual portavoz de los nacionalistas en la Corporación.

Pero no solo han sido esos asuntos relacionados con presunta corrupción han ocupado a esta letrada tinerfeña. También fue la abogada que ejerció en nombre de Podemos la acusación popular contra el juez Salvador Alba, que resultó condenado a seis años y medio de prisión por conspirar contra la magistrada Victoria Rosell en sintonía con el exministro del PP José Manuel Soria.

Más recientemente, representó a los concejales de Ciudadanos de Santa Cruz de Tenerife Matilde Zambudio y Juan Ramón Lazcano por su expulsión del partido.